Después de que hasta el Partido Popular hubiera empezado negociaciones con los grupos de la llamada "mayoría de la investidura", el PSOE ha consensuado con ERC una enmienda al decreto de prórroga del estado de alarma. Finalmente, Pedro Sánchez lograría mantener sus seis meses de excepcionalidad constitucional.
A pesar de que tanto PP y Cs como los independentistas de Esquerra, JxCat -incluso Bildu-, y los diputados de Más País y Compromís no querían prolongarlo hasta el 9 de mayo, a cambio, el presidente sólo deberá comparecer cada dos meses para informar al Congreso. Sin someterse a votación de prórroga.
El grupo capitaneado por Gabriel Rufián ha registrado en el Congreso una propuesta de resolución, aceptada por el PSOE, para que el presidente rinda cuentas cada dos meses de la aplicación del estado de alarma que decretó en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado domingo.
En una pirueta que deja entrever que la enmienda estaba consensuada previamente, los republicanos incluyen la oferta que Sánchez había lanzado en la sesión de control a Pablo Casado, de que el Consejo Interterritorial de Salud revise la figura a los cuatro meses. Así, en marzo una Conferencia de Presidentes, previo acuerdo de las CCAA con el Ministerio de Sanidad, decidirá si levanta la alarma o la mantiene hasta el 9 de mayo.
Lo que plantea Esquerra es que sean los líderes autonómicos los que formulen al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma transcurridos cuatro meses del estado de alarma, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.
Extraños compañeros
Que la política hace extraños compañeros de cama no es ninguna novedad. Pero que Sánchez, confiado en que tenía "los apoyos asegurados" para sacar su prórroga de seis meses, se pudo ver rodeado en el Congreso, eso, ya sí fue noticia. Pero sólo durante una hora.
Cuando el PP negociaba con JxCat, ERC, Más País, Compromís y Ciudadanos una enmienda conjunta -o que todos presentaran la suya pero se comprometieran a apoyar en grupo la que concitara más acuerdo- se cerró el plazo a las 14.00 horas. El movimiento de Esquerra hizo decaer el consenso que ya reunía a 129 diputados coincidentes en el plazo de dos meses propuesto por el Casado el lunes.
Según fuentes cercanas al líder del PP, su dirección se había "puesto en contacto" con grupos parlamentarios para garantizar el control parlamentario y evitar un estado de alarma de seis meses. Fuentes de JxCat confirmaron esta información y añaden que se está "negociando entre todos" porque todos estaban "muy preocupados" con el plazo y la falta de rendición de cuentas.
Votación este jueves
En su propuesta inicial, el presidente del Gobierno pidió seis meses de alarma prometiendo que el ministro Salvador Illa, rendiría cuentas cada 15 días en la Comisión de Sanidad del Congreso. Ahora, se reducen las comparecencias del titular de Sanidad a la mitad y se añaden las de Sánchez: un total, como mucho, de tres hasta mayo.
Con su propuesta de resolución -que se votará junto a las que presenten otros grupos en el Pleno del Congreso de este jueves-, los independentistas catalanes solicitan, además, que Sánchez pida comparecer en el Pleno del Congreso "cada dos meses" para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno en relación con la aplicación del estado de alarma, y que el titular de Sanidad acuda mensualmente a la comisión parlamentaria del ramo para detallar los datos y gestiones correspondientes a su departamento.
Según informaron a la agencia Europa Press fuentes de ERC y del PSOE, la propuesta será aceptada por los socialistas y podrá salir adelante en la votación de este jueves en el Congreso.
En todo caso, Ciudadanos aún discute el sentido de su voto porque no está del todo satisfecho: "Lo más importante es la rendición de cuentas", explicaba el portavoz, Edmundo Bal. Pero los liberales preferirían que Sánchez no sólo informara, sino que sometiera a votación las prórrogas en esos plazos.
El PP, por su parte, sigue en su posición de "no más de ocho semanas de prórroga" y aprovechar para reformar a Ley General de Sanidad del 1986 para no tener que volver a recurrir a la excepcionalidad constitucional. De aquí a la votación puede haber más movimientos.