La nueva ley de Vivienda contradice las garantías que dio Sánchez a los grandes fondos de EEUU

Esta semana, clave para la negociación presupuestaria, el presidente del Gobierno tenía que decidir ante quién contradecirse. Y optó por anunciar el acuerdo para los Presupuestos. Es decir, por aceptar el ultimátum del ala morada del Gobierno, que es quien le sustenta en Moncloa junto a los aliados independentistas del Congreso: "Sin ley de Vivienda con alquileres no hay Presupuestos".

No hacía ni dos semanas que el jefe del Ejecutivo había revolucionado su Gobierno, sacando del mismo a su mano derecha y a su mano izquierda, Carmen Calvo -la "enemiga" de los morados- y José Luis Ábalos -el que acusó a Iglesias de querer un modelo como "la renta antigua franquista"-. Y tras el Consejo de Ministros del 20 de julio, Sánchez se fue a Estados Unidos de roadtrip, en busca de inversores y para ofrecer "seguridad jurídica" a los que ya habían puesto sus dineros en España.

El ya exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana había sido el responsable -en función del tercer apellido de su departamento- de la negociación para la nueva normativa de Vivienda. Y había fracasado consigo mismo, según confesó a sus más cercanos, al haber sido destituido si parir la primera ley general de Vivienda de la democracia.

Y todo por los alquileres, el empeño de Unidas Podemos de no apoyar la norma sin que ésta incluyera "mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes" [consúltelo aquí en PDF].

"El PSOE nunca lo hará"

¿Quién mandaría a Iván Redondo aceptar ese órdago lanzado por Juanma del Olmo en la madrugada del 27 de octubre de 2020? ¿Por qué se pondría por escrito eso, y que la ley sería copropuesta por él y el departamento de Iglesias? "Si eso jamás lo aceptará el PSOE...", lamentaba una fuente cercana al hoy diputado Ábalos la semana pasada en el Congreso.

¿Nunca? Así lo comprometía Pedro Sánchez el pasado mes de julio a los representantes de los grandes fondos estadounidenses de inversión en vivienda el miércoles 21 de julio, en Nueva York. 

Al encuentro con la ministra de Industria, Reyes Maroto; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha asistieron representantes deAres Management Corporation, BofA, Blackstone, Bank of New York Mellon, JP Morgan, Brookfield, L Catterton, Lone Star, Morgan Stanley,Providence, Rokos Capital, Soros Fund Management, Wellington Management Group y AmChamSpain. 

De entre ellos, y a través de sus diversas firmas de inversión, es Blackstone la compañía con una mayor cantidad de pisos en alquiler en nuestro país. Se calcula que hasta 40.000, según el último informe de Atlas Real Estate Analytics.

Y a todos ellos, según fuentes consultadas por este diario, el presidente les garantizó que la futura Ley de Vivienda les "dará seguridad jurídica" y "no afectará a las inversiones" que puedan tener en España. 

Un café y una orden

Pero este martes, minutos antes de la reunión del Consejo de Ministros, convocada para las 9.30 horas de la mañana, Pedro Sánchez llamó a capítulo Yolanda Díaz, Ione Belarra, Félix Bolaños y María Jesús Montero para ordenar el cierre de las discusiones. El PSOE aceptaba lo inaceptable y Unidas Podemos accedía a reducir su efecto a la mínima expresión... sólo a personas jurídicas con más de 10 viviendas en cartera: es decir, los grandes inversores.

Las dos partes del Gobierno estaban impelidas por la necesidad de cerrar ya el capítulo de los Presupuestos y centrar sus fuerzas en las tres reformas legales de calado que debe tener aprobadas antes del 31 de diciembre. Dos de ellas, incluso, que exige la Comisión Europea para librar los 27.000 millones de euros del año que viene, correspondientes a los Fondos Europeos Next Generation EU.

Estas leyes son la de la reforma laboral, la de la reforma de las pensiones y la de la subida del Salario Mínimo para 2022, que Yolanda Díaz exige que llegue a los 1.000 euros al mes en 14 pagas.

Precisamente, las principales preocupaciones de los rectores de los fondos estadounidenses en su encuentro con Sánchez. A una deuda pública superior al 100% del PIB y la incierta conclusión de la reforma laboral se sumó, principalmente, el asunto de la intervención del mercado de los alquileres. Una norma que se había mantenido casi un año encallada hasta la mañana de este martes.