Vox renuncia al 'pin parental' en Madrid y pide sólo "transparencia" como en Murcia y Andalucía

Pero ha sido en balde, pues no ha logrado su implantación ni en Andalucía ni en la Región de Murcia, donde los de Santiago Abascal sostienen externamente los respectivos gobiernos de Juanma Moreno y Fernando López Miras.

Aprendida la lección, ya han cesado de solicitar esta medida en la Comunidad de Madrid. La líder de Vox en la región, Rocío Monasterio, se ha resignado y se conforma ahora con que Isabel Díaz Ayuso garantice la "transparencia" en los centros para que los padren sepan "qué y quién imparte contenidos en escolares y extraescolares".

Lo hace como parte de una de las 44 condiciones, en forma de enmiendas parciales, que ha puesto para apoyar la ley maestra de libertad educativa de la Comunidad de Madrid; una ley con la que Ayuso pretende "blindar" la concertada frente a la Ley Celaá, y que empieza su tramitación parlamentaria este jueves.

Para su aprobación, el Partido Popular tiene que superar dos escollos: las enmiendas a la totalidad presentadas por las tres izquierdas (Más Madrid, PSOE y Podemos) y las exigencias de Vox, aunque estas serán "asequibles", según admiten desde el Gobierno regional.

Díaz Ayuso concederá a la formación a su derecha la aceptación de una enmienda que reza que "cada centro deberá publicar en su página web e incluir en el sobre de matrícula el documento organizativo del centro, oferta educativa disponible, ideario del mismo, listado y precio de todas las actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares".

Una solución intermedia al pin parental que ya se adoptó en Murcia y Andalucía, donde los centros deben informar una semana antes a las familias del contenido de las sesiones complementarias. Algo que de facto también sucede en Madrid por exigencia de Vox, según admiten fuentes del Gobierno, y que no alcanza a lo que Monasterio prometía a sus votantes en la campaña electoral del pasado 4-M.

La ley educativa

Además de esta exigencia de "transparencia", Vox solicita la gratuidad en todas las etapas educativas, incluyendo Infantil, Bachillerato y Formación Profesional. "La gratuidad tiene que ser una prioridad en una comunidad autónoma como Madrid, que presume de tener los mejores datos económicos, y que tiene que garantizar que ningún niño se quede atrás", ha explicado Monasterio este martes en rueda de prensa, donde ha exhortado a la presidenta regional a "ser valiente" ante una ley -la Ley Celaá- que "ataca la igualdad de oportunidades y es totalitaria".

La presidenta de la Comunidad de Madrid necesita de nuevo el apoyo de Vox, aunque sea en forma de abstención, para sacar adelante una de sus normas más importantes del curso político. A priori no habrá problemas, pues ya se han puesto de acuerdo el último mes para modificar las leyes LGTB en la región o para recortar el presupuesto de Telemadrid.

El Partido Popular no necesitará entonces los votos de la izquierda, que en su conjunto suma menos escaños (58) que el partido del Gobierno regional (65).

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no han presentado un texto alternativo, sino que directamente han exigido que el proyecto de ley sea devuelto al Gobierno autonómico para que elabore una nueva redacción. Una enmienda a la totalidad ante una norma que, en su opinión, forma parte de la estrategia de "confrontación" del Gobierno autonómico con el de la nación.

Rechazo de la izquierda

La líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha afirmado que la norma es sólo un instrumento de "confrontación" con el Gobierno de Pedro Sánchez y "no aborda ninguno de los problemas" de la educación en la región.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, en una sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Asamblea. E.P.

Una opinión muy similar a la de la portavoz socialista, Hana Jalloul, que ha recalcado que la ley maestra de libertad de elección educativa es otro intento de "confrontación y polémica" con el Ejecutivo Central. Pero la líder del PSOE en la Asamblea de Vallecas, a diferencia de García, sí ha anunciado que propondrá una ley alternativa en la que "están trabajando".

"La ley maestra no aporta soluciones, sólo busca confrontar con el Gobierno central", ha coincidido también la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

Tramitación "exprés"

Isabel Díaz Ayuso presentó su ley educativa el pasado mes de julio con el objetivo de beneficiarse de la "ambigüedad" de la Ley Celaá para "proteger" a la concertada y la libre elección de centros por parte de los padres, dos pilares del sistema educativo madrileño.

La ley maestra de libertad educativa dota al sistema regional de la seguridad jurídica necesaria para poder continuar con este modelo de enseñanza sin entrar en contradicción directa con la redacción de la LOMLOE. Asimismo, también prevé el establecimiento del castellano como "lengua vehicular y oficial" y permite la segregación por sexos en las aulas.

El Gobierno regional quiere adelantarse a la implantación de algunos aspectos de la legislación nacional para asegurar la educación concertada y la educación especial. Así, pretenden una "tramitación exprés" de una norma de la que se beneficiarán, aseguran desde el equipo de Gobierno de Ayuso, "más de 1,2 millones de estudiantes".