La situación es insostenible. El escándalo tras la publicación por EL ESPAÑOL de los documentos de la Fiscalía suiza relativos a la fortuna de Juan Carlos I, irregular en su origen y oculta en paraísos fiscales, obliga a una separación radical entre el Rey padre y su hijo Felipe VI. Este distanciamiento no puede ser sólo físico, hay que decidir también qué ocurre con el título de Rey y su tratamiento con honores de Majestad.

La presencia del Rey Emérito en la Zarzuela tiene los días contados. En cualquier momento podría hacerse público un nuevo comunicado de la Casa Real en este sentido. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como parecen. Ni exclusivamente "el futuro de Juan Carlos I compete a la Casa Real" como anunció hace unos días Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno. Ni tampoco está en las manos del padre o del hijo decidir unilateralmente sobre un título y honores concedidos vitaliciamente en su día por el Gobierno de la nación.

Además, existe una referencia directa a Juan Carlos de Borbón en la Constitución del 78. Hacer desaparecer al Emérito y sus honores es algo bastante más complicado. En realidad, se trata de una jugada a tres bandas: Casa Real, Gobierno y el propio Juan Carlos. Si alguna de estas piezas no encaja, o no quiere encajar, como parece que está ocurriendo en las últimas horas, puede terminar no componiéndose este difícil rompecabezas. Con el consiguiente desgaste añadido para todos los partícipes en este embrollo.

¿Qué puede hacer Felipe VI?

El Rey Felipe VI puede hacer poco más de lo que ya ha hecho. Recordemos que constitucionalmente el monarca únicamente tiene poder ejecutivo en las cuestiones relativas a la organización de su Casa. Y eso es lo que hizo con el comunicado del pasado 15 de marzo: expulsar contablemente a su padre de los presupuestos de la Casa Real retirándole la asignación de los 194.232 euros anuales que le correspondían. Pero añadió algo más, le repudió pública y notarialmente al dejar constancia de que él no conocía absolutamente nada sobre los chanchullos financieros de su padre, anunciando la renuncia a toda posible herencia futura que viniera de él. 

¿Puede hacer algo más? Sí. Le puede expulsar de Palacio, haciéndole abandonar las estancias que ocupa en el complejo de la Zarzuela, su residencia durante los últimos 58 años. También puede borrar toda referencia hacia su persona que aparezca en la página web de la Casa Real. Esta medida no descartable, tendría un coste político y de imagen ante la opinión pública, al tratarse del comportamiento de un hijo hacia su padre, ya anciano (82 años), con múltiples achaques y enfermedades. Pero la hemorragia de la Monarquía exige aplicar, aunque desgarre, una cirugía de precisión. 

Lo que no puede hacer Felipe VI es retirarle a su padre el título honorífico, con carácter vitalicio, de Rey, ni el tratamiento de Majestad, así como los honores establecidos a su favor por el Real Decreto 470/2014 de 13 de junio aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y sancionado por el propio Rey Juan Carlos I antes de su abdicación. Y no lo puede hacer porque se trata de un Decreto de la Presidencia del Gobierno que únicamente podría ser modificado o revocado por otro de idéntica procedencia. 

La situación de Juan Carlos I, su título honorífico con carácter vitalicio de Rey y el tratamiento de Majestad otorgado por el Gobierno, nada tiene que ver con lo ocurrido con la Infanta Cristina que fue despojada mediante revocación de su título de Duquesa de Palma de Mallorca por un Real Decreto de la Jefatura del Estado (RD 470/2015) de 11 de junio, firmado por Felipe VI, porque el título y los honores de ese ducado habían sido concedidos por su padre, el Rey Juan Carlos, mediante otro Real Decreto, también de la Jefatura del Estado (RD 1502/1997) de 26 de septiembre. Lo concedió un Rey y lo revocó otro. En el caso de los títulos y honores de su padre, al ser una decisión del Gobierno, Felipe VI tiene las manos atadas.    

¿Qué puede hacer el Gobierno?

El Gobierno de Pedro Sánchez, coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, puede hacer mucho más de lo que está haciendo. O, por lo menos, de lo que aparentemente está realizando. Desde la perturbación anunciada por su presidente en rueda de prensa ante las noticias sobre los presuntos delitos que podría haber cometido el padre de Felipe VI, los mensajes del Ejecutivo han coincidido todos en la misma línea argumental: lo que suceda con el Rey Juan Carlos es una competencia exclusiva de la Casa Real.

Y no es así. Como se ha señalado anteriormente, y a diferencia de otros títulos concedidos por la Jefatura del Estado, el título vitalicio, con carácter honorífico y tratamiento de Majestad concedido a Juan Carlos antes de su abdicación, lo fue por Real Decreto de Presidencia del Gobierno. Y lo fue por la circunstancia especial de que antes había sido Rey. Únicamente el Gobierno podría revocar esa decisión.

Lo que no puede hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es inmiscuirse en la organización de la Casa Real que corresponde únicamente a Felipe VI. Por lo tanto, no puede decidir sobre si Juan Carlos de Borbón debe abandonar la Zarzuela o no. Aunque cualquier decisión sobre el futuro domicilio del anterior monarca, es lógico que se adopte conjuntamente entre el Gobierno, la Casa Real y el propio Juan Carlos.

¿Y el propio Juan Carlos?

Juan Carlos de Borbón es quien más puede hacer para solucionar este embrollo, evitar más problemas a su hijo, colaborar con el Gobierno y dejar de dañar a la Monarquía. Si son ciertas las noticias que llegan desde su entorno, de que es perfectamente consciente del perjuicio que ha causado su actuación irregular a la Corona, tendría que poner tierra de por medio, abandonar el complejo de la Zarzuela y buscar un nuevo domicilio en nuestro país.

La posibilidad de retirarse a vivir en la República Dominicana con sus amigos los hermanos Fanjul, 'Los reyes del azúcar', no parece seria. Y menos aún cuando está pendiente una decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre su posible investigación penal. Lo lógico sería que se quedase en España en la residencia de algún familiar. 

También Juan Carlos puede renunciar personalmente a utilizar el título vitalicio de Rey, concedido por el Gobierno, y el tratamiento de Majestad. Si así lo hiciera, evitaría graves problemas a su hijo Felipe VI y al Gobierno de la nación. Hay que señalar que su renuncia al título de Rey en nada afectaría a su esposa, la Reina Sofía, ya que en el mencionado Real Decreto de 2014 se trata de dos concesiones diferentes y realizadas en párrafos separados.

Tampoco una renuncia de estas características, a título y honores por parte de Juan Carlos, afectaría a su aforamiento ante el Tribunal Supremo, ya que este privilegio procesal viene regulado en una Ley Orgánica, la 4/2014, también aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy primero y ratificada por el Parlamento después, que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y que afectó al régimen de aforamientos de los diferentes miembros de la Familia Real.

La denominación de Rey Emérito nunca fue un título oficial, y sí popular y periodístico. Él ha dejado claro, en más de una ocasión, que no le gusta nada que le llamen de esa manera. Por lo tanto, no tendría que renunciar a un título que nunca ha existido. Su utilización vino motivada por lo acontecido anteriormente con la abdicación del Papa Benedicto XVI en 2013 que sí fue designado oficialmente como 'Papa Emérito' o 'Sumo Pontífice Emérito' por la Santa Sede. No así don Juan Carlos.

Las cartas, por tanto, están encima de la mesa y la resolución a este problema no puede demorarse más tiempo. Cualquiera de las posibles alternativas tiene sus costes, algunos más evidentes que otros. Lo que está claro es que el Gobierno no puede seguir insistiendo en sus declaraciones de que es Felipe VI el único que puede adoptar medidas en relación con el distanciamiento hacia su padre. También Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pueden adoptar las suyas. Retirarle los títulos y los honores al Rey padre les compete únicamente a ellos.

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