La Secretaría General del Consejo de Europa "sigue de cerca" el "problema" de la discriminación de los niños y las familias castellanohablantes en España. La aprobación este jueves en el Congreso de la octava ley de Educación de la democracia, la LOMLOE, que fue "celebrada por ser la defunción definitiva de la ley Wert" por los diputados del PSOE y de Unidas Podemos, incluía la eliminación del español como lengua vehicular en la escuela.
Además de las advertencias de la oposición de que llevarán la norma al Tribunal Constitucional, la eurodiputada liberal Maite Pagazaurtundua ha puesto en marcha una ofensiva a nivel internacional, al considerar que la llamada Ley Celaá vulnera los principios del Estado de derecho y los derechos de los menores.
Para la política de UPyD en las filas de Ciudadanos de la Eurocámara, "el gobierno es rehén de los ultranacionalistas y la Comisión de Venecia puede pararlo". Esta institución es la que vela por el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, además de la protección de los derechos humanos.
Intercambio de favores
Una enmienda ambigua, introducida durante la tramitación parlamentaria, eliminó hace dos semanas el blindaje del castellano en as escuelas, el único seguro jurídico de las familias de las Comunidades Autónomas bilingües para poder reclamar legalmente el derecho de los hijos a estudiar en español, si ésta es su lengua materna.
El cambio fue pactado por el PSOE y Unidas Podemos -las dos formaciones del Gobierno de coalición- con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en plena negociación del apoyo de los independentistas catalanes a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, también en tramitación.
Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de UPyD en las filas de Ciudadanos.
De manera urgente, Pagaza envió una súplica al Consejo de Europa. Constituida en 1949, es la institución política más antigua del continente y reúne a todos los países europeos, salvo Bielorrusia y Kazajistán, precisamente por no cumplir con sus preceptos. Éstos son, mediante la cooperación, la configuración de un espacio político y jurídico común, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley.
La respuesta fue inmediata, este mismo viernes. Miroslav Papa, director del gabinete de la Secretaría General, enviaba una carta a Pagazaurtundua "en nombre de la Secretaría General", en la que aseguraba haber "considerado con detenimiento la detallada información enviada a propósito de la reforma de la ley de Educación en España". Papa asegura que el Consejo de Europa "asegura que seguirá el problema de cerca".
Derechos del Niño
La Ley Celaá de Educación salía este jueves del Congreso, camino del Senado, como entró: sin consenso por las innumerables polémicas que incluye. Con buena parte de la comunidad educativa en pie de guerra y tras una gran bronca política. Nace eliminando el español como lengua vehicular, y añade una amenaza cierta a la educación especial, permite promocionar con suspensos, vacía de competencias a la Alta Inspección y ataca a la educación concertada a la que se le retira financiación mientras se cercena la libertad de elección de los padres.
Así, además de la iniciativa con el Consejo de Europa, la oficina de la eurodiputada del grupo Renew también ha transmitido su preocupación a la Comisión Europea, garante del cumplimiento de los preceptos del Estado de derecho en la UE.
Precisamente, en el día mundial del niño, este 20 de noviembre, en la misiva se indica que "el Congreso de los Diputados ha aprobado" la LOMLOE, una norma "que vulnera diversos artículos de la Declaración de los Derechos del Niño". En concreto, dice Pagaza, el artículo 30, "en lo que se refiere a que los Estados no pueden negar a los niños su derecho a emplear 'su propio idioma', tal y como ocurrirá con esta Ley que ampara la eliminación del español como lengua vehicular en la educación".
Asimismo, señala la carta, la llamada ley Celaá, infringiría el artículo 29, que apunta que los Estados firmantes "deben velar por que la educación del niño esté encaminada 'al respeto de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya'".
La política vasca insta a la Comisión Europea a que detalle cómo piensa proceder para que "España haga respetar los derechos de los niños castellanoparlantes en comunidades bilingües".
Pero sobre todo, pone el dedo sobre la llaga que esta norma puede causar no sólo a los derechos de los menores, sino al mismo Estado español, que ya acumula varias advertencias de la Comisión por su "deriva autoritaria" derribando diques democráticos.
Así, Pagaza pregunta a la institución presidida por Ursula von der Leyen si "piensa incluir el asunto de la discriminación por razones de lengua en el próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de derecho en España".