Quédense con el término: lawfare. Un neologismo inglés que se traduce literalmente como "guerra jurídica" y que hace referencia al uso abusivo de los procedimientos legales para provocar repudio popular contra un oponente político.
Esta expresión inglesa, que nace en la década de los 70 a partir de la contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), se ha generalizado a partir de la primera década del siglo XXI en ambientes académicos. Suele emplearse en textos de carácter político para referirse a un golpe de Estado blando, una forma de acceder al poder ilegítimamente sin emplear la violencia pero manipulando a la opinión pública a través de los tribunales.
A esta teoría se ha abonado Podemos para defenderse de los múltiples problemas judiciales que asolan a la formación. Y algunas de sus voces más autorizadas la están divulgando.
Iglesias tras su primera declaración en la Audiencia Nacional, en 2019.
La tesis es simple. Las investigaciones del Tribunal de Cuentas por supuesta malversación, la retirada de la condición de víctima a Pablo Iglesias en el caso Dina, la demanda laboral de José Manuel Calvente por despido improcedente, las pesquisas del Sepblac (Servicio de Prevención contra el Blanqueo de capitales)... Todo formaría parte de un intento de "debilitar o deponer" al actual Gobierno.
Este miércoles, Pablo Echenique sostenía en su cuenta de Twitter que el juicio contra la cúpula de Podemos por malversación y administración desleal es un "juicio fake" que se basa en "la declaración de un tipo diciendo que 'escuchó' esto y 'sospecha' lo otro". "Además de antidemocrático, el lawfare desprestigia a la justicia", sentenció Echenique.
En esta línea, también se manifestaba este miércoles Alberto Rodríguez. El diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife empleaba, además, su particular definición de lawfare: "Uso abusivo de procedimientos judiciales, manteniendo apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra oponentes e incluso debilitar o deponer gobiernos".
El entrecomillado de Alberto Rodríguez, sin embargo, no responde a ninguna definición oficial -ni oficiosa- porque no la hay. La palabra, de hecho, no figura en el Diccionario Inglés de Oxford. El diputado plantea una definición ad hoc que sirve para engrosar el argumentario de Podemos: que se está tratando de "debilitar o deponer" al actual Gobierno.
De hecho, el uso del término lawfare es mucho más extensivo y se ha utilizado en algunas ocasiones para hablar de la detención indebida de adversarios políticos o al bloqueo de las finanzas de un oponente. Es decir, no tienen por qué tener como perjudicado a un gobierno.
Ataque a los jueces
Aunque desde Podemos hablen de lawfare para revestir su mensaje de teoría político-jurídica, en el fondo yace un nuevo ataque a la Justicia española y la insinuación de que la oposición está detrás de un intento de golpe de Estado. El lawfare, en realidad, es un eufemismo con el que barnizar de intelectualidad la tesis de que hay un entramado oscuro que busca su perjuicio.
En este sentido, cabe recordar que hay numerosos ejemplos de ataques por parte de Podemos hacia el Poder Judicial. Pablo Iglesias ya puso el foco en la neutralidad de la Justicia cuando ésta condenó a Isa Serra a 19 meses de cárcel por su participación violenta en un desahucio.
Esta ha sido especialmente palpable en el caso Dina. Ahora que la formación vive envuelta en varios escándalos simultáneos, se aferra a este concepto de la teoría política para intentar construir un argumentario que no se limite a repetir hasta la saciedad la existencia de unas "cloacas del Estado". Aunque, en el fondo, la tesis es la misma.
Por ello, desde Podemos señalan a los jueces que están detrás de los procesos abiertos. De Manuel García-Castellón, el entorno de Podemos no deja de recordar que "era el magistrado favorito de Ignacio González", el expresidente de la Comunidad de Madrid encarcelado en su momento por el caso Lezo. De Escalonilla, el titular del 42 de Instrucción de Madrid que ha imputado al partido, señalan que fue el que "archivó el caso de los chats en que policías municipales de Madrid amenazaban a Manuela Carmena".
Llámese lawfare o como se quiera, se trata del enésimo ataque al Poder Judicial cuando éste investiga supuestos casos de corrupción que afectan al partido.