El indulto librará a Junqueras de 3.400 días de prisión: ha cumplido 1.314 de los 4.745 de condena

Este martes Oriol Junqueras cumple 1.314 días en la cárcel. O lo que es lo mismo: 187 semanas, 43 meses, más de 3 años y medio. Esto supone que aún le quedarían 3.435 jornadas entre rejas para cumplir los 13 años de condena impuestos por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.

Pero los indultos que Pedro Sánchez prepara para los presos del procés -y que según informa hoy este diario llegarían este mismo mes de junio- le librarán de cumplir gran parte de su condena. El líder de ERC lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017.

En cualquier caso, Junqueras nunca hubiese permanecido preso hasta 2030, pues la figura del tercer grado permite "cumplir pena en circunstancias especiales" para "potenciar las capacidades de inserción social" de los penados.

Por eso recuerda Óscar Vos Benítez, profesor del Máster de Abogacía del Centro de Estudios Financieros y la UDIMA, que hubo polémica cuando el Gobierno de España trasladó las competencias de prisiones a Cataluña. "El problema está en que las Juntas de Tratamiento tienen determinadas competencias discrecionales, no sometidas a criterios técnicos, que pueden dar lugar a arbitrariedades", explica.

También existe la figura de la libertad condicional, aunque para concederse el condenado debe haber cumplido dos tercios de la pena. Esto significa que, sin indulto ni tercer grado, Junqueras saldría de prisión aproximadamente en 2026.

Pero la realidad es que, hipótesis aparte, el indulto es inminente. A la voluntad del Gobierno de concederlo se suma ahora la del líder separatista, que ha expresado por primera vez su decisión de recibirlo en pos de "aliviar el conflicto".

Junqueras, que antes decía de los indultos que "se los metan por donde les quepa", habla ahora de ellos como "gestos que pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana", según ha escrito en una tribuna publicada en el diario ARA y en La Sexta. Unas palabras que acercan aún más el perdón de la pena por parte de Moncloa.

Penas mínimas

Cabe recordar que la pena impuesta en su día a Junqueras no era la máxima que podía haber recibido: los fiscales pedían 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat, aunque la Abogacía del Estado se conformaba con 12.

En todos los casos, la Sala del Supremo optó por niveles medios y mínimos dentro de la horquilla de penas establecida en el Código Penal. A ninguno de los 12 condenados se le impuso la sanción máxima posible.

Los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa fueron condenados a 12 años, mientras que Joaquim Forn y Josep Rull, absueltos de malversación, recibieron 10 años y medio de condena.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán y figura clave para lograr la aprobación de una legalidad paralela con la ley de transitoriedad jurídica fundacional de la república catalana, fue condenada a 11 años y medio de cárcel. A Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, respectivamente, se les impuso 9 años de cárcel como dirigentes de la sedición.

Por último, los exconsejeros Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila sólo tuvieron una pena de multa a inhabilitación por desobediencia.

Tras ser juzgados, la Generalitat concedió un tercer grado a los líderes del procés, pero esta medida fue revocada por la Justicia. Con el segundo grado, los seis presos de Lledoners siguen pudiendo disfrutar de 36 días de permiso al año, así como de salidas entre semana para trabajar o hacer voluntariado. Unas condiciones bastante benévolas en comparación con la de otros presos comunes.

Aunque el presidente del Gobierno pidió en su día el "cumplimiento íntegro" de las penas para todos los condenados -algo que ahora considera "vengativo" y "revanchista"-, la medida de gracia que planea ahora dejará a Junqueras con unos 3.400 días de condena perdonada. Más de nueve años. Y todo ello contra la voluntad de una amplia mayoría de españoles, de la Fiscalía y del Tribunal Supremo.