Desde que el jueves 23 de septiembre el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, fuera detenido en Cerdeña la actualidad política de España ha girado en torno a una sola pegunta. "¿Se sentará el expresident frente a los jueces españoles?". Cuestión que también se han hecho los líderes de los diferentes partidos políticos de España y que les ha llevado a un cruce de acusaciones sobre la culpabilidad de la situación
Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra y el PSOE, entre otros, se han enzarzado en buscar la mano negra por la que el expresident podría volver o no a España. Mientras que el PP acusaba veladamente a Pedro Sánchez conocer el "error consentido" de la Fiscalía General del Estado, el PSOE recordaba que Puigdemont "huyó cuando gobernaba Mariano Rajoy" al tiempo que pedía paciencia y "respeto absoluto" hacia los poderes judiciales, tanto en España como en Europa.
La vuelta de Puigdemont dependerá del juez y de su interpretación pero, hasta que esto ocurra, los partidos vaticinan y elucubran sobre las razones y los por qué. El que ha sido más duro en sus acusaciones ha sido Teodoro García-Egea, número dos del PP, que ha pedido a Pedro Sánchez demostrar que la libertad de Puigdemont no ha sido un "error consentido".
Menos velada ha sido la acusación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán que ha insistido en que "cuando Puigdemont huyó de la justicia gobernaba el PP". Por ello, ha instado a la líder del PP, Pablo Casado, a que "se centre" porque "los socialistas saben lo que hay que hacer: dialogar, dialogar y dialogar".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido calmar las aguas insistiendo que en que la orden europea de detención y entrega es un diálogo entre tribunales de la Unión Europea. "Por lo que son estos los que tienen que dialogar entre ellos y dictar las resoluciones".
Grande-Marlaska ha ratificado, además, en que ninguna autoridad española "de ningún tipo ni departamento" estaba presente en la detención de Puigdemont, "ni antes ni durante ni después", desmintiendo las palabras del abogado del expresidente catalán. Y ha vuelto a apuntar que, a su juicio, "todo ciudadano reclamado por la justicia española debe de comparecer ante esta".
Visión de ERC y Junts
Al otro lado de la interpretación de los hechos se encuentran los partidos independentistas que acusan al Gobierno Español de ser "incapaces" de entender la verdadera justicia. Así lo ha asegurado el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Para Junqueras, la justicia italiana ha tomado la decisión de dejar en libertad al expresidente "con plena conciencia y sabiendo que no se puede alejar mucho de los otros países" como Alemania, Bélgica, el Reino Unido y Suiza.
"Esperamos que los poderes del estado, el Tribunal Supremo y el Gobierno español tomen buena nota, igual que tendrían que hacer con las declaraciones y decisiones que ha tomado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidiendo la libertad de los presos y retorno de los exiliados, así como con un informe en esa línea de la Asamblea Parlamentaria", ha apuntado.
Mientras tanto, el vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha calificado de extraño que el Tribunal Supremo no hubiera desactivado la euroorden contra Puigdemont cuando el Gobierno había informado de ello, según él. "Veremos quién ha mentido y si ha habido conjura", algo que para él sería muy grave, en sus palabras.