Los colectivos LGTB están cumpliendo su amenaza al PSOE, que será vetado en las celebraciones del Orgullo si antes no apoyar por escrito la ley Trans que propone el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Como advirtieron el pasado 18 de mayo a las puertas del Congreso, los socialistas no serán aceptados si mantienen su negativa a la llamada "autodeterminación de género".
EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento [consúltelo aquí en PDF] que ha hecho circular la asociación Lambda, colectivo LGTB+ por la diversidad sexual, de género y familiar, e integrad en las principales federaciones, como "condición obligatoria para participar en la manifestación del Orgullo" convocada el próximo 28 de junio en Valencia. Y los nueve puntos que incluye son el resumen, letra a letra, de las posiciones de Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición.
Este periódico ya informaba este sábado en exclusiva de que el presidente, Pedro Sánchez, ha cedido en la principal de estas reivindicaciones, y ha aceptado que el Ministerio de Justicia busque acomodo, junto con el de Igualdad, a la llamada "libre autodeterminación de género", que los colectivos califican de un "derecho humano irrenunciable".
La Federación Plataforma Trans fue la promotora del veto al PSOE si no rectifica sus posiciones. Su presidenta, Mar Cambrollé, recuerda que la norma "repercute en la vida de más de 130.000 personas trans" en España. Y no se fía siquiera de esa firma exigida. "Para documento firmado, ya tenemos el acuerdo programático que han incumplido".
La exigencia, en el caso de esta asociación -que apoyó y participó en una huelga de hambre de familias afectadas- "es condición que la ley pase al Consejo de Ministros antes del Orgullo". Y que el texto no ponga condiciones ni de tiempo, ni de edad "ni de ningún tipo".
Según recuerda la exdiputada socialista Carla Antonelli, en conversación con este periódico, ésta es una reivindicación "de todos los colectivos trans, de la FELGTB, de la asociación Chrysallis, la Fundación Triángulo y de la Plataforma Trans".
Es decir, que "la persona que ostente la máxima representación" del PSOE deberá hacer constar su nombre, cargo y firma en un documento que "obliga públicamente a la organización firmante a mantener el cumplimiento" de los nueve puntos. Un texto de adhesión "que supone la asunción de las reivindicaciones". Y como reza el texto, "la central es conseguir una ley Trans estatal que recoja todas y cada una de las reivindicaciones del activismo trans".
Así, el PSOE deberá comprometerse por escrito al reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico de que la condición sexual no es la que define al género masculino o femenino, sino que éste es un sentimiento interno que debe ser reconocido legalmente con la mera expresión del mismo.
Y todo a pesar de que no es su tradición y de que las feministas socialistas han mostrado reiteradamente su rechazo a un concepto que calificaba como una manipulación interesada de conceptos "fundamentales en el feminismo como son el sexo y el género" que pone "en riesgo el propio concepto jurídico y sujeto político mujer".
Pero Antonelli, que siempre se ha desmarcado de esa posición del PSOE tradicional, recuerda que "la ponencia de 2019 del Partido Socialista ya recogía la libre autodeterminación de género, no tiene sentido lo que está pasando". La también activista trans, de hecho, señala una paradoja: "El núcleo del borrador de la ley que impulsa Unidas Podemos está copiado de esa ponencia del PSOE".
Negociación estancada
Pero ahora, ése es el principal escollo de una negociación que mantiene la ley Trans atascada en el seno del Consejo de Ministros y que ha elevado las tensiones, una vez más, entre Irene Montero y Carmen Calvo.
La vicepresidenta primera, secretaria de Igualdad del PSOE, es frontalmente contraria a este concepto, y a los derivados jurídicos que le acompañarían. Y además, ella era la ministra titular del Ministerio de Igualdad en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, hasta el acuerdo de coalición.
Varias fuentes del Gobierno aseguran que el presidente la ha apartado de las negociaciones de la ley, precisamente para que el Ejecutivo busque una solución de compromiso. Con eso, los socialistas podrían salvar su presencia en el Orgullo, después de que los colectivos LGTB principales amenazaran en mayo, a las puertas del Congreso, con vetar la presencia del PSOE, o boicotearla si dirigentes socialistas se empeñaban en acudir a las manifestaciones de este año.
Aquel día, los socialistas hicieron decaer una proposición de ley Trans presentada por ERC y otros grupos afines que era "un calco" de la de Unidas Podemos, y contó hasta con el apoyo de Ciudadanos. Pero la abstención del PSOE y los votos en contra de la oposición de PP y Vox la bloquearon.
Ahora, el equipo de Juan Carlos Campo ya ha logrado varias cesiones en las negociadoras de Irene Montero para desbloquear la norma, "y lograr que llague al Consejo de Ministros antes del Orgullo": para empezar, ha fusionado los textos trans y LGTBI, que ya son solo uno.
Además, Unidas Podemos ya no exige que ésta sea inmediata "y con el mero deseo expresado" de la persona interesada. Según los borradores del texto, las moradas -las negociadoras son todas mujeres- ahora sí aceptan que sea necesario esperar "un periodo de tres meses" desde la solicitud "hasta una ratificación presencial en el Registro Civil" del cambio legal de género.
También habría logrado el PSOE que Unidas Podemos se avenga a otra salvaguarda: hará falta "un testigo" que dé fe de la condición trans de la persona solicitante. Las fuentes admiten que el acercamiento puede servir para que ambas posiciones salven la cara ante sus bases respectivas. Unidas Podemos lograría lo que siempre ha defendido Irene Montero, "será ley", y el PSOE se garantizaría "la seguridad jurídica" de la norma.