El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la patronal de residencias de ancianos, ha pedido a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales -competencia, en última instancia, de Pablo Iglesias- que duplique su partida destinada a Dependencia por considerarla "insuficiente".
Según han denunciado a EL ESPAÑOL, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado destina 573 millones de euros a Dependencia. Una cifra muy lejana a los 1.200 millones de euros que solicitan los empresarios de las residencias para "poder dotar a las personas mayores y/o con discapacidad de los servicios que merecen".
Fuentes de la patronal aseguran que se reunieron con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez -brazo económico de Iglesias-, para intentar llegar a un acuerdo sobre la cuantía de la partida. En un principio, el Gobierno habló con el sector de alcanzar los 1.200 millones, cifra que desde CEAPs consideran la necesaria para "reducir listas de espera, ampliar los servicios y mejorar las condiciones laborales".
Esas reuniones con Álvarez, según lamenta la patronal, no han tenido el efecto deseado en la partida de los Presupuestos a Dependencia. Algo atribuible, en última instancia, al vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que delegó en su secretario de Estado la negociación.
Y es que Álvarez no sólo es el secretario de Estado de Derechos Sociales. También es secretario de Economía de Podemos y, como tal, el hombre de confianza de Iglesias para que todos los maximalismos económicos de la formación de extrema izquierda tengan su expresión en los Presupuestos.
"Nos parece positivo que se mejore la financiación de la Dependencia pero 600 millones es una cantidad insuficiente", sostiene el secretario general de CEAPs, José María Toro, en conversación con EL ESPAÑOL.
Para satisfacer las demandas del sector, la Secretaría que ostenta Iglesias debería doblar la actual partida que el Proyecto de Ley de PGE destina a Dependencia: 573 millones de euros. De ellos, 290 van destinados al incremento del nivel mínimo de financiación y 283 al nivel mínimo acordado con las Comunidades Autónomas.
Apoyo de los partidos
Ahora, la patronal de residencias de ancianos pide a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que rectifique y llegue a la cantidad que desde el principio plantearon para la partida destinada a derechos sociales. Esta petición ha sido suscrita por PP, Vox, Ciudadanos, ERC, EH-Bildu, UPN, Compromís, Coalición Canaria y PDeCAT.
Esto es, la práctica totalidad del Hemiciclo que no forma parte del Ejecutivo. Incluso, los socios prioritarios de Sánchez e Iglesias para pactar los PGE: ERC y EH-Bildu.
"Nos hemos reunido con partidos políticos de muy diversa ideología y todos nos han confirmado su preocupación en esta materia", relata Toro en conversación con este medio. Y prosigue: "PP y ERC han presentado enmiendas al Presupuesto que recogen este incremento".
"No podemos llamar plan de choque a una dotación insuficiente de apenas 600 millones, se podría considerar más bien un plan de mejora", reflexiona el secretario general de CEAPs, que zanja:"No se puede mirar al futuro de la Dependencia diciendo que volvemos a 2012".
Errores para aprender
No se trata de la primera desavenencia de la patronal con el Gobierno de España por su trato a las residencias de ancianos. Antes de denunciar la escasa partida destinada a Dependencia en los PGE, el Círculo Empresarial de Atención a Personas ya fue muy crítico con la decisión del Ejecutivo de que los mayores no fueran trasladados desde las residencias al hospital durante la pandemia.
Eso desató una de las mayores crisis sanitarias y humanitarias de la primera ola del coronavirus: ancianos compartiendo habitación con un compañero fallecido, trabajadores sin los equipos de protección necesarios...
Una situación de "desamparo" y "soledad" que la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, ya expuso ante el Congreso durante el pasado mes de junio, cuando aseguró que nadie del Gobierno contactó con ellos "para consultar" qué decisión convenía tomar. "Hablé con los ministros y sólo encontré reproches. Ha sido un infierno. Ha fallado el derecho a la sanidad universal", dijo entonces Pascual.
En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, Pascual afirmó que "avisamos en febrero y el Gobierno nos dijo que era gripe normal". Una cadena de errores que ya no se pueden subsanar, pero de los que sí se puede aprender aumentando ahora la partida para Dependencia.