El Comité de la ONU que ampara a Garzón también calificó de "arbitraria" la detención de Junqueras

Fue en mayo de 2019, cuando el líder de ERC, al igual que los conocidos como "los Jordis", Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y otros de los encausados permanecían en prisión preventiva a la espera de la condena del Supremo que se produjo, finalmente, en octubre de aquel año. 

Un comité dependiente de ese Comité de Derechos de Naciones Unidas dijo que la detención de Junqueras y los Jordis, que se produjo tras la huída de España del ex presidente catalán, Carles Puigdemont, fue "arbitraria". Algo que a juicio de ese grupo de trabajo de las Naciones Unidas hubiera requerido de una investigación e, incluso, indemnizaciones por parte del Estado español.

No son, ni la de Garzón ni la de Junqueras, las únicas veces que este Comité se ha pronunciado sobre resoluciones de los tribunales españoles. Pero el año pasado, el Tribunal Supremo resolvió sobre una de ellas, referente a uno de los condenados por el Caso Banesto, al que también daba la razón pese a la pena en su contra. El Alto Tribunal puso en duda el valor de esas resoluciones de la ONU, que no son "ejecutables" en nuestro país, según confirman fuentes judiciales, que especifican que "si el Gobierno no cumple, no hay sanción alguna ni hay medidas coercitivas que le obliguen".

En aquella sentencia del TS, en la que participó el presidente del tribunal, Carlos Lesmes, se establecía que únicamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo, tenía capacidad para, eventualmente, invalidar resoluciones de la Justicia española.

El ex juez Garzón, que ejerce ahora como abogado, pedía tras conocer la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en declaraciones a El País ser reintegrado como juez en ejercicio, algo para lo que quedó inhabilitado por haber cometido prevaricación en su instrucción del caso Gürtel. El TS daba por acreditado que Garzón había ordenado irregularmente escuchas en la cárcel a varios de los encausados con sus abogados. 

El que fuera magistrado estrella de la Audiencia Nacional durante muchos años afirma ahora que "yo soy juez, es como me siento. Ahora tengo que estudiar el cauce más adecuado para que eso se produzca. Lo tengo que solicitar porque sé que de oficio no lo van a hacer. Esto afecta a organismos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que tomar una posición". Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que en todo caso la petición debería ser al propio Gobierno español y no al órgano de gobierno de los jueces, dado que el tratarse de un organismo internacional su carácter es "directamente ejecutivo".