Los alquileres sólo bajarán dentro de tres años, donde no mande el PP y lo permita, al final, el PSOE

El acuerdo para la ley de Vivienda ha sido interpretado como un triunfo de Unidas Podemos, después de 11 meses y una semana de resistencia a darle curso a una norma que no incluía el compromiso firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 27 de octubre de 2020.

Pero debajo de un gran titular siempre hay un subtítulo y unos cuantos párrafos explicativos. En este caso, el subtítulo es que las Comunidades Autónomas donde mande el PP nadie fijará precios a la baja a ningún propietario... y para los párrafos explicativos, sigan leyendo, que hay materia: 

Según ha podido confirmar este periódico en fuentes de la negociación, la medida estrella de la ley de Vivienda, en realidad, no entrará en vigor hasta dentro de tres años. Como mínimo.

Como cualquier anteproyecto, tendrá que pasar por la primera lectura del Consejo de Ministros, deberá ser sometida a audiencia pública, luego ser informada por los órganos asesores (el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial), y finalmente pasar su trámite parlamentario, en ponencia y comisión, con periodos de enmienda prorrogables.

"Cambio de paradigma"

Estos trámites preceptivos no bajarán de año y medio hasta que la ley se vote en el pleno del Congreso. Pero es que, tal como confirman las fuentes consultadas, la norma incluye un periodo de carencia para la entrada en vigor de los índices de referencia de otros 18 meses. Es la llamada vacatio legis que se suele aplicar a normas cuya incidencia es tal que aconsejan un periodo de adaptación para los agentes afectados.

Yolanda Díaz presumía este martes del "cambio de paradigma" que suponía el enfoque morado de esta ley. Y efectivamente, la ley da tiempo a los afectados para prepararse ante ella.

Los índices de referencia son unas tablas elaboradas por el Ministerio de Transportes que van marcando un intervalo de precios por metro cuadrado construido estimados como lógicos en función de las variables socioeconómicas y urbanísticas de la zona en la que están ubicadas determinadas viviendas. En su elaboración también entran aspectos como el estado de conservación del inmueble y las dotaciones públicas que lo rodean, e incluso las conexiones de transporte a su alrededor.

La vacatio legis de la norma prevé que las Comunidades Autónomas no puedan solicitar la declaración de una zona como de "mercado tensionado" -es decir, con precios excesivos- hasta año y medio después de la entrada en vigor de la ley, tras publicarse en el BOE. Es decir, nunca antes de finales de 2024, cuando ya haya pasado, al menos, un año de la próxima legislatura. 

Pero es que además, hay otro detalle que este martes no explicaba Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al presentar el acuerdo entre los dos socios de la coalición. Y es que una vez que el ejecutivo autonómico en cuestión haya solicitado la declaración de zona tensionada "es el Gobierno el que decide", aclaran las fuentes consultadas.

Es decir, que aun si en las próximas elecciones generales se repitieran los resultados del 10-N y en Moncloa siguiera Pedro Sánchez apoyado por la plataforma de izquierdas que quiere montar Yolanda Díaz, seguiría decidiendo un ministro del PSOE, al frente de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la cartera que ahora ocupa Raquel Sánchez.

La batalla más larga

Toda esta batalla entre PSOE y Unidas Podemos comenzó incluso antes que hubiera coalición. En los primeros Presupuestos que acordó el presidente con su entonces socio externo, Pablo Iglesias, ya se incluyó la bajada de los alquileres por decreto. Luego, los socialistas no incluyeron la medida en un decreto sobre vivienda aprobado en aquellos "viernes sociales" y Podemos votó en contra de la convalidación del decreto.

La medida se explicitó aún más en la negociación de las primeras cuentas públicas conjuntas, y sólo así los morados dieron el sí a los Presupuestos de 2021. Tras casi un año en el que el PSOE se ha negado a incluirla en la norma, el pasado lunes Ione Belarra hizo "una última oferta", advirtiendo de que "sin alquileres no hay Presupuestos", como ya informó este diario.

Pero este martes, Sánchez reunió a Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Bolaños y Belarra, antes del Consejo de Ministros y les impuso un acuerdo... en el que todos cedían: el PSOE aceptaba la intervención del mercado y Podemos que se quedara en muy poca cosa.

El PP ya avisa de que no

Tan poca cosa que, en realidad, la medida puede crear una España de dos velocidades en eso de "garantizar el derecho a la vivienda", que repitió el ministro de la Presidencia hasta tres veces en la sala de prensa. Porque al menos 22 millones de españoles, gobernados por el Partido Popular en sus autonomías, no se verán afectados.

El PP es un partido autonomista, aun cuando eso le suponga desencuentros con personas de su mismo espectro ideológico, como quedó patente en la Convención Nacional celebrada la semana pasada, y con el partido a su derecha, Vox.

Feijóo, Ayuso, Casado y Moreno en la convención nacional del PP.

Pablo Casado suele argumentar su posición aludiendo a que desde sus gobiernos regionales se pueden enmendar algunas de las políticas del Ejecutivo central de izquierdas que considera perniciosas. Y ahora, con la nueva ley de vivienda pactada entre PSOE y Podemos y anunciada este martes, tiene una gran oportunidad de enarbolar ese discurso.

Dada la distribución competencial, y como ya se empiezan a maliciar algunos partidarios de la norma, la nueva ley se quedará sin efecto para veintidós millones de españoles, los que residen en Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León, todas ellas con presidentes populares, en el caso de las dos últimas en coalición con Ciudadanos, que tampoco es favorable a la anunciada ley. Esos gobiernos están dispuestos a no aplicarla y ya han manifestado, como el PP a nivel nacional, su rechazo al proyecto de Pedro Sánchez. 

Se trata de una norma, de la que aún faltan por conocer muchos detalles y que pretende, fundamentalmente, regular los precios de los alquileres y retirar privilegios fiscales a los grandes tenedores, que se definirán como aquellos que tengan al menos diez pisos o casas, aunque cuando sean empresas y no personas físicas, según informa Invertia.

Para esos grandes tenedores habrá también una regulación de precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado, fundamentalmente las que corresponden a grandes nucleos urbanos. Fuentes de la dirección del PP aseguran gráficamente que el Gobierno, en esta materia, "solo puede legislar de manera paraguas" dado que, explican, "las competencias están transferidas".

Desde la izquierda parlamentaria, el líder de Más País y diputado, Íñigo Errejón, daba la voz de alarma. "Unas buenas medidas para garantizar el derecho a la vivienda no pueden ser 'optativas' para ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Me temo que en más de la mitad del país no se aplicarán" señalaba. En su temor incluía la competencia municipal sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, que la norma negociada entre socialistas y podemitas pretende recargar hasta un 150% para los pripietarios de viviendas vacías. 

Almeida y el IBI

Otro importante dirigente del PP, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, mostraba su rotundo rechazo a la norma y dejaba claro que no se aplicará en la capital de España, precisamente una de las zonas de mayor mercado tensionado del alquiler. "El Ayuntamiento de Madrid no aplicará el recargo" afirmaba, y matizaba a continuación que, "en el caso de que nos obligue [la ley que apruebe el Gobierno], ya articularemos las medidas para que todos los madrileños puedan seguir disfrutando de la rebaja del IBI".

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se manifestaba también contra una reforma legal de la que, a su juicio, "no se desprende nada bueno, ni para inquilinos ni para propietarios".  

Por lo demás, las fuentes del primer partido de la oposición no descartan, incluso, un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) cuando la norma sea aprobada definitivamente en las Cortes. "Nos falta conocer el detalle concreto de la reforma, pero si lo que han hecho es clonar la Ley catalana de Vivienda, nosotros ya la hemos recurrido al TC" explican. 

Para los de Casado, lo que no tiene vuelta de hoja es que "no puedes intervenir por las buenas en un mercado, fijando precios". Y aunque aseguran que estudiarán jurídicamente la norma, admiten que "la pinta de lo que van contando es que puede ser anticonstitucional, porque tiene la misma música e incluso la misma letra que la ley que aprobó el Parlamento de Cataluña".  

El PP, como denunciaban este martes varios de sus dirigentes, incluida la ex ministra y miembro de la dirección, Elvira Rodríguez, estima que lo más grave de esa nueva ley de vivienda es que atenta tanto contra el "derecho a la propiedad" como contra la "seguridad jurídica". Argumentan que hay fondos internacionales que han invertido en España para alquiler de pisos, con una perspectiva determinada de precios que ahora podría cambiar radicalmente. Aunque no en las comunidades gobernadas por el PP.