El decreto de los fondos europeos, aprobado en el último Consejo de Ministros de 2020, introdujo a última hora una nueva redacción de su artículo 2. Este periódico ha tenido acceso a dos de los borradores previos del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública. Y ha podido comprobar que sólo en la redacción final, publicada en el BOE, se decreta que la nueva oficina creada en Presidencia centralizará también el resto de fondos europeos que hasta ahora se gestionaban en Hacienda.
Concretamente ese artículo 2 explica que Moncloa controlará la "ejecución de proyectos y actuaciones que sean financiables con los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, más de 25.300 millones), Fondo Social Europeo Plus (FSE+, unos 12.000 millones), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER, 500 millones, además de la PAC) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP, 1.100 millones)".
Es decir, no sólo los 140.000 millones de euros del instrumento Next Generation EU, sino los otros 38.900 millones que España recibe, según el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (Presupuestos) de la Unión Europea procedentes de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Lo gestionaba Hacienda
Hasta ahora, ese dinero era gestionado por la Dirección General de Fondos Europeos, adscrita al Ministerio de Hacienda. Así lo explica el artículo 11 del Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda establece las funciones de la citada dirección general. Pero ahora este departamento se limitará a dar la cara ante Bruselas, tal como explica el decreto de los fondos, farragoso, largo y lleno de cambios administrativos "para la rápida absorción de este volumen de recursos".
Esta oficina, hasta ahora, era la encargada de "negociar, elaborar, evaluar y revisar", en coordinación con las distintas Administraciones, fondos y otros instrumento de la Unión Europea, los acuerdos, estrategias o marcos, que sirven para "la preparación de los programas operativos cofinanciados con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos".
Y según el párrafo 11.j) era la depositaria de todas las funciones "que, según los distintos Reglamentos europeos, correspondan al Estado Miembro español en lo referente al FEDER, incluido el objetivo de Cooperación Territorial Europea, el Fondo de Cohesión y otros fondos que se le asignen".
Pero ya no es así. No desde el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor el conocido como "decreto de los fondos de la UE". Ése que al Gobierno le salvó a última hora en el Congreso una abstención nunca bien explicada de Vox, el pasado 28 de enero.
Ese Real Decreto-ley 36/2020 fue aprovechado por Moncloa para quedarse con la gestión directa, a partir de ahora, de todo el dinero europeo. Así lo explican los artículos 1 y 2 del texto.
El primero ya abre la puerta a esta maniobra, explicando que la norma "tiene por objeto establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación".
Nueva redacción
Pero es el segundo, cuya redacción fue retocada en la última versión respecto a la de los dos borradores a los que ha tenido acceso este periódico, el que otorga a Moncloa la gestión de casi 40.000 millones de euros más hasta 2027 de los que se suponía hasta ahora.
Ambos borradores, uno fechado el 17 de noviembre de 2020 y el otro de "fin de mes", son exactamente iguales, letra a letra, en estos párrafos. Pero en el decreto final, el artículo 2. Ámbito de aplicación, cambia por completo su redacción y entrega a toda la nueva estructura administrativa creada en el seno de Moncloa el control no sólo de los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación, sino también del FEDER, el FSE+, el FEADER y el FEMP.
Concretamente, el decreto especifica que todos esos fondos pasan a estar bajo la nueva "estructura de gobernanza" que detalla el Capítulo II. A saber: para empezar, la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye a todo el Gobierno, a tres Secretarías de Estado (Economía, Presupuestos y Derechos Sociales), al responsable de Asuntos Económicos de Moncloa -en este caso, Manuel de la Rocha- y esa oficina de Hacienda a la que se le arrebata el control de los fondos.
Después, el Comité Técnico para el Plan de Recuperación. Y ambos organismos, bajo el "seguimiento" del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia, podrán "impulsar" foros y grupos de alto nivel, deberán "dialogar" con la mesa del diálogo social y "canalizar su cooperación con las Comunidades Autónomas" a través de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.
Así, las funciones de la Dirección General de Fondos Europeos quedan relegadas para el artículo 20, en el que se aclara que se limitará a "actuar como autoridad responsable ante las instituciones europeas", tal como explica el artículo 20 del decreto. Y su titular, a pesar de perder la gestión de esos casi 40.000 millones, sigue siendo el que "actuará como autoridad responsable ante las instituciones europeas".
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