La clave que esconde la enmienda 38 de la Ley Celaá: el catalán podrá imponerse fuera del aula

Mientras el Gobierno en general y la ministra de Educación en particular niegan de forma insistente que la Lomloe pretenda eliminar el español de las aulas, las asociaciones y los lobbies afines a sus socios nacionalistas reiteran una y otra vez que ese es, precisamente, el principal de sus méritos. 

Algunos van incluso más allá y presumen de haber impuesto al Gobierno el fin de la vehicularidad del español en el sistema educativo. Es el caso de la asociación ultranacionalista catalana Plataforma per la Llengua. 

En un comunicado, la Plataforma se vanagloria de que la Lomloe incluya la polémica enmienda, que ha generado una enorme contestación en la sociedad española y que ha llevado a docenas de entidades, plataformas y personalidades a posicionarse en defensa del español. 

Concesión a ERC

La medida, tal y como dice la Plataforma per la Llengua, fue efectivamente propuesta por ERC, a iniciativa de la Plataforma per la Llengua, y aprobada con los votos de PSOE y Podemos. 

Según los dirigentes de la Plataforma, la Ley Celaá "permite a los gobiernos autonómicos adoptar las medidas necesarias para asumir las plenas competencias comunicativas en catalán de todo el alumnado". 

Pero el diablo está en los detalles. Porque lo que la Plataforma entiende por "plenas competencias comunicativas" consiste en extender la inmersión lingüística más allá de las aulas. Y, en concreto, hasta los "patios, comedores y las actividades extraescolares". 

La opinión de esta entidad no es la de una asociación más: se trata de una de las más influyentes en el entorno del Gobierno catalán y muy especialmente en el de la Consejería de Educación, hasta el punto de que es considerada en Cataluña como la verdadera autoridad en materia de inmersión lingüística. Es decir, como una Consejería de Imposición Lingüística en la sombra. 

Si los deseos de la Plataforma per la Llengua se cumplen, los profesores catalanes no sólo impondrán el catalán a sus alumnos dentro del aula, como ocurre en la actualidad, sino también fuera de ella, donde el uso del español por parte de esos alumnos es mucho mayor del que la asociación considera tolerable. 

La enmienda 38

El comunicado de la Plataforma, que pretende también que los profesores baleares y valencianos se sumen a dicha imposición, no aclara, sin embargo, cómo pretende lograrlo.

Pero el punto 3 de la enmienda 38 de la Lomloe afirma que "las administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control, evaluación y mejora (…) de modo que se garantice que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales en el grado requerido". 

Aunque la enmienda parece poner en un plano de igualdad al español y al catalán, la realidad es que la tesis de la Generalidad es la de que los alumnos ya aprenden el primero fuera de las escuelas, por lo que sólo el segundo necesita ser reforzado por medio de la inmersión. 

El punto 3 habilita, de hecho, la adopción de medidas como las exigidas por la Plataforma per la Llengua cuando añade que las administraciones "impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas". 

Dado que la Generalidad considera el catalán como la lengua débil frente al español, la enmienda abre la puerta a la imposición del primero también fuera de las aulas y mientras los alumnos permanezcan en espacios escolares o realicen actividades bajo la vigilancia de sus profesores. 

El español, erradicado

En la práctica, el español ha sido prácticamente erradicado del sistema educativo catalán.

Las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instan a respetar la obligación de impartir como mínimo el 25% de las asignaturas en español son sistemáticamente desobedecidas por las escuelas catalanas. 

Encontrar un colegio catalán que respete ese porcentaje mínimo, incluso cuando este ha sido reconocido por los tribunales a una y otra familia, es prácticamente imposible.

Muchas de esas familias acaban renunciando a su derecho por la presión a la que son sometidas por vecinos, colegios y administración. Otras huyen de Cataluña y se trasladan a otras comunidades donde sus hijos sí pueden ser educados en español. 

En este sentido, la Ley Celaá no cambia el statu quo del español en las escuelas catalanas, pero sí priva a las familias de uno de los asideros legales que les permite reclamar en los tribunales. 

La respuesta de los partidos separatistas a las críticas contra la Ley Celaá por la eliminación de la vehicularidad del castellano ha sido la de que esta no cambia nada en la práctica. Desde un punto de vista cínico la afirmación es cierta puesto que el español dejó de ser vehicular en Cataluña hace casi tres décadas. 

Lo que sí hace la Ley Celaá es darle una vuelta de tuerca más a la imposición del catalán, que ahora podría extenderse hasta más allá de las aulas amparándose en la enmienda 38.

La asociación espía

La Plataforma per la Llengua es una asociación paragubernamental estrechamente ligada a la Generalidad. Considerada en Cataluña como la ONG del catalán, saltó a la fama en verano de 2019 por espiar en el patio a los niños de 50 escuelas locales.

La excusa con la que la Plataforma justificó dicho espionaje, que provocó varias peticiones de dimisión del consejero de Educación autonómico Josep Bargalló, fue la de llevar a cabo un estudio del uso del catalán entre los alumnos catalanes. 

El estudio, que fue ejecutado por observadores que mintieron a profesores y alumnos para ganarse su confianza, llevó a TV3 a grabar un reportaje en el que se afirmaba que el catalán había perdido la batalla en las escuelas. Según la Plataforma, sólo el 14,6% de los alumnos hablan en catalán de forma espontánea cuando no se les obliga a ello.

La Plataforma per la Llengua es también conocida por sus denuncias a los comerciantes que no rotulan en catalán, por los boicots que organiza contra las empresas que no etiquetan sus productos en catalán y por el acoso al que somete a los empleados de bares, restaurantes y tiendas que no atienden en catalán a sus clientes. 

En mayo de este año, la Plataforma llegó a denunciar a un hospital de Mataró frente al Departamento de Salud autonómico por publicar un cómic informativo de ayuda a familiares de enfermos de Covid-19 en español. 

El pasado mes de octubre, en plena emergencia económica y sanitaria por la epidemia de Covid-19, la Plataforma recibió una subvención de 13.000 euros de la Diputación de Barcelona. La Diputación está en manos del PSC tras su alianza con JxCAT y su presidenta es la alcaldesa socialista de Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.

La entidad ha recibido además a lo largo del último año más medio millón de euros de la Generalidad.