Mientras Salvador Illa daba un ultimátum y se peleaba con la Comunidad de Madrid saliendo a todas horas en televisión, en los despachos del Gobierno se libraba otra batalla, esta vez a escondidas. Representantes de la Vicepresidencia segunda (Unidas Podemos) presionaban a los de la Vicepresidencia tercera y la cuarta, además de los de Hacienda (PSOE), pero fracasaban en su empeño. El "escudo social" de Pablo Iglesias ha aguantado seis meses, pero a partir de ahora se reduce: según ha podido saber este periódico, se acaba la prohibición a los cortes de suministros domésticos y la moratoria a los créditos hipotecarios.
Así, según las fuentes consultadas, la desescalada ha llegado a la protección social y este martes el Consejo de Ministros no renovará varias de las medidas que presentaron juntos el 31 de marzo Iglesias y su némesis en el Ejecutivo, Nadia Calviño.
Aquel día, Sánchez les encargó salir juntos a una de las innumerables ruedas de prensa de los días de estado de alarma para "dar imagen de unidad". No lograron mostrar como una las dos almas del Ejecutivo ni en el nombre de las medidas. Y es que Calviño insistió en llamar "red de seguridad" al "despliegue de medidas" que ahora no renovará el Gobierno.
Los cortes
Las compañías energéticas podrán volver a cortar la luz, el agua y el gas a "aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social" que no paguen sus facturas. Una medida que se creó en el Real Decreto 8 /2020 de aquel 31 de marzo y que se amplió a todos "los consumidores personas físicas en su vivienda habitual" en el Real Decreto 26/2020 del 7 de julio "excepcionalmente, hasta el 30 de septiembre de 2020".
Lo cierto es que Unidas Podemos está tragando un enorme sapo que le costará hacer entender a sus bases. Tanto que las fuentes oficiales de la Vicepresidencia de Iglesias no quisieron responder a las preguntas de EL ESPAÑOL, tratando de no hacer batalla pública. Sin embargo, este periódico pudo saber que hay una intensa preocupación en el lado morado del Gobierno por que no se vaya a renovar precisamente esta medida del "escudo social".
Pedro Sánchez y su vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.
Según pudo averiguar este diario, los representantes de Unidas Podemos en las reuniones en las que se han negociado estas prórrogas durante las últimas dos semanas tenían como máxima prioridad evitar la vuelta de los cortes de suministros, precisamente ahora que llega el mal tiempo.
Hipotecas y otros créditos
Ante sus interlocutores de Economía, Hacienda y Transición Ecológica trataron de argumentar que permitir a las energéticas la desconexión de quien no atiende sus pagos no hará que cobren los servicios y sí dejará desamparados a "los más vulnerables".
Según las fuentes consultadas, el lado socialista del Ejecutivo alegaba que la economía tiene que ir volviendo a la normalidad, para reactivarla y, sobre todo, para que los elementos distorsionadores no se establezcan como permanentes. Aun así, la Vicepresidencia cuarta sí que defendió, y se acordó, ampliar el bono social eléctrico en tiempo -hasta el 31 de enero- y en beneficiarios, ya que ahora alcanzará también a los ciudadanos que se han empobrecido desde que se inició la pandemia.
Pero siguiendo la premisa de la desescalada social, tampoco se renovará la "moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual, de inmuebles afectos a la actividad económica [...] y de viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler" para quienes padezcan "extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19".
Y finalmente también se acaban las moratorias vigentes para los "contratos de crédito sin garantía hipotecaria". Según el decreto de julio, los deudores vulnerables podían "solicitar del acreedor, hasta el 29 de septiembre de 2020 la suspensión de sus obligaciones". Este martes, en el que se cumple esa fecha, y si nada cambia de madrugada, no habrá más plazo.
Alquileres y desahucios
A mediodía del lunes, este periódico sí pudo confirmar de fuentes de Unidas Podemos que ya se había alcanzado un pacto entre las partes para mantener "la prohibición de desahucios y las subidas abusivas en el alquiler de vivienda".
Calviño interviene en el Gobierno ante la mirada de Iglesias.
Se prorrogará la prohibición de los desahucios, "en las mismas condiciones en las que venía recogido en el primer real decreto". Y además, se acordará la prórroga de los contratos de alquiler "para evitar subidas abusivas".
Asimismo, y siempre según estas fuentes del Gobierno, se ampliará la vigencia de las medidas "sobre grandes tenedores respecto al alquiler". Es decir, que los inquilinos en situación de vulnerabilidad podrán solicitar la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de sus contratos. Según estas fuentes, los grandes arrendadores "tendrán que decidir entre una quita del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda en, al menos, tres años".