Irene Montero fomentará el ‘parto natural’ en ‘centros de nacimiento’ fuera de los hospitales

Los colegios profesionales han saludado esta primera toma de contacto con "los brazos abiertos" y se han comprometido a ser "parte activa" en la reforma de la ley del aborto y en otros aspectos relacionados con el parto, como los llamados centros de nacimiento. Se trata de un modelo de atención a la hora de dar a luz que algunas asociaciones de matronas han puesto sobre la mesa y que Montero ha aceptado estudiar.

En la actualidad, España apenas contempla la puesta en marcha de centros de nacimiento o casas de partos. Estos espacios –en el resto del mundo suelen ser de titularidad privada y gestionados por matronas– tienen como principal atractivo ofrecer a las madres protocolos específicos para el desarrollo del parto natural.

En nuestro país no son muy comunes aunque, según las asociaciones que los reclaman, sí son demandados. Uno de los pioneros, de titularidad concertada, es el que se puso en marcha en el Hospital Sant Joan de Diu (Martorell). En este espacio se practica el modelo one to one (matrona por madre), pero sigue estando incluido en el espacio físico del hospital.

Según ha sabido EL ESPAÑOL a través de algunos asistentes a la reunión con la ministra, lo que se le propuso a Montero, y esta vio con buenos ojos, fue normalizar la puesta en marcha de este tipo de centros sin que estén necesariamente ligados a la gestión pública.

Por el momento, se desconoce si el compromiso de la ministra surtirá efecto en un corto espacio de tiempo. Lo que sí está claro es que se trata de un proyecto cada vez más consolidado en el viejo continente.

De hecho, la Asociación de Matronas de Europa ya ha aprobado la que podría ser la base de estos futuros centros de nacimiento en España. Y es que, como recuerdan fuentes de la cita con Montero, para poner en marcha estos espacios habría que legislar su gestión y el papel de los profesionales sanitarios. 

En el documento internacional se prevén diferentes tipologías de casas de partos, desde los más pequeños e integrados –una Unidad de Parto dentro de un hospital o una Casa de Parto integrado– hasta la Casa de Parto independiente. La mayor diferencia está en el tipo de gestión: si está liderada por matronas o por ginecólogas; y si está vinculada a un entorno hospitalario o no.

Aborto y violencia obstetricia

Junto a la posible puesta en marcha de estas casas de nacimiento, tanto dentro como fuera de la sanidad pública, la reunión de la ministra estuvo marcada por la futura ley del aborto. Montero se comprometió con los profesionales sanitarios a tener redactado un borrador antes de final de año.

En este sentido, los colegios profesionales han avanzado que se van a poner a trabajar en esta normativa de forma individual con sus asociados. La idea es que, tras una evaluación individual de cada actor implicado, todos pongan en común con Igualdad y Sanidad los puntos a tratar.

Tal y como han asegurado desde la Organización Médica Colegial (OMC), el proceso de reforma de la ley del aborto pretende "involucrar y contar con la experiencia de profesionales y agentes implicados en salud sexual y reproductiva, con el fin de enriquecer el debate, analizar las carencias existentes y proponer avances en la materia".

Uno de los aspectos más controvertidos de la futura norma son las declaraciones de la propia ministra Irene Montero. En varias ocasiones ha manifestado que el derecho de las mujeres debe prevalecer para que se le practique un aborto, aunque sea por encima de la voluntad de los propios doctores.

Hay que recordar que, en la comunidad médica, existe la posibilidad de declararse objetor de conciencia y no practicar dicha técnica. Algo que, según Montero, supone un problema para algunas mujeres que no pueden interrumpir la gestación en su Comunidad Autónoma porque "sólo hay médicos objetores".

Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), recordó durante la reunión que las acciones médicas, "tanto en el comienzo como en el final de la vida", siempre han estado cargadas de un alto interés ético por su repercusión ideológica, personal y moral.

En ese sentido, García Romero manifiesta que "forzar la conciencia de los profesionales en cualquier sentido, bien a favor o en contra de un cumplimiento, y desde voluntades ajenas de terceros, es inconstitucional y deontológicamente rechazable".

"Que un derecho ciudadano o una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible a los ciudadanos no depende solo del profesional que por razones morales pueda objetar a su realización. Se debe garantizar a través de los dispositivos asistenciales públicos previstos para tal fin manteniendo idéntico nivel de calidad y accesibilidad en la respuesta", exponen los médicos.

Aborto en menores

Otro de los aspectos que pretende cambiar Montero en su nueva regulación del aborto son los tres días de reflexión que tiene la gestante para decidir interrumpir el embarazo. Sobre esto ya se manifestaron diferentes asociaciones profesionales como el sindicato médico, CESM. 

Rocío Fernández, secretaria técnica de Igualdad de CESM, explicaba a EL ESPAÑOL que estos tres días no son una medida "disuasoria" -como ha dado a entender la ministra-, sino algo "garantista" para la salud de la mujer.

Según explicaba la facultativa, estos tres días se dan "no sólo por el tema moral de la decisión", sino también por los efectos secundarios que puede acarrear un aborto en la salud de la mujer.

"Se da un consentimiento informado, que es una obligación, y se permite a la mujer que lo reflexione en su casa. Al final un aborto es una técnica invasiva que puede tener efectos secundarios", explicaba.

Además, Fernández recordaba que la paciente puede precisar de unos días de baja o una cierta organización, por lo que estos tres días también pueden ayudarla. "Quitarlos es una estupidez", sentenciaba.

El último aspecto que Montero ha adelantado que quiere modificar de la ley del aborto es la edad legal para hacerlo. Algo sobre lo que los profesionales sanitarios prefieren no pronunciarse todavía. Sí ha disgustado a algunos grupos parlamentarios, como el Partido Popular.

El objetivo principal de Montero es suprimir la obligatoriedad para las menores de 16 y 17 años de contar con el consentimiento paterno si desean interrumpir la gestación. Una modificación que se incluyó en la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015.