El Código Ético del PSOE prohíbe a Sánchez "apoyar el indulto" a los políticos condenados por el 'procés'

El vigente Código Ético del PSOE, que se redactó ya bajo el mandato de Sánchez como secretario general, impone que "los cargos públicos del PSOE se comprometan a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género [...] así como por la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". Quizás lo sorprendente es que nadie lo haya invocado hasta ahora.

Desde el 23 de diciembre de 2019, cuando un abogado de Barcelona, Francesc Jufresa Patau, presentó "a título particular" la petición de indulto para cada uno de los 12 condenados por el procés, el Gobierno ha jugado con los tiempos a conveniencia.

Durante los casi 10 meses que Sánchez estuvo como presidente en funciones no se tramitaron los indultos. El primer estado de alarma amenazó con retrasar el procedimiento, pero a los tres días de su implantación, el Gobierno modificó el decreto para que la concesión de gracia no se viera afectada por la "suspensión de todos los plazos administrativos" que conllevaba la nueva situación.

Hace apenas una semana, un dirigente de Esquerra Republicana se animaba, en conversación con este periódico, a exigir "una fecha ya" a Moncloa "para sacar a los presos de la cárcel". Y hace unos meses, era el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el que -sin venir a cuento- trataba de calmar a los independentistas asegurando en el Congreso que los expedientes de indulto "comenzarán a tramitarse la semana que viene". 

Podría parecer que ha pasado mucho tiempo, pero aquello fue hace seis meses, a finales de septiembre. A la salida de aquella sesión parlamentaria, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que su partido recurrirá los indultos ante el Tribunal Supremo "si llegan a aprobarse".

El líder del primer partido de la oposición se comprometió además a intentar que no salga adelante la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal que el Gobierno ya ha anunciado. Si quiere cumplir con su propio Código Ético, esa puede ser precisamente la vía que elija el PSOE para atender las demandas de sus socios separatistas. 

Redactado 'ad hoc'

Lo cierto es que ese código, accesible en la web del PSOE [consúltelo aquí el PDF], fue publicado el 10 de octubre, tras ser redactado en pocos meses por el nuevo equipo que llegó con Sánchez a la dirección socialista en julio de 2014.

Quedaba menos de un mes para la celebración de la llamada "consulta de cartón" que ya había convocado el Gobierno catalán de Artur Mas. Y fuentes de aquel equipo directivo del PSOE consultadas por EL ESPAÑOL confirman que ese hecho explica que entre los escasos nueve puntos del Código Ético hubiera uno dedicado expresamente a la "actuación política sobre indultos".

"Sánchez quería marcar posición ante el desafío independentista nada más llegar al cargo. Por eso el punto 8 del documento entra en ese tema... igual que el punto 9 [sobre las incompatibilidades del ejercicio de la condición de expresidente] es un ataque directo a Felipe González", explican.

¿Apartará el Código Ético a Sánchez de sus intenciones? "Ese documento es una farsa, se incumple constantemente", comentan las mismas fuentes. Y ponen como ejemplo el punto 6, sobre "uso responsable de los fondos relacionados con el desempeño de funciones" en contraste con los viajes en Falcon del presidente del Gobierno para disfrute privado.

El Supremo y el 'Govern'

A pesar de las pocas prisas de Moncloa, que no correrá "ni más ni menos que en cualquier otro caso" -tal como manifestó alguien del entorno de Sánchez a este diario-, el Tribunal Supremo ya tiene en su mano todos los informes preceptivos para fijar su posición. Un trámite imprescindible para que cada uno de los expedientes llegue a la mesa del Consejo de Ministros.

Presidencia sabe que puede jugar con los plazos, y ahora no hay Govern en Cataluña ni se ha vuelto a reunir la mesa de negociación -o "del reencuentro"- con la Generalitat desde antes de la llegada del coronavirus. "Pero esa mesa se da por descontada, ahí no ganamos ya nada", explica un dirigente de ERC, que apostilla: "Tenemos que ir a lo gordo, a la salida de los presos".

En todo caso, el Ejecutivo se ha armado con un argumento a favor. La Abogacía del Estado no toma postura ni a favor ni en contra, pero esta misma semana abría la puerta a la concesión de los indultos subrayando, en su informe al Supremo, que el "perjuicio económico producido" al erario puede considerarse "reparado" con la fianza de 4,1 millones de euros depositada en el Tribunal de Cuentas.

Ahora bien, además de la prohibición del Código Ético socialista, Sánchez cuenta con otro obstáculo. Los informes emitidos por la Fiscalía argumentan que es preciso tener en cuenta "la enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas", y niegan "motivos de justicia" para indultar a los condenados por el referéndum independentista del 1-O de 2017.

La Fiscalía que dirige Dolores Delgado sugiere, además, que la concesión de la gracia podría usarse "como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios". Y aduce ese motivo para interpretar el artículo 102.3 de la Constitución, que previene contra "la prerrogativa real de la gracia" en casos de "traición" o de "delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio" de las funciones de un gobernante.