La izquierda española sigue negándose a condenar el comunismo, pese a los numerosos intentos del centro-derecha en este sentido. La última ocasión, el pasado 25 de marzo, cuando PSOE y Unidas Podemos -junto a las fuerzas nacionalistas- votaron en contra a la iniciativa del Partido Popular de condenar los totalitarismos comunista y nazi.
La propuesta, que ya fue rechazada en noviembre de 2020, contó con el apoyo de Vox, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. Esto significa que sólo 153 de los 350 diputados del Hemiciclo expresaron su condena al comunismo.
De este modo, España continúa siendo una excepción en la Unión Europea. La mayor parte de los Estados miembros consideran esencial la repulsa del totalitarismo, en todas sus expresiones, como condición sine qua non de una democracia sana y basada en una lectura correcta de la memoria histórica.
La izquierda española sigue siendo renuente en este punto a lo que marca la Eurocámara. Y eso que es uno de los países que más lo necesita, pues el pasado 14 de abril -día en el que se conmemora la Segunda República- hubo manifestaciones en Madrid que exaltaban las figuras de Lenin o Stalin.
Por lo expuesto, el profesor de Ciencia Política Ángel Rivero reflexionaba esta semana en FAES sobre la buena consideración de la que goza el comunismo en España. Recordaba que el PCE repite "los dogmas de antaño", y que en su propia web admite: "Aspiramos a organizar la Revolución que derroque a la burguesía y a su monarquía, para construir el socialismo con la fuerza de la unidad popular".
"El PCE de hoy no solo quiere que no se conozcan los crímenes del comunismo, sino que no ha aprendido nada de la experiencia terrible del comunismo. Como si no hubiera pasado nada en estos cien años", escribe Rivero, que concluye: "Su compromiso con la democracia es pura táctica, nada".
La resolución de la UE
La resolución condenatoria del comunismo por parte del Parlamento Europeo (18/09/2019), pionera en materia de memoria histórica, animaba a todos los países de la UE a que hicieran "una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas".
Consideraba también que "deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria".
El texto se aprobó con 535 votos favorables, 66 en contra y 52 abstenciones. Defiende que, mientras los crímenes nazis fueron evaluados y castigados en los juicios de Nuremberg, todavía sigue "existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos".
La resolución fue promovida por el Partido Popular Europeo, Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Renovar Europa y Conservadores y Reformistas Europeos. Es decir, todos los partidos políticos españoles que componen el Parlamento Europeo menos Unidas Podemos.
La izquierda española, sin embargo, arguye que la legitimidad del comunismo en España radica en su oposición integral al franquismo durante la dictadura.
Franco, el argumento
Para justificar su rechazo a esta propuesta, la izquierda no dudó en recurrir a Francisco Franco. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y diputado de Unidas Podemos, reivindicó la lucha del PCE contra la dictadura y afeó al PP el origen franquista de su fundador, Manuel Fraga.
"Mientras Fraga firmaba la condena de muerte de Julián Grimau, nosotros impulsamos el pacto constitucional y dimos apoyo a esa Constitución que tanto les costó aceptar", le reprochó Enrique Santiago a Cuca Gamarra, portavoz del PP.
Además, el secretario general del PCE sostuvo que el Partido Popular se ha negado a condenar el franquismo en la Cámara en reiteradas ocasiones. En esta línea fueron las intervenciones de ERC, Bildu y la CUP.
PNV y PSOE, aunque de una manera menos directa, también exploraron la senda del franquismo para sortear la condena al comunismo. El diputado Joseba Agirretxea recordó a los populares que la resolución del Europarlamento también pedía una "cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado".
Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, recriminó al PP si "con las prisas" se les había olvidado "condenar la dictadura que asesinó a miles de españoles" y condujo al país a "cuarenta años sin libertad".
Pero lo cierto es que el texto del PP recordaba que ya "se ha condenado reiteradamente la dictadura franquista y los totalitarismos fascistas" y sin embargo no se ha hecho lo propio con "los totalitarismos comunistas y los crímenes cometidos por los comunistas tanto en la República como en la Guerra Civil". Eso no impidió que la izquierda y los nacionalistas aludieran a Franco para rechazar su propuesta.
¿Y el terrorismo?
Nótese que el argumento de la izquierda, según el cual la oposición al franquismo otorga necesariamente carta de naturaleza democrática tiene una gran laguna: el terrorismo de extrema izquierda.
Justo en este sentido planteó el Partido Popular su propuesta: invitando a la izquierda a aplicar la doctrina sentada por la Eurocámara para no "blanquear a los herederos de ETA" -en relación a Bildu-.
ETA, el FRAP o los GRAPO son organizaciones terroristas que nacieron durante la dictadura y que tenían una marcada ideología comunista y antifranquista. Y eso no convierte en legítima su actividad. Sobre todo, teniendo en cuenta que continuaron su actividad durante la Transición y la democracia.
Los GRAPO asesinaron entre 1975 y 2006 a 93 personas e hirieron a otras 95, según datos de la AVT. Nunca llegaron a disolverse formalmente, pero la ausencia de acciones armadas y su residual membresía hacen que la banda sea considerada como desarticulada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Pero el caso más paradigmático es, sin duda, el de ETA. La banda terrorista, que se autodemoninaba marxista-leninista y de "praxis revolucionaria", es la causante de más de 800 asesinatos. La mayoría de ellos, en democracia.
Entre 1968 y 1975, ETA cometió 43 asesinatos, lo que supone tan sólo el 5% del total. El 95% de sus matanzas vinieron después de que terminara la dictadura franquista y se proclamara la Constitución democrática (1978).
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