El 'caso Dina' amenaza a Iglesias en plena campaña: pueden imputarlo al dejar el Gobierno y el Congreso

El líder de Unidas Podemos lo hará para poderse presentar como candidato de la formación morada a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Y a pesar de su interés por dilatar este trámite hasta "días antes" del inicio de la campaña electoral, este periódico informó el martes a primera hora de la tarde de que la Ley le obliga a dimitir, como mucho, en una semana.

En el momento en que Iglesias pierda su inmunidad parlamentaria, la Audiencia Nacional, donde se se investiga el llamado caso Dina -una parte del macroproceso Tándem en la que se investiga la filtración a la prensa de mensajes almacenados en el móvil de Dina Bousselham, antigua asesora del líder de Unidas Podemos- será competente para llamarlo a declarar en calidad de investigado. 

Hasta el momento, el instructor Manuel García-Castellón no ha completado las diligencias necesarias en el caso para que el Tribunal Supremo abriera una causa penal contra Iglesias. A pesar de los indicios que el magistrado ha hallado contra él, el juez vio cómo hace algo menos de dos meses la Sala de los Penal del Alto Tribunal desestimaba la exposición razonada elevada por García-Castellón el pasado 7 de octubre.

Fuentes de Unidas Podemos consultadas por este diario confirman que la dimisión de Iglesias como vicepresidente se sustanciará el próximo martes. Pero no así su etapa como diputado, que alargará todo cuanto le permita la ley. A pesar de que pende sobre él que García-Castellón tenga la idea de imputarlo en el intervalo en el que pierda el fuero, es el interés del líder morado por "mantener sus planes legislativos" lo que motiva que hasta "días antes del inicio de la campaña" no entregue el acta.

Los delitos

Según García-Castellón, el líder de Podemos podría haber cometido delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito por acceder al móvil de Bousselham sin su consentimiento, estropear luego la tarjeta de memoria y atribuir al excomisario Villarejo la entrega a medios afines de mensajes con el fin de perjudicar al propio Iglesias.

Efectivamente, el pasado 27 de enero, el Tribunal Supremo rechazó abrir una causa contra Iglesias por el caso Dina. Pero lejos de desestimar la causa y "no ver delito", como quiso interpretar el entorno del aún vicepresidente segundo del Gobierno, lo que hizo la Sala Penal del Supremo fue devolverle el caso al magistrado de la Audiencia Nacional García-Castellón.

Pablo Iglesias y Dina Bousselham. EE

El instructor de la causa recibió el expediente de vuelta con la indicación de que completara las diligencias imprescindibles de las que depende la propia viabilidad de la exposición y, por ende, de la propia pretensión de abrir un proceso penal a Iglesias, según señalaron fuentes del Supremo. 

Más de un mes de plazo

El juez García-Castellón podría ahora completarlas llamando a declarar como imputado al candidato morado. De hecho, el juez tendrá más de un mes para hacerlo: la campaña comienza el 18 de abril, e Iglesias ya habrá dejado por entonces de ser aforado, condición que no volverá adquirir hasta que el 19 de mayo se proclamen los electos por la Junta Electoral de la Comunidad de Madrid, según el calendario oficial de las elecciones.

En ese caso, Iglesias debería acudir a la sede de la Audiencia Nacional acompañado de un abogado. 

En las ocasiones en las que declaró hasta ahora, Iglesias todavía era parte en el caso, como perjudicado. Pero el magistrado le retiró esta consideración en el momento en que no se pudo recuperar el contenido de la tarjeta de memoria del móvil robado a Bousselham, y después de los cambios de declaración de ésta.

La exasesora de Iglesias durante su etapa como eurodiputado ha hecho su carrera profesional siempre en el entorno del todavía vicepresidente: como asesora, como dirigente del partido y ahora, como directora de la publicación La última hora, un digital auspiciado por Podemos.

A pesar de los indicios del caso que sostiene el magistrado que halló contra Iglesias, la Sala del Supremo instó a García-Castellón a que continuase sus pesquisas. Para que un delito de revelación de secretos pueda ser perseguido, el Código Penal exige la denuncia de la agraviada y García-Castellón no ha cumplimentado ese requisito previo. Es más, pese a que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidió de forma reiterada, nunca ha querido citar a Bousselham para preguntarle si desea actuar penalmente contra Iglesias.

La campaña de "las cloacas"

García-Castellón había abierto la pieza Dina contra Villarejo el 19 de marzo de 2019. Este hecho alimentó la campaña electoral de Iglesias para las elecciones del 28 de abril, en las que basó todo su argumentario en la presunta "persecución" a Podemos y a él mismo por parte de lo que bautizó como "las cloacas del estado".

Su personación como perjudicado en la causa armó de razones este extremo, aprovechando que un registro en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo -en prisión preventiva hasta hace pocas semanas- permitió encontrar una copia de los archivos almacenados en el dispositivo de Dina Bousselham, que había denunciado el robo de su móvil en noviembre de 2015. 

Pablo Iglesias, en el inicio de la campaña electoral de las elecciones del 28-A de 2019.

Pero en el curso de las investigaciones, el juez comenzó a comprobar que la versión de Iglesias y Bousselham no se confirmaba. Y que los mismos indicios podían señalar a Villarejo como al propio líder político. Y es que las pesquisas dieron con que se fue Iglesias el que tuvo en su poder una copia de la tarjeta de memoria del teléfono de su asesora, que había recibido en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.

Iglesias hubo de reconocerlo ante el juez. Admitió incluso haber examinado el contenido de la tarjeta que le entregó Asensio, a quien se la habían entregado periodistas de Interviú que aseguran haberla recibido de forma anónima. 

Según García-Castellón, Iglesias "comprobó que en el dispositivo se almacenaban archivos personales y de carácter muy íntimo de Bousselham" y "pese a ello se guardó la tarjeta en su poder" sin decírselo a su antigua asesora.

Y en la exposición elevada al Supremo también asegura que "se sabe que cuando [Iglesias] devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento", un dato extraído de una inicial declaración de Bousselham, pero que luego ella corrigió.

Las fuentes de Unidas Podemos consultadas insisten en que no ha quedado acreditado en qué momento la tarjeta dejó de funcionar, y que no se puede atribuir a Iglesias la destrucción del dispositivo. Tampoco los peritajes han podido desentrañar este asunto.

Pero según el juez, cuando Iglesias atribuyó al excomisario José Manuel Villarejo la filtración de los mensajes "sabía de antemano" que su asesora era "el origen de la filtración", ya que había hecho pantallazos y los había reenviado a terceras personas. Esos mensajes, difundidos por OKdiario y luego por otros medios a partir de julio de 2016, dejaban en mal lugar a Pablo Iglesias, dibujando la imagen de un machista al que le hubiera gustado "azotar a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase".

Éste es el motivo por el que el juez sostiene que Pablo Iglesias "usó fraudulentamente" el caso Dina "para tratar de lograr algún tipo de ventaja electoral, pese a conocer el carácter falsario de las acusaciones que pretendía sostener".