El supercontrato de 2.431 millones de euros anunciado hace una semana por el Ministerio de Sanidad para la compra de material sanitario contra el Covid-19 se ha retrasado. El motivo es que Sanidad ha decidido esperar a País Vasco, Cataluña, Galicia y Murcia, que se apuntaron después de haber desdeñado la idea. Y con los pliegos ya en marcha.
Las cuatro regiones han sucumbido al "temor al desabastecimiento" tras comprobar que hasta 12 Comunidades Autónomas sí se habían adherido a la iniciativa de Salvador Illa. Sólo la Comunidad Valenciana se mantiene fuera del acuerdo marco, al menos por ahora.
El pasado miércoles 22 de julio, el Ministerio de Sanidad anunció una supercompra de material sanitario para, por fin, crear la "reserva estratégica" de mascarillas, respiradores y equipos de protección individual (EPI) contra el Covid-19.
El departamento de Salvador Illa informó de que el contrato sería de 2.431 millones de euros y que se gestionaría mediante un contrato conjunto con las Comunidades Autónomas. Pero no todas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana habían optado por ir por su cuenta.
"Aún están a tiempo"
Este miércoles estaba prevista la publicación del pliego con las condiciones del contrato en la Plataforma de Contratación del Estado. Y sin embargo, no fue así. La razón aducida por Sanidad fue que cuatro de las CCAA habían cambiado de parecer.
Salvador Illa, ministro de Sanidad, en rueda de prensa.
Este periódico ha podido saber, en contacto con fuentes oficiales de Sanidad, que Cataluña, País Vasco, Galicia y Murcia han rectificado por "miedo al desabastecimiento" en pleno cambio de las condiciones sanitarias, dados los ya 412 rebrotes activos que proliferan por toda España. Sólo la Comunidad Valenciana del socialista Ximo Puig sigue sin adherirse. Pero en Sanidad aún la esperan: "Están a tiempo, los pliegos aún tardarán unos días en publicarse".
Los gobiernos de Quim Torra, Iñigo Urkullu, Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras habían elegido, de inicio, ir a los mercados por su cuenta. De hecho, es lo habitual en situaciones normales, ya que las competencias de Sanidad están transferidas. "Pero durante el pico de la epidemia todos vimos las dificultades", explican las fuentes oficiales de Sanidad.
Ahorro de 300 millones
Lo cierto es que, en esos meses, el mando único del departamento de Illa coordinó y apoyó las operaciones de abastecimiento, pero gran parte de ellas fueron, en todo caso, llevadas a cabo por los gobiernos autonómicos. En esta ocasión, lo que busca Sanidad es coherencia en la logística y acceso a mejores precios en un entorno menos tensionado que el de marzo y abril.
Según Sanidad, el procedimiento agregado para todo el Estado permite calcular unos ahorros "en el entorno de los 300 millones de euros". El acuerdo marco prevé durar un año con una prórroga por otro más. "La pandemia va mal a nivel mundial"; explicaba el martes Illa en rueda de prensa, pero también los proveedores han redoblado sus esfuerzos de producción de material sanitario.
Lo cierto es que la sensación de crisis sanitaria está de vuelta, pero este retraso de "unos días" no se traduce en que haya más o menos prisa con la licitación de un contrato de dos años. Ni tampoco en la capacidad de respuesta a los rebrotes, según fuentes de Sanidad. "Nuestro sistema sanitario es más robusto, se ha equipado mejor y, además, la experiencia de los meses del pico de la pandemia nos ha enseñado", añaden.
No perjudicar
El acuerdo marco, previsto por trámite de emergencia, se aprobó el martes del Consejo de Ministros de la semana pasada para la compra en dos años, 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción. Todo para proveer a "varias CCAA y organismos de la administración del estado", según Sanidad.
Sin embargo, durante la fase de tramitación inicial de licitación, "y todavía en periodo de presentación de ofertas", cuatro de las únicas cinco autonomías que habían desechado adherirse a la supercompra conjunta "han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación", explica el Ministerio.
Y así, dado que el departamento de Illa ha considerado que "esta circunstancia afecta de manera evidente al interés público", ha optado por retrasar las licitaciones y evitar que una megaoperación como ésta afecte a los territorios que no se adhieran y se "minimicen los riesgos de desabastecimiento" de la Comunidad Valenciana, la única que -"por ahora", insisten en Sanidad- no se ha apuntado.