Ayuso exigirá a Sánchez respeto a la "autonomía fiscal de Madrid" y una EBAU única en toda España

Para empezar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en consonancia con sus últimas declaraciones, exigirá al jefe del Ejecutivo "que los madrileños no paguen la fiesta independentista".

Ayuso es consciente de que Sánchez y Pere Aragonès acordaron el 29 de junio "encontrar una solución" a las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 exdirigentes del procés, y no está dispuesta a "pagar la factura golpista, porque ésta no va a ser gratuita".

La segunda gran reivindicación de la lideresa popular será la defensa de "la autonomía fiscal de Madrid". El viernes pasado, en la clausura del curso de verano de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Ayuso criticó que Sánchez haya castigado a los madrileños "por no haber votado PSOE".

En ese sentido, la presidenta advertirá a Sánchez de que recurrirá "ante todas las instancias" si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en "armonizar impuestos" que ya están cedidos a las Comunidades Autónomas. El plan, desvelado por Moncloa, es el de obligar a que Madrid, que tiene bonificados casi al 100% los de patrimonio, sucesiones y donaciones, tenga un gravamen mínimo que no pueda saltarse.

No fue ningún miembro del Gobierno, pero sí uno de sus socios preferentes, Gabriel Rufián, el que acordó con Pedro Sánchez una comisión para estudiar el "dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid. Y desde entonces, tanto el socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, como las izquierdas independentistas insisten en el concepto.

Ayuso reivindica "la política de impuestos bajos" como el mejor método de dinamizar la economía, y la "libertad de empresa" como "la mejor manera de crear empleo", que es, en su opinión, "la mejor política social, no la de las subvenciones".

"Educación en libertad"

La presidenta no se olvida de la polémica ley Celaá, aunque haga ya meses de su entrada en vigor. Ése es su tercer asunto principal.

Según Ayuso, la norma impulsada por la ministra de Educación "priva a los estudiantes del derecho constitucional a aprender el español", en un "pago a los socios independentistas" que, de hecho, venía reflejado en la Agenda del reencuentro a partir de la que Sánchez quiere negociar con Aragonès. 

Además, hay que recordar que Madrid adelantó este año la tramitación de los conciertos para colegios privados para sortear, siquiera por un ejercicio, las condiciones que impone la ley Celaá.

Los populares madrileños denuncian que la norma "cercena la libertad de las familias para elegir la educación concertada y especial". Moncloa lo niega, pero lo cierto es que cambia las condiciones de una y otra. Y los colectivos de padres y de centros afectados se movilizaron masivamente para evitar su entrada en vigor.

Todo el Eje Prado-Recoletos-Castellana, atascado de vehículos contra la Ley Celaá. ADP

Por otro lado, la presidenta madrileña echará en cara la relajación de los criterios de mérito en las pruebas de acceso a la Universidad gracias a las facilidades dadas por el Ministerio de Educación.

Fue la propia Celaá la que dio permiso para que, con motivo de la Covid, también en este curso las CCAA pudieran permitir acceder a la EBAU con asignaturas suspensas. "Eso perjudica a los alumnos madrileños", tiene anotado Ayuso en su carpeta, que reclama una selectividad única en toda España. Según Ayuso, "no es justo" que estudiantes de otras regiones pudieran presentarse con asignaturas suspendidas, y "no los estudiantes madrileños".

Plan de natalidad

Cuando en su discurso de investidura, el pasado 17 de junio, la presidenta presentó su plan de fomento de la natalidad se la acusó de "xenófoba" y de promover un supuesto "nacionalismo madrileño". Las condiciones que planteaba -ser madre menor de 30 años y llevar más de una década empadronada en la Comunidad de Madrid- motivaron la crítica de las izquierdas.

Sin embargo, ése es el cuarto punto que lleva Ayuso a Moncloa. Una propuesta para compartir con el Gobierno. La idea es "ver líneas estatales que nos permitan hacer nuestro plan de natalidad más ambicioso".

Fuentes de su entorno explican a EL ESPAÑOL que las barreras impuestas de inicio al plan en Madrid tienen, cada una, un objetivo. El de la edad tope en 30 años es, efectivamente, ponerle algo más fácil a las mujeres jóvenes la maternidad, "porque es ahí donde tenemos el problema", apuntan. Las mujeres tienen su primer descendiente demasiado tarde y eso dificulta la "tasa de reposición" de dos hijos por mujer fértil.

Isabel Díaz Ayuso, anuncia su plan de natalidad durante el pleno de su investidura, el 17 de junio. EP

La segunda condición, el empadronamiento de 10 años, simplemente pretende que Madrid no ejerza de "aspiradora de población" por este motivo. Que no haya un turismo de cheque bebé. Porque las ayudas son cuantiosas: cada mujer recibirá 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño cumpla dos años. Es decir, un total de 14.500 euros por cada nacimiento.