Los 379 muertos del fin de semana empujan al Gobierno a tomar medidas más severas

El peor fin de semana de la segunda ola del Covid-19, con 55.019 nuevos contagios y 379 muertos, ha despertado el temor de que las medidas aprobadas el pasado jueves, cuando se votó la prórroga de seis meses del estado de alarma, hayan quedado desfasadas en sólo cuatro días y sean insuficientes para afrontar la evolución de la epidemia durante las próximas semanas.

La cifra de contagiados en España es ya de 1.240.697 y la de muertos, según los datos oficiales del Gobierno, que no cuenta los fallecidos en residencias, de 36.255. Desde el viernes se han notificado casi 3.000 infecciones más que el fin de semana anterior, cuando se contaron 52.188 positivos. Una semana antes, la cifra había sido de 37.889. 

Los pacientes de coronavirus ocupan ya el 15,51% de las camas de los hospitales españoles. El porcentaje es mucho mayor (27,97%) en el caso de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Este dato es, quizá, el más preocupante de todos. Porque el resto de camas de UCI de los hospitales españoles no están vacías, sino ocupadas por pacientes con otras patologías. Si la epidemia se sigue propagando a este ritmo, el colapso de las camas para los más graves podría estar más cerca de lo previsto y asemejarse al vivido durante los meses de marzo, abril y mayo. 

En Melilla, el porcentaje de ocupación de las camas de las UCI por pacientes de Covid-19 es de 71,43%. La Rioja, Aragón y Ceuta rondan el 50%. Cataluña está en el 40,12%, y muy cerca de ella se situán Madrid (38,29%), Navarra y Castilla y León (37,5%).

Asturias pide confinamiento 

El empeoramiento de las cifras en toda España y el temor a perder el control de la epidemia llevaron ayer al socialista Adrián Barbón, el presidente autonómico asturiano, a pedir al Gobierno que apruebe el confinamiento domiciliario de todos sus ciudadanos durante los próximos 15 días.

El confinamiento domiciliario de la población ha sido solicitado también por Melilla. Andalucía, País Vasco y Castilla y León podrían sumarse durante los próximos días si la evolución de la epidemia sigue la línea ascendente actual.

El Ministerio de Sanidad ha descartado, sin embargo, la medida. Salvador Illa ha rechazado permitir el confinamiento estricto de los ciudadanos y ha pedido tiempo para que las medidas incluidas en el decreto del estado de alarma demuestren su efectividad.

"Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos", ha dicho el ministro de Sanidad. "Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas para poder actuar es suficiente". Illa ha pedido también "no entrar en una especie de competición para ver quién toma la medida más dura".

Dudosamente legal

Existe un segundo inconveniente para la imposición de un confinamiento domiciliario y es que resulta muy dudoso que el estado de alarma aprobado para estos seis meses lo ampare legalmente. Un catedrático de Derecho Constitucional consultado por EL ESPAÑOL confirma la sospecha.

"Se está haciendo tanta ingeniería constitucional imaginativa que cualquiera se atreve a decir algo", afirma. Aun así, se aventura a afirmar que "si la medida no está en el estado de alarma, hará falta otro estado de alarma. Pero pensemos una cosa: si es un nuevo estado de alarma, entonces el Gobierno no necesita autorización del Congreso". 

El pero llega a renglón seguido: "Si cada vez que se tomara una medida que no está contemplada en el primer estado de alarma se necesitara declarar otro estado de alarma, nos encontraríamos con que el Gobierno podría tenernos en estado de alarma todo el tiempo que quisiera por el truco de ir añadiendo medidas".

"Por eso, me parece que una recta interpretación que evite el fraude constitucional dice que para confinar en los domicilios hace falta un decreto, pero no un nuevo estado de alarma, sino una prórroga del actualmente existente. Y eso exige una autorización expresa previa del Congreso".

Sin datos de Cataluña

La cifra de infecciones y muertes es, de hecho, incluso mayor de lo anunciado puesto que no incluye los datos de Cataluña, una de las comunidades más afectadas por la epidemia.

Cataluña tiene una incidencia acumulada (IA) –número de infecciones por 100.000 habitantes de los últimos 14 días– de 726,70. Una cifra inferior a la de las comunidades más afectadas, como Melilla (1.356,27) y Navarra (1.193,49), pero muy superior a la media española (521,07) y a la IA de comunidades como Madrid (403,58), Andalucía (545,33) o la Comunidad Valenciana (225,79). 

Arrimadas se adelanta

No fueron pocos los diputados que el pasado jueves vaticinaron en el Congreso, durante el debate para la aprobación de la prórroga del estado de alarma, que éste se quedaría corto muy pronto. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, fue una de ellos. "El Gobierno no ha hecho su trabajo. Cárguense las pilas porque nos vamos a morir. No podemos más y se lo estamos advirtiendo". 

También Inés Arrimadas avisó de lo que podría ocurrir en sólo unos días. "Tenemos complejo de Pepito Grillo, pero este estado de alarma se va a quedar viejo en una semana y van a tener que traer otro aquí con medidas más contundentes". Según la número uno de Ciudadanos, el estado de alarma llegaba "tarde, como siempre". 

Medidas alternativas

Fuentes del Ministerio de Sanidad han afirmado, en conversación con EL ESPAÑOL, que antes de decretar un nuevo confinamiento domiciliario estricto se estudiarían otras medidas alternativas, como el cierre de bares, restaurantes y locales de ocio. De esa manera, afirman en Sanidad, se lograría limitar la actividad de los ciudadanos sin tener que recurrir a una medida tan drástica como el confinamiento domiciliario. 

Existe, además, el temor de que el vandalismo callejero que ha podido verse en las calles de Barcelona, Madrid, Bilbao, Santander, Logroño, Palma, San sebastián, Ibiza, Alicante o Burgos, entre otras, vaya a más. 

De momento, los disturbios parecen hechos inconexos, aunque muy extendidos, llevados a cabo de forma escasamente organizada por radicales tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, muchos de ellos fichados y viejos conocidos de la Policía. Mientras PP, PSOE y Ciudadanos han condenado a los violentos sin titubeos, Vox y Podemos se han enzarzado en una disputa en las redes sociales por atribuir la responsabilidad al bando contrario. 

A día de hoy, nadie duda de que la protesta contra el toque de queda es sólo la excusa de violentos sin mayor objetivo político que el incremento de la tensión social.

Pero si los disturbios se mantienen en el tiempo y coinciden con la llegada de malos datos económicos, el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores, a esas protestas se podrían sumar en breve amplios sectores sociales afectados por la crisis. Y ese sí es un escenario temido por el Gobierno. O al menos, por la mitad de él.