Iglesias convence a Sánchez: se reformará la ley que impide endeudarse a los ayuntamientos

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, es el cerebro económico del partido de Pablo Iglesias. De hecho, en la nueva dirección de Podemos sigue siendo el secretario de Economía. Y suyas son las recetas con las que los morados acudieron a las dos elecciones de 2019, y gran parte del contenido del acuerdo de coalición salió de él. Ahora, en todo caso, está trabajando como mediador de un conflicto entre Hacienda y los Ayuntamientos del que dependen no menos de 15.000 millones de euros.

Este viernes se ha suspendido la Junta de Gobierno de la Federación Española de municipios y Provincias (FEMP) ante la más que evidente derrota de las posiciones del PSOE, que no cuenta ni con el apoyo de su socio de Gobierno. De madrugada se avanzó a un posible acuerdo, al que le falta el visto bueno definitivo de Moncloa. La nueva reunión de la Junta se prevé para el lunes.

La pelea estriba en que "la ley de Estabilidad Presupuestaria y la misma Constitución impiden que las Corporaciones Locales incurran en déficit", en palabras de la ministra de Hacienda. "Ese dinero es nuestro, lo necesitamos para sostener los servicios sociales tras la pandemia y, además, el PSOE se comprometió, en el acuerdo de coalición, a derogar el artículo 11.4 de esa ley del PP", responden los alcaldes insatisfechos -que son todos-, liderados por Pedro del Cura, de Rivas (IU). 

La reunión de la FEMP -que representa a 8.130 municipios- se suspendió a pesar de la negociación que mantuvieron ambas partes hasta pasadas las 2.00 de la madrugada de este viernes. A eso de las 21.00 horas, la ministra María Jesús Montero añadió un párrafo a su propuesta que prometiendo "ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales", y que "estas reformas, junto con el nuevo sistema de financiación local que se realizará en paralelo con la autonómica, se desarrollarán a lo largo de la legislatura".

Para Unidas Podemos, esta propuesta era un primer paso, se abría la mano "pero de manera insuficiente", según explican las fuentes. A la espera de que la propuesta verbal de madrugada "se sustancie en un papel para negociar", Del Cura confía en estar en el buen camino.

Porque con la participación de Álvarez, mano derecha económica de Pablo Iglesias, ya de madrugada se logró que Hacienda "dejara la soberbia" y abriera la mano a poner ya 5.000 millones encima de la mesa y a modificar la ley "ya sea por derogación o por una nueva redacción", que sí satisfacía las exigencias de los socios morados de los socialistas.

Ahora, ese acercamiento necesita el visto bueno de la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño, nada proclive a permitir que la única Administración del Estado que ha logrado ser seria con sus cuentas públicas tenga margen de déficit y endeudamiento.

Las cuentas financieras

Efectivamente, ese montante es un dinero de los Ayuntamientos, que es su superávit de los últimos años y está quieto en los bancos. "No podemos acceder a él, ni siquiera en momentos como éste de emergencia social y en los que estamos perdiendo ingresos por falta de actividad", explica a este periódico Pedro del Cura (IU), alcalde de la ciudad madrileña de Rivas.

Para hacernos una idea, hoy hay en los bancos españoles, paralizados e improductivos, más del 10% de los fondos de ayuda europeos que se celebraron en Moncloa con pasillo de aplausos incluido a Pedro Sánchez.

Después del acuerdo europeo del pasado 21 de julio, en el que España logró acceder a 140.000 millones de euros para la reconstrucción pero tuvo que aceptar unas condicionalidades durísimas, la Junta de la FEMP ha evidencia el cisma que ya existía en el seno del Gobierno. El Ministerio de Hacienda se resistía a cambiar leyes y los alcaldes -"todos, desde Unidas Podemos al Partido Popular... y también socialistas"- se negaban a votar a favor de las sucesivas propuestas que envía Montero.

Las cuentas políticas

La Junta está compuesta por 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP, y uno de Unidas Podemos, Ciudadanos y JxCat. Sin el acuerdo de los morados, al PSOE le es imposible aprobar las propuestas que manda Hacienda. El consistorio de Granada (Ciudadanos) no tiene remanentes, el de Zaragoza (PP) tiene una enorme deuda heredada... y todos quieren una relajación de los criterios "como la que ha decretado Europa y el Gobierno ha concedido a las CCAA". 

Pero el problema estriba en que "el PSOE se cree que gobierna solo, y que tiene mayoría en el Congreso", apuntan fuentes de Unidas Podemos, "cuando tendría facilísimo cumplir el acuerdo de coalición vía decreto, derogar ese artículo de la ley Montoro y convalidarlo en el Congreso, con los socios de la investidura". Pedro del Cura añade: "Si llegamos al consenso en la FEMP, llevar un decreto al Congreso es un paseo militar".

Lo cierto es que lo firmado, el punto 9.8 del acuerdo de coalición, dice expresamente que "derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local".

"El dogma del déficit"

Pero esta norma no es la 2/2012, de 27 de abril, que es la que impone el equilibrio o superávit presupuestario. Y es a ella y al mismo artículo 135 de la Constitución a los textos a los que se acoge Montero para negarle a Nacho Álvarez lo que reclama: "En cualquier caso, en el acuerdo con los Ayuntamientos no aparecerá que se derogará ningún artículo", sentencian fuentes de Hacienda.

Iglesias y los suyos quieren una "política fiscal (y monetaria) muy expansiva". Y que ésta se afronte con "una nueva perspectiva sobre las finanzas públicas, con un enfoque menos dogmático sobre el déficit, que reconozca su papel para recuperar el crecimiento económico".

Es decir, un enfrentamiento directo con las tesis económicas de la vicepresidenta tercera Calviño y del planteamiento de Presupuestos Generales del Estado que ya está elaborando la ministra de Hacienda Montero. Sin embargo, Nacho Álvarez ha elaborado este argumentario para convertir todas estas exigencias en un aliento al "ambicioso plan de inversiones" que impulse la reconstrucción de la economía. 

La vicepresidenta económica ya ha advertido en el seno del Ejecutivo que el ritmo de gasto en el que se ha embarcado el Gobierno durante la pandemia del coronavirus "es insostenible en el medio plazo". Y Montero no sólo ha hecho votos públicos por contar con Ciudadanos para aprobar las cuentas públicas, sino que prevé llamar personalmente a los interlocutores del PP en agosto, para empezar a negociar su apoyo.

Todo, condicionado por que el documento de las 10 recomendaciones específicas para la economía española, elaborado por la Comisión Europea a inicios de año, se ha convertido en la guía por la que se guiará Bruselas para aprobar (o no) cada una de las partidas de fondos que pida Pedro Sánchez. Y en Moncloa ya trabajan con que la estrategia de Iglesias no conviene de cara a Bruselas: "Con tanto gasto es imposible convencer a Holanda", explican fuentes del lado socialista del Ejecutivo a EL ESPAÑOL.