Armada, Barrionuevo y Vera, únicos precedentes de indulto 'político' pero opuestos a los del 'procés'

Pedro Sánchez continúa empeñado en conceder los indultos a los dirigentes del proceso separatista de Cataluña en 2017, contraviniendo los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía. Así lo ha vuelto a defender este miércoles en el Congreso, apelando de nuevo a la "concordia" frente a la "venganza" que supondría que los presos cumplieran sus penas.

El presidente cuenta para ello con el apoyo de sus socios de Gobierno, de las fuerzas nacionalistas y de la izquierda mediática, que defiende la medida de gracia a los golpistas alegando que es algo que se ha producido con frecuencia a lo largo de la historia democrática española. Y bajo gobiernos de distinto signo.

Y es cierto, pero la realidad es que la mayoría de estos indultos se concedieron mayoritariamente a casos anónimos y presos comunes. De hecho, sólo existen tres precedentes de indulto propiamente político en democracia: el concedido al general Alfonso Armada, al exministro José Barrionuevo y al exsecretario de Estado Rafael Vera. Y todos fueron otorgados en circunstancias casi opuestas a las de los presos del procés.

Armada fue condenado a 30 años de cárcel en abril de 1983 por rebelión, debido a su implicación en el golpe de Estado del 23-F. El general, que había sido elegido para presidir un Gobierno de "salvación nacional" si el golpe prosperaba, siempre arguyó haber sido engañado por Antonio Tejero, ejecutor del golpe.

Armada cumplía condena en Alcalá Meco y tuvo severos problemas de salud después de cinco años en prisión, hasta el punto de que en 1998 fue hospitalizado por una embolia. Por este motivo, y por haber expresado en cinco ocasiones su arrepentimiento, el entonces presidente Felipe González lo indultó en Nochebuena de aquel año.

Los otros dos indultos políticos que se han dado en nuestra breve historia democrática son los de Barrionuevo y Vera, condenados a diez años de prisión en 1998 por su implicación en los GAL. Concretamente, por secuestrar a Segundo Marey tras confundirlo con Mikel Lujua, supuesto líder de ETA.

Los dos exdirigentes socialistas duraron tres meses en prisión, lo que tardó José María Aznar en tramitar su indulto por Navidad; un indulto parcial que conmutó dos tercios de la condena (frente al total que quería el PSOE).

Las diferencias

Estos tres casos no resultan en absoluto extrapolables al de los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Y no tienen parangón por, al menos, cuatro motivos.

El primero y fundamental es que ninguno de los indultos antes mencionados se otorgó en contra del parecer del principal partido de la oposición, del Tribunal Supremo y de la Fiscalía. Y es que el tribunal que juzgó la causa del procés no aprecia razones de justicia, equidad ni utilidad pública para justificar la medida de gracia.

Los magistrados sostienen que las penas impuestas son proporcionadas y consideran que los argumentos en favor del indulto desenfocan su razón de ser porque dibujan una responsabilidad penal colectiva.

En segundo lugar, tampoco se hicieron contra la voluntad mayoritaria de la sociedad española, circunstancia que sí se da ahora. Según un barómetro de SocioMétrica publicado el pasado mes de julio, el 72% de los españoles rechaza la medida de gracia para los líderes separatistas presos. También el 65% del electorado socialista.

En tercer lugar, como bien destacan los magistrados, no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de los condenados, cuyas manifestaciones "son bien expresivas de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática".

Por todo ello la oposición ha cargado duramente contra la posibilidad de que el actual Gobierno de España indulte a los condenados del procés. PP, Vox y Ciudadanos entienden que los argumentos "demoledores" de la Justicia son suficientes para cesar en el empeño de agraciar a los condenados por sedición.

Pero hay más. Y es que en los tres precedentes anteriores no había posibilidades reales de que los reos delinquieran de nuevo. Una posibilidad más que evidente ahora que los propios líderes separatistas continúan abonados al "ho tornarem a fer".

10.582 indultos

Según datos facilitados por la Fundación Ciudadana Civio, autora del Indultómetro, son ya 10.582 los agraciados desde 1996. Una cifra que da cuenta de que se trata de una práctica muy extendida durante años. Más, incluso, de lo que pudiera parecer.

Cualquier preso puede solicitar el indulto, y su concesión compete al Rey, previa propuesta del ministro de Justicia y tras su debate en el Consejo de Ministros. A diferencia de la amnistía, que extingue el delito, el indulto supone el perdón público. Es decir, la condena se puede eximir de forma total o parcial, pero no se borra de los antecedentes penales.

Durante los últimos años esta medida -que rara vez tiene motivación política- está en desuso, y por eso desde 2015 tan sólo se han producido 215 absoluciones.