El Gobierno aprueba la libre autodeterminación de género, que rechazaba el PSOE hasta hace un mes

El empeño de Irene Montero "será ley". De hecho, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros después de "muchos meses de negociación", según fuentes del Ministerio de Igualdad.

"Hoy es un día histórico", ha dicho la ministra, para quien "esta ley muestra la fortaleza del Gobierno de coalición, su alianza con las personas trans y LGTBI y nos pone en la vanguardia de Europa".

El "acuerdo importantísimo" de PSOE y Podemos ha cristalizado en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que este martes ha pasado su primer trámite en Moncloa.

Irene Montero, que compareció en la sala de prensa acompañada del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, coproponente de la ley, se mostró "satisfecha" y "orgullosa" del "gran trabajo" y del acuerdo alcanzado con el socio de la coalición.

"Ésta es una ley también para las miles de mujeres feministas, que sabemos que si no llegamos todas no llega ninguna", dijo la ministra de Igualdad tras las protestas del feminismo clásico.

La portavoz, María Jesús Montero comenzó la comparecencia arremetiendo contra "la oposición de PP y Vox a las leyes de avances sociales". Al poner como ejemplo esta norma y la Ley de Eutanasia, comparó a los populares con "gobiernos de otros países que en estos días están impulsando legislaciones homófobas", en clara referencia a la Hungría de Viktor Orbán.

La norma es un desafío histórico, una victoria de las tesis del feminismo de Unidas Podemos, que es distinto del del PSOE. Y es así porque recoge la "libre autodeterminación de género", aspecto al que se negaba Carmen Calvo, que fue ministra de Igualdad en el primer Gobierno de Pedro Sánchez y sigue siendo la secretaria del ramo en el Partido Socialista.

La autodeterminación quiere decir que cualquier persona podrá cambiar su nombre y su sexo registral en función del género que diga expresar libremente. Así será, con acuerdo de sus padres o representantes legales, en menores de 14 a 16 años -de 12 a 14 sólo se podrá vía judicial, y los menores de 12 sólo podrán cambiar el nombre- y a partir de los 16 años para todos los adultos (y adultas) sin necesidad de ningún paso por terapias, certificados o ningún otro trámite.

El temor de que esto "borre los derechos de las mujeres" fue el motivo de un comunicado oficial del propio PSOE firmado hace sólo un año, con las rúbricas de Calvo, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El documento rechazaba de plano el concepto de la autodeterminación de género alegando que pone "en riesgo el propio concepto jurídico y sujeto político mujer". Pero desde hoy ya es un anteproyecto del Gobierno de coalición entre socialistas y morados: "Será ley".

¿Cómo queda la posición de Carmen Calvo después de esto, dentro del Gobierno? Como mínimo, tocada. Campo reconoció la "sensibilidad" de la vicepresidenta durante la rueda de prensa, sin que nadie le preguntara, justo tras agradecer "el placer de trabajar con la ministra Montero en un día que será recordado por llevar felicidad y derechos a las personas".

Pero lo cierto es que esta norma no es la que quería el PSOE. El presidente Sánchez dio por perdida la batalla hace un mes, cuando los colectivos liderados por la Federación Plataforma Trans amenazaron a los socialistas con el boicot en las marchas del Orgullo.

Que hubiera ley antes de esta misma semana era la condición sine qua non para el PSOE. "Es condición que la ley se apruebe antes del Orgullo". Y que el texto no incluya condiciones ni de tiempo, ni de edad "ni de ningún tipo".

Maduración y estabilidad

Eso, casi, está en el texto. Porque contempla las salvaguardas de edad ya descritas y porque impone la "salvaguarda jurídica" de que la persona que cambie su sexo registral no vea eliminada su condición jurídica previa: es decir, que no se beneficie de manera retroactiva de su cambio de género. Además, se exigen dos conceptos "marcados por el propio Tribunal Constitucional", en palabras del ministro Campo, "que son la maduración y la estabilidad".

Por eso se marcan esos tramos de edad, explicó el titular de Justicia, para que se proteja a los menores de hasta 12 años y se controla su maduración hasta los 14 vía judicial y hasta los 16 simplemente con el acuerdo de los progenitores. Y por eso se reclama una doble confirmación "con un lapso de tres meses" de la persona solicitante del cambio registral.

Es más, la ley prevé incluso la reversibilidad del cambio registral. "Sólo se podrá hacer una vez, y bajo dos circunstnacias: siempre dejando pasar un periodo de seis meses y siempre pasando por la vía judicial". En este caso sí, para todas las edades.

Así es como los socialistas tratan de salvar su posición, hasta hace muy poco abiertamente beligerante con la de Irene Montero. El lado morado, por ejemplo, fusionó los anteproyectos de Ley trans y de Ley LGTBI, cediendo ante el PSOE en su compromiso con los colectivos de impulsar dos normas diferenciadas.

Disidencias en el PSOE

Las presiones para que diputados socialistas rompan la disciplina con la ley Trans son enormes. Es cierto que lo aprobado en el Consejo de Ministros, este martes, es sólo el anteproyecto. A la norma aún le queda pasar los filtros de todos los informes de las instituciones del Estado implicadas -el Consejo de Estado y el CGPJ, por ejemplo-, el trámite parlamentario en comisión y ponencia, y el debate final.

En ese lapso, las feministas tradicionales aún confían en poder borrar del articulado la libre autodeterminación de género, "para que no se borren las conquistas de derechos de las mujeres".

La ministra de Igualdad dijo no tener ningún temor a las posibles disidencias en el PSOE. Montero está satisfecha con el texto presentado que, finalmente, cumple con todos los postulados que marcaba el programa electoral de Unidas Podemos y va más allá de lo que se puede leer en el acuerdo de coalición con el PSOE: "Hemos llegado a un acuerdo".

Para la ministra y número dos de Podemos, lo importante no es la polémica y el retraso en la aprobación de la norma, sino que "se mejora la vida de las personas trans". Y aunque en el texto finalmente no aparezca el término "libre autodeterminación del género", defiende que eso es lo que se regula, más allá de la terminología elegida.

Montero destaca que la nueva norma permitirá que las personas de este colectivo no estén obligadas a hormonarse para cambiar su género de cara a las administraciones. "La clave de la ley es que las personas trans deciden y dicen quiénes son ante las administraciones, y no les obligamos ni a hormonarse ni a que nos demuestren que no están enfermas para poder cambiar su identidad de género".

La ley es un compendio de derechos y garantías para las personas trans y LGTBI. Por ejemplo, las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja volverán a tener derecho a la reproducción asistida, "tras siete años sin acceso a este derecho en el Sistema Nacional de Salud". Se prohíben las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación sexual o la libre expresión de género. Y se garantizan los derechos de las personas intersexuales -con genitalidad no definida o doble-.

Pero la clave de la ley es, según dicen sus impulsores, "despatologizar" la condición de género. En todo caso, según destacan fuentes de Igualdad, la norma también garantiza un acompañamiento médico especializado a las personas que sí quieran pasar por un proceso de hormonación.