El despido de José Manuel Calvente como abogado y responsable de Protección de Datos de Podemos podría terminar por convertirse en un error fatal para la formación morada, que hoy está salpicada por tres causas judiciales instigadas por su exempleado.
La formación liderada por Pablo Iglesias fulminó a Calvente en diciembre de 2019, acusándolo de los delitos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones a la también abogada del partido Marta Flor Núñez. La jueza, sin embargo, archivó recientemente la denuncia al considerar que no existían indicios de nada ilícito entre los mensajes cruzados entre Calvente y Núñez.
El abogado laboralista, que siempre había negado las acusaciones, se ha convertido en el testigo de cargo más dañino para su antigua formación. Por el mismo motivo por el que se dice que no hay peor enemigo que un viejo amigo: conoce de dentro todos los secretos y presuntas irregularidades. Y está dispuesto a llegar hasta el final después de haber visto cómo su honor y profesionalidad han sido puestos en entredicho ante la Justicia y la opinión pública.
Además, su formación como abogado le hace conocedor del funcionamiento de los pleitos. No en vano, las distintas acusaciones del exabogado de Podemos siguen instruyéndose y avanzan a un ritmo vertiginoso.
La formación de izquierda radical tiene ahora tres frentes judiciales abiertos como consecuencia de la vendetta que se está cobrando su exabogado: una demanda por despido improcedente, la posible implicación de Iglesias en el caso Dina y una denuncia por malversación y administración desleal.
Malversación
Esta acusación es la más grave. Y es que, tras ratificarse Calvente en su denuncia el pasado 29 de julio ante el titular del 42 de Instrucción de Madrid, el juez Juan José Escalonilla ha imputado al partido como persona jurídica y a Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y director de Comunicación y Estrategia de la Vicepresidencia segunda del Gobierno.
Del Olmo fue el responsable de las campañas electorales de 2019, y es la mano derecha en las estrategias de Pablo Iglesias. Tras la denuncia presentada por Calvente, el juez que investiga la financiación del partido también ha citado a declarar como investigados al tesorero y a la gerente, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val.
Rocío Val, Juanma del Olmo (en el centro, con una camiseta de los 'papeles de Bárcenas') y Daniel de Frutos.
La denuncia fue la traducción judicial de las investigaciones internas que estaban llevando Calvente y Mónica Carmona, la otra abogada despedida el pasado diciembre. Ambos habrían descubierto gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido, así como sobresueldos de hasta 600 euros bajo el concepto de "complementos de coordinación".
La investigación también dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad SL, empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos y con la que su ideólogo y fundador, Juan Carlos Monedero, ha colaborado.
'Caso Dina'
Desde el principio, Calvente vinculó su despido a su oposición a formar parte de la trama del llamado caso Dina. El entonces coordinador del equipo legal de Podemos se negó a participar porque advirtió de que no había sostén probatorio para acusar al expolicía José Villarejo de estar detrás del robo a Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como eurodiputado.
"Procesalmente no tenía recorrido", explicó Calvente a este medio. A raíz de esa negativa a colaborar, comenzó su calvario: "Empezó el hostigamiento contra mí, me enfilaron".
Ahora, su declaración como testigo está prevista para el próximo 2 de septiembre. Se producirá en el marco de una investigación por presunto delito de revelación de secretos por la aparición en varios medios de comunicación de mensajes, vídeos y fotos contenidos en el móvil perteneciente a Bousselham, antigua asesora de Iglesias, que denunció el robo del aparato.
El juez Manuel García-Castellón quiere que Calvente explique en qué se basa para haber manifestado, en una entrevista a El Mundo, que "el caso Dina era un montaje". En un chat del equipo legal de Podemos, Calvente ya advirtió el 28 de julio de 2016, tras la aparición de los primeros mensajes del móvil de Bousselham, que era "una filtración de alguien del grupo o de algún amigo de alguien del grupo" porque "son pantallazos mientras otros escriben. Lo cual descarta un móvil robado".
Las sombra de la sospecha sigue pesando sobre Pablo Iglesias. Fields Associates Limited, la empresa galesa que revisó la tarjeta de memoria del móvil, certificó ante el juez García-Castellón que ésta estaba "físicamente intacta" pero que la información "no era accesible".
El magistrado sigue sin contar con la información suficiente para corroborar o disipar las acusaciones de Calvente. Aunque lo que parece claro, sostiene el exabogado de Podemos, es que "alguien inutilizó el dispositivo".
Salpicados
La decisión de Podemos de prescindir de los servicios de su abogado se produjo a través de una acusación de acoso laboral que ahora ha quedado archivada. En consecuencia, Calvente ha interpuesto una demanda laboral por despido improcedente, así como una querella contra la abogada Marta Flor Núñez por injurias y calumnias.
Pero Calvente no está dispuesto a quedarse ahí, y sus acusaciones salpican ya a gran parte de la plana mayor de Podemos.
En primer lugar, el abogado atribuye su despido a la llegada de Alberto Rodríguez a la Secretaría de Organización de la formación de Iglesias. Rodríguez sustituyó en el puesto a Pablo Echenique con el encargo de tapar todas las zonas oscuras de Podemos.
El diputado de Podemos Alberto Rodríguez.
Por otro lado, en el marco de la investigación sobre la supuesta caja B de Podemos, el juez ha llamado a declarar como investigados al tesorero y a la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val. Esta última es vicepresidenta de la Cooperativa Kinema, que fue fundada por Rafael Mayoral, uno de los rostros visibles de la formación.
Además, en el marco de la misma investigación, está llamada a declarar como testigo la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, antigua miembro de la dirección de Podemos, pero que fue apartada en la última renovación de cargos.
En todo este entramado, denuncia Calvente, Juan Carlos Monedero sería el responsable de "buscar empresas y gobiernos extranjeros con los que contratar a través de la empresa Neurona Consulting". Según la denuncia, el ideólogo de Podemos habría obtenido fondos mediante contratos simulados que podrían haber terminado en Podemos a través de microcréditos.
En el marco del caso Dina, es Ricardo sa Ferreira quien ha pasado a estar en el ojo del huracán a raíz de la denuncia de Calvente. Y es que el sumario que instruye García-Castellón apunta a que fue la entonces pareja de Dina -y hoy todavía empleado de Podemos- quien mandó la tarjeta a descifrar.
Ricardo sa Ferreira, ex marido de Dina Bousselham, y un extracto del informe sobre la recuepración de la tarjeta del móvil.
De este modo, perdería credibilidad el argumentario construido por Pablo Iglesias para su uso en las dos campañas electorales de las elecciones generales de 2019. Las "cloacas del Estado" no habrían estado implicadas en el presunto robo de los móviles de Dina Bousselham y su ex marido, Ricardo sa Ferreira, en el Ikea de Alcorcón a finales de 2015.
"Iglesias dijo que si había algo, que fuera al juzgado y le tomé la palabra, ahí nos veremos", dijo Calvente a este medio. Y así lo ha hecho. Ahora se dirimen en los juzgados una demanda por despido improcedente, el caso de la presunta caja B del partido y el caso Dina, por el que incluso en Moncloa creen que Iglesias puede acabar procesado ante el Tribunal Supremo. Todo esto, consecuencia de aquel despido que se produjo en diciembre de 2019.