El Ministerio de Igualdad de Irene Montero ya da por terminado su trabajo. Ha elaborado el borrador de la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans, y ahora el texto ya está en manos del resto del gabinete de Pedro Sánchez para que el resto de departamentos hagan sus aportaciones. Pero fuentes del Ejecutivo han aclarado a este periódico que "ése no es el borrador del Gobierno, es sólo el del Ministerio de Igualdad, y recoge únicamente las posiciones de Unidas Podemos".
Este periódico ha tenido acceso al borrador, que arranca en su Exposición de motivos con tres referencias a la Constitución Española (artículos 10, 18.1 y 14) para justificar la necesidad de su la ley. Según el texto, en España "perduran situaciones de discriminación estructural hacia las personas trans, que se manifiestan con toda su crudeza en ámbitos como el sanitario, el educativo o el laboral".
Sólo tres días después de que el PSOE presentara su propia proposición de ley de Igualdad en el Congreso, ninguneando a Montero -al inmiscuirse en sus competencias-, la dirigente morada se reunió con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. En este encuentro, el pasado lunes 25 de enero, la ministra le hizo entrega a su predecesora en el cargo, y responsable de Igualdad dentro del PSOE, del borrador elaborado en su departamento. "La vicepresidenta es la coordinadora de políticas", explican fuentes del Gobierno, "esta reunión no tiene nada de particular".
Pero en ella, según fuentes del Gobierno, Calvo ya advirtió a Montero de que el texto aún debe ser peinado, como ocurrió con la ley del "sólo sí es sí", la de Libertades Sexuales. Aquella norma llegó al Consejo de Ministros de la semana del 8 de marzo a matacaballo, sin pasar siquiera el filtro de la comisión de subsecretarios que, una semana antes de las reuniones del gabinete, da el visto bueno o rechaza las propuestas de cada Ministerio.
Entonces, Unidas Podemos forzó la máquina para que el texto fuese aprobado, "en primera vuelta" y de manera "provisional" por el Consejo. El texto se había parado por orden de la Vicepresidencia primera ante las "incorrecciones jurídicas" que contenía, por petición expresa del Ministerio de Justicia. Y Pablo Iglesias reaccionó públicamente calificando de "machista frustrado" a Juan Carlos Campo. Aquélla fue la primera gran batalla pública del Ejecutivo de coalición.
"Autodeterminación" o "borrado"
Ahora, esta norma también promete hacer saltar las costuras en el seno del Gobierno de coalición, por su reconocimiento del "derecho a la autodeterminación de género", que desde el PSOE se considera un "borrado de las mujeres". Alegan las socialistas que eso es negar la desigualdad que aún pervive en la sociedad "generada a partir del sexo biológico".
El feminismo queer de Podemos no casa con el feminismo tradicional del PSOE, más allá de que haya socialistas que celebran este borrador. Carla Antonelli, diputada del PSOE en el Congreso en 2017 y hoy en la Asamblea de Madrid, recuerda en declaraciones a EL ESPAÑOL que "no hay que alarmarse por esta norma, no hay ningún borrado de las mujeres". Y que el reconocimiento de la autodeterminación de género ya es ley en Argentina "desde hace nueve años" y otros países "como Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca o Chile" lo reconocen.
El borrador de la ley, de hecho, unifica los dos conceptos, sexo y género, desde la misma definición de conceptos. Así, el artículo 4.1) dice expresamente que "se entiende por Identidad de género o sexual: la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer".
Es más, la ley responsabiliza al Estado por mantener una "conceptualización patologizante de las realidades trans", que "victimizan a las personas" de esta condición. Y las describe así: "Transformaciones corporales, tratamientos hormonales, adecuación de ademanes de género, test médicos, largos periodos de espera, costosos procedimientos judiciales e inciertos trámites administrativos".
Por esta razón, la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad establece que "toda persona de nacionalidad española, mayor de dieciséis años y con capacidad suficiente, podrá solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral del sexo". Y que "las personas de entre doce y dieciséis años podrán efectuar la solicitud a través de sus representantes legales o por sí mismas con su consentimiento".
Así, según el borrador de la ley, el procedimiento será inmediato, a propia voluntad y sin necesidad de informe médico o psicológico. "La solicitud de rectificación registral de la mención de sexo no precisa de más requisitos que la declaración expresa, de la persona interesada o de sus representantes legales", explica el texto.
Es más, el documento deja claro que tampoco hará falta el permiso paterno para las personas trans menores de edad que sí tengan los 16 años cumplidos.
Moncloa ya avisó
En Moncloa ya se preveía la bronca. El pasado mes de noviembre, fuentes del entorno del presidente Sánchez se mostraban "hartas de las deslealtades de Unidas Podemos" y advertían de que, en 2021 saltarían las desavenencias más profundas entre socialistas y morados. Según estas fuentes, la aprobación de los Presupuestos abriría un nuevo escenario en el que "se romperán los platos".
Esto significaba, tal como explicaban desde Presidencia, que los temas divisivos ya no estarán aparcados. Y sobre todo, que podrán causar fricciones públicas tan o más llamativas como las de la negociación presupuestaria, en la que Iglesias no dejaba de introducir nuevas exigencias, y de filtrarlas a la prensa, siempre según estas fuentes.
El entorno de Sánchez ya avisaba, en concreto, de lo que pasaría con esta Ley Trans, en la que no hay acuerdo ni se vislumbraba -"el feminismo tradicional socialista no puede pasar por lo de la autodeterminación de género", explicaban- o con el control de precios en los alquileres, que también estalló este lunes y luego el martes, con la comparecencia de Ione Belarra en el Congreso.
Ya el pasado mes de junio, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, firmó como secretaria de Igualdad del PSOE, un argumentario que fue distribuido a todas las federaciones socialistas: "Hay teorías (concretamente la queer) que van ganando terreno en el mundo académico y activista, y que niegan la existencia del sexo biológico, por lo que desdibujan y difuminan la realidad de las mujeres".
Y añadía: "Si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y se construye en base a este hecho biológico". Junto a la de Calvo, constaban las firmas de José Luis Ábalos, secretario de Organización (y ministro de Transportes); Santos Cerdán, secretario de Relaciones Partido/Gobierno; y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, secretario de Relaciones Institucionales (y vicepresidente del Congreso).
El borrador, paralizado
Las fuentes consultadas en el Gobierno no se atreven a asegurar que con esta norma vaya a pasar como con la del "sólo sí es sí", que pasó por el Consejo de Ministros hace 11 meses y no se ha vuelto a saber de ella. Pero advierten de que al texto elaborado por la número dos de Podemos todavía le queda un largo trámite.
Para empezar, aún tendrá que recibir "sin duda, las aportaciones del Ministerio de Sanidad, del de Justicia y otros". El objetivo, explica una portavoz oficial conocedora de la negociación interna del Ejecutivo, es "garantizar y mejorar los derechos de las personas trans", como recoge el acuerdo de coalición. Y respecto al articulado, que "el texto sea jurídicamente satisfactorio" y que "normativamente, tenga calidad".
Pero desde los colectivos que han trabajado la ley con Igualdad, se culpa directamente a Calvo de la polémica. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, revela a este diario que "los representantes de Igualdad nos han explicado que la vicepresidenta está poniendo enormes obstáculos en lo tocante al procedimiento sin patologización médica, al reconocimiento de la autodeterminación de los menores, al tema sanitario..."