Quim Torra pone a la Monarquía en su diana. En medio de la crisis sanitaria en Cataluña, el presidente de la Generalitat ha ordenado a los servicios jurídicos que estudien la presentación de una denuncia contra el Rey Emérito, Juan Carlos I, de su examante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein y de "todos aquellos que de una forma u otra hayan participado, ayudado, cooperado o encubierto las prácticas corruptas".
En un comunicado, el máximo mandatario catalán ha considerado que "la corrupción se tiene que perseguir con independencia de quien participe" y ha incluido a la Casa Real en el asunto que implica al exjefe de Estado al sostener que "tendría que responder civilmente por el dinero desviado".
Torra insta a no "mirar hacia otro lado ante hechos tan graves" y pide a su equipo jurídico que explore la vía para que se sientan en los tribunales no solo el Rey Emérito sino "un grupo relevante de personas que no cuentan con inviolabilidad".
El presidente catalán quiere que se depuren responsabilidades por los presuntos delitos que se le imputan al rey Juan Carlos y que se determine quiénes habrían participado, y que respondan tanto penalmente como asumiendo la responsabilidad civil.
La responsabilidad civil ex delicto correspondería, a juicio de Torra, en primer lugar, a los que acaben siendo autores de los hechos y, después y subsidiariamente, a la misma Casa Real, que es una entidad con personalidad jurídica propia, con capacidad para obligarse y sin inviolabilidad.
'Caso Corinna'
De acuerdo con el gestor de la fortuna de Juan Carlos I en Suiza, Arturo Fasana, se desplazaba personalmente a Villars-sur-Ollon, al dúplex de lujo que el Rey Emérito y Corinna Larsen compartieron entre 2009 y 2012, para entregarle en metálico las cantidades que su cliente le pedía en sus visitas al país helvético.
Así lo declaró ante al fiscal de Ginebra Yves Bertossa en la comparecencia que realizó el 18 de septiembre de 2018 como investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Fasana fue nombrado por Juan Carlos I administrador de la Fundación Lucum, constituida en 2008 para recibir un dinero procedente de Arabia Saudí: 100 millones de dólares estadounidenses (unos 64 millones de euros) que, según el entonces jefe del Estado, le "regalaba" el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, fallecido en 2015.
El fiscal Bertossa investiga el origen de ese dinero y si fue, en realidad, una sobrecomisión pagada por el consorcio de empresas españolas que resultaron adjudicatarias del contrato para la construcción del tren AVE entre Medina y La Meca.
Fiscalía
Fruto de estas pesquisas en el extranjero, en España la Fiscalía del Tribunal Supremo está barajando abrir una investigación sobre los presuntos casos de blanqueo y fraude fiscal.
Por el momento, Suiza ya ha enviado parte de su investigación sobre el cobro de comisiones ilegales a los juzgados españoles.
"Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia”, señaló oficialmente la Fiscalía General del Estado.
Crisis sanitaria
El presidente de la Generalitat ha dado instrucciones para estudiar una futura denuncia al Emérito en medio de la ola de rebrotes que se están produciendo en la región y en medio de fuertes críticas por su gestión, con manifestaciones en zonas como Lérida donde se ha pedido su "dimisión".
La división en el Govern entre socios de ERC y JxCat y la posibilidad de una convocatoria electoral en el horizonte político catalán pueden también haber influido en la decisión de Torra de señalar a la Jefatura de Estado.