Que la política hace extraños compañeros de cama no es ninguna novedad. Que Pedro Sánchez, confiado en que tiene "los apoyos asegurados" para sacar su prórroga del estado de alarma de seis meses, se puede ver rodeado en el Congreso, eso, ya sí es noticia. El plazo para las enmiendas se cierra a las 14.00 horas de este miércoles y esta extraña unión de intereses que ya aglutina a 129 diputados coincide en el plazo de dos meses propuesto por el Pablo Casado el lunes.
Según fuentes cercanas al líder del PP, su dirección ya se ha "puesto en contacto" con grupos parlamentarios para garantizar el control parlamentario y evitar un estado de alarma de seis meses. Fuentes de JxCat confirman esta información y añaden que se está "negociando entre todos" con el objetivo de "presentar una enmienda conjunta".
Lo cierto es que el presidente del Gobierno ya se ha visto obligado a relajar la posición intransigente que mantenía hasta este martes por la noche. Su ministra Carolina Darias llegó a afirmar que la oferta del PP era "poner palos en las ruedas". Así, en la sesión de control, Sánchez ha ofrecido bajar de seis a cuatro meses la duración de la excepcionalidad constitucional "y que sea en el seno del Consejo Interterritorial de Salud donde se decida si se mantiene o no, el próximo 9 de marzo".
La propuesta no ha caído bien en las filas populares, que han confirmado a este periódico que se mantendrán firmes en su oferta de un máximo de ocho semanas, en las que además habría que abordar la reforma de la Ley General de Sanidad de 1986, para evitar tener que recurrir de nuevo al estado de alarma en adelante para combatir la pandemia.
Desde la dirección del partido se reafirman en su posición y exigen, por su parte,"un plan B jurídico que dé certidumbre y permita evitar la excepcionalidad del estado de alarma".
Sin "mayoría de la investidura"
Este miércoles el Ejecutivo ha constatado que las reticencias a un estado de alarma hasta el 9 de mayo no sólo estaban en el seno del principal partido de la oposición, sino que llegaban también a sus socios de la llamada "mayoría de la investidura".
Así, diputados de estos partidos revelan EL ESPAÑOL que este mismo martes Esquerra, Junts, Más País, Compromís, Bildu ya negociaban entre sí una enmienda conjunta para recortar la duración de la alarma "a un máximo de dos meses". Un plazo similar al propuesto por Casado el pasado lunes y con el que coinciden estos grupos.
Según estas fuentes, un portavoz de Casado llamó este martes a última hora a portavoces de partidos independentistas para interesarse por concertar una posición común, junto con Ciudadanos.
Los de Inés Arrimadas tampoco quieren aceptar mantener la excepcionalidad hasta el 9 de mayo y se avendrían, siempre en palabras de un portavoz de los habituales socios de Sánchez, a redactar una enmienda con grupos como Bildu, Esquerra y JxCat.
"Esto no es un bazar"
Desde Compromís y Más País se ha hecho llegar la oferta de un estado de alarma en el que el presidente comparezca "mes a mes" en el Congreso para dar cuenta y lograr apoyos. Y todo este movimiento de los grupos que Sánchez estaba reuniendo para sacar adelante su alarma y los Presupuestos que se traen este miércoles al Congreso está resquebrajando su "mayoría de la investidura".
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fue claro y habló de que "es peligroso democráticamente que el Congreso no tenga control durante seis meses de algo tan restrictivo para las libertades como un estado de alarma". Desde Compromís también alegan que es "excesivo" aprobar ya un estado de excepcionalidad para los próximos seis meses. Una teoría que también avalan en Bildu. En Teruel Existe todavía no han decidido su voto.
Fuentes de Unidas Podemos se mostraban preocupadas porque "tras meses de trabajo generando un ambiente de confianza y propicio para hablar con calma de todo el proyecto de legislatura", todo pudiera irse al traste por la apuesta tan fuerte de Moncloa. El entorno de Pablo Iglesias no muestra rechazo al paraguas de seis meses y el diseño de la alarma, que delega la autoridad en las Comunidades Autónomas, pero no oculta que se habría preferido una comunicación "menos agresiva".
Mientras, en el Partido Popular no duelen prendas en acordar posiciones con formaciones con las que habitualmente no tienen nada en común, si bien se niegan a sentarse con Bildu. Pero tal como defienden, "es el Parlamento el que decide un estado de alarma, no un Consejo Interterritorial", que es a quien Sánchez quiere delegar la supervisión del proceso.
Como ha dicho el secretario general popular, Teodoro García Egea, "la democracia no es un bazar, y no se regatea". En las filas de Casado se preguntan si, ya que el presidente quiere un estado de alarma de seis meses y "sustituir al Congreso por el Consejo Interterritorial, ¿lo siguiente será que Ferraz tome las decisiones?".