Baleares vuelve a impedir que se investigue el abuso a menores tuteladas pese al requerimiento de la UE

PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca -marca homóloga de ERC en las Islas Baleares- han vuelto a impedir este martes la creación de una comisión de investigación sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

La iniciativa del Partido Popular en el Parlamento de las Islas Baleares para "saber qué ha pasado, mejorar las actuaciones y evitar que se vuelvan a producir estos casos" ha sido rechazada de nuevo por el tripartito que preside Francina Armengol.

Y eso que hace poco más de un mes el Parlamento Europeo pidió explicaciones tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al de su homóloga balear. Concretamente, el comité de Peticiones de la Eurocámara remitió una carta reclamando a sendos ejecutivos que detallasen "las medidas adoptadas y las soluciones dadas para la protección de los menores bajo su tutela".

Las misivas fueron remitidas al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la propia Armengol. Según pudo saber EL ESPAÑOL, éstas estaban firmadas por la presidenta del comité de Peticiones, la popular Dolors Montserrat, y se enviaron el pasado 11 de febrero. 

El requerimiento de la UE no ha provocado que el Ejecutivo balear reconsidere su postura, ya que ha vuelto a impedir la creación de una comisión de investigación. PP, Ciudadanos, El Pi y Vox han votado favorablemente, pero el tripartito se ha valido de su mayoría en la cámara para tumbar la iniciativa.

En el pleno de este martes, la izquierda también se ha opuesto a revisar y modificar el Protocolo de actuación en caso de abuso sexual infantil. El Parlamento ha aprobado por mayoría, eso sí, los puntos de la propuesta popular relativos a instar al Gobierno insular a personarse en los casos judiciales abiertos que impliquen explotación sexual de menores tutelados y a que se implanten proyectos de recuperación psicológica y de inserción social para las víctimas de estas prácticas.

Un año del escándalo

Han pasado ya 443 días desde que se destapó el escándalo y todavía no se han asumido responsabilidades políticas. El 12 de enero de 2020, el Diario de Mallorca daba la exclusiva: un grupo de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales mallorquín (IMAS) llevaban años siendo prostituidas.

El diario destapó toda una red de explotación sexual de menores bajo tutela pública posibilitada por la inacción de la administración balear, que no atendió los numerosos avisos de trabajadores sociales y agentes de policía. Las niñas, de entre 13 y 17 años, eran explotadas sexualmente a cambio de drogas, regalos o dinero.

El caso salió finalmente a la luz gracias a la denuncia de una niña tutelada de 14 años, que fue violada por seis adolescentes en un piso del barrio de Corea, uno de los más conflictivos de Palma. El suceso quedó recogido en unos estremecedores mensajes que envió a su psicóloga del centro de acogida.

Desde entonces han sido varias las ocasiones en las que el Gobierno de la socialista Francina Armengol ha rechazado la creación de una comisión de investigación. La primera de ellas fue el 18 de febrero del 2020. En aquellas fechas, tras las críticas de la oposición balear, Ciudadanos elevó sus peticiones al Congreso de los Diputados, junto a PP, Vox y Foro para la creación de la comisión, pero el Congreso también la rechazó -sirviéndose PSOE y Unidas Podemos de su mayoría en la Mesa-.

El caso saltó a instancias políticas europeas y, el pasado 22 de febrero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó al Ejecutivo balear y al Gobierno de España que explicasen "las medidas adoptadas y las soluciones dadas" para proteger a los menores bajo su tutela.

La semana pasada, el PP retomó la intención de debatir en el Congreso y crear una comisión de investigación sobre casos de abusos a menores bajo tutela pública, tanto en las Islas Baleares como en la Comunidad Valenciana. Lo hizo a raíz de la condena de cinco años de prisión al exmarido de Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Pero, de nuevo, ha sido en balde.

"Una infamia"

El debate sobre la moción de este martes en el Parlamento Balear ha comenzado con la alocución de la diputada del Partido Popular, Margalida Durán, que ha pedido "de corazón" el apoyo de las formaciones de izquierda para parar la "infamia" que supone "que los partidos que se dicen feministas voten una y otra vez en contra de la creación de una comisión de investigación".

Pero su petición no ha tenido buena acogida entre el tripartito balear, que ha descargado responsabilidades en el Consell de Mallorca y ha arremetido duramente contra lo que han entendido como una "politización" del caso. En este sentido, el portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha aseverado que hay "otras instituciones que ya están estudiando el caso" y ha acusado al PP de querer "colgarse una medalla".

Para justificar su rechazo a la moción, la portavoz socialista Bea Gamundí ha alegado que los hechos que se pretenden investigar "sobrepasan nuestras competencias", y que "es un tema complejo" que "no se puede entender si se centra sólo en el contexto de estos centros".

Especialmente dura ha sido la réplica de la diputada de Unidas Podemos, Cristina Mayor, que ha acusado al Partido Popular de querer "politizar la explotación sexual infantil" para conseguir "un titular". Y ha terminado su turno defendiendo la necesidad de la Ley del "sólo sí es sí" como solución a la explotación sexual.

Ante estos alegatos para justificar "no", Margalida Durán ha lamentado que el caso "se ha de investigar y ustedes lo saben" y ha asegurado que "su legislatura será la del abuso a menores" y quedará "manchada por ello". "Hoy, una vez más, se producirá una infamia", ha zanjado la diputada popular antes de dar paso a la votación. El resto, es historia.