PP y PSOE ya negocian los órganos constitucionales: "La relación es muy fluida, vamos a hablar de todo"

Tanto que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el número dos del PP, Teodoro García Egea, mantenían una primera reunión por la tarde. Según fuentes del Gobierno y del primer partido de la oposición consultadas por EL ESPAÑOL, apenas horas después de la sesión parlamentaria se establecía una "comunicación muy fluida" entre ambos que desbloquea la renovación de los órganos constitucionales en la prórroga de su mandato. Y esa comunicación, al más alto nivel, continuará en los próximos días. 

"Vamos a hablar de todo, y nosotros queremos renovar todo", insistía Bolaños este jueves en RNE. "Desde luego, la intención del Gobierno es que esta vez la negociación sea para renovar de verdad los órganos constitucionales, que llevan mucho tiempo en funciones".

La claves estaba en los verbos. Vamos a hablar y queremos renovar... que no es lo mismo. Porque todo partía de una oferta del PSOE hace tres semanas -en una entrevista en este periódico a su portavoz, Héctor Gómez- y la respuesta a la misma, este miércoles, de Casado.

En primer lugar, a mediodía hubo una llamada de Bolaños a García Egea. El hombre fuerte del Ejecutivo se apresuraba a primera hora de la mañana a convocar a la prensa en el patio del Congreso para recoger el guante lanzado por Casado y asegurar que se sentaría a negociar el relevo en los órganos constitucionales, aunque no solo, precisaba, "los que le apetezca al PP".

El líder de la oposición había planteado avanzar en la renovación del Tribunal Constitucional (TC), del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, aparcando el CGPJ, el escollo más difícil de salvar dada la exigencia de los populares de que la renovación lleve aparejada un cambio en la ley del Poder Judicial para que los doce vocales que son magistrados no sean elegidos como hasta ahora por las Cortes. O, como repiten incansablemente los populares y volvía a hacer Casado en el Hemiciclo, "que los jueces elijan a los jueces". 

Fuentes de los populares consideran que tampoco habría problema en abordar la renovación del CGPJ, cuyo presidente lo es también del Tribunal Supremo (TS), siempre que se cumplan sus exigencias, un planteamiento que no acepta Moncloa. Bolaños enfatizaba que hay que renovar "todos los órganos constitucionales, porque a todos nos obliga la Constitución".

Félix Bolaños, durante su comparecencia en el patio del Congreso. EFE

Las mismas fuentes del primer partido de la oposición aseguran que, de los tres órganos restantes, el más prioritario sería el TC, que precisamente este año se ha pronunciado dos veces en contra del estado de alarma con el que el Gobierno decretó el confinamiento en 2020 y, más recientemente, en contra del cierre del Congreso de los Diputados realizado en las primeras semanas de marzo del año pasado.

Cuatro de los 12 magistrados del máximo intérprete de la Carta Magna tienen caducado su mandato desde hace dos años. En el caso del Defensor del Pueblo, el ex diputado del PSOE Francisco Fernández Marugán, ejerce de manera interina desde 2017. 

Teodoro García Egea, este miércoles en el Congreso. EFE

Gómez y Gamarra 

En el origen del cambio brusco de los acontecimientos que se producía este miércoles está, en parte, los cambios en la cúpula socialista del pasado verano. El nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha publicitado los primeros contactos con Cuca Gamarra... pero no todos. La línea con el entorno popular ha seguido abierta.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el primer mandato de Pedro Sánchez a Héctor Gómez al llamarlo a Moncloa para comunicarle que lo quería de portavoz parlamentario en sustitución de Adriana Lastra, fue que lograra "tú verás cómo", que el PP accediese a la renovación de los órganos constitucionales.

Sánchez y Héctor Gómez detrás. EFE

Gómez, un político casi desconocido hasta su nombramiento como portavoz, sabe moverse con discreción. No en vano, como secretario de Relaciones Internacionales de la Ejecutiva del PSOE, está acostumbrado a mantener contactos discretos con partidos hermanos en misiones pocas veces conocidas. Y eso es lo que ha ocurrido en el último mes, tal como ha confirmado este diario. Socialistas y populares han mantenido contactos discretos midiendo los tiempos y las "concesiones" al micrófono.

Hace tres semanas, Gómez planteó, en EL ESPAÑOL, "empezar a hablar del Constitucional" al PP, "y dejar el CGPJ a un lado, de inicio", para favorecer el desbloqueo.

La oferta no obtuvo respuesta de los de Casado, pero fuentes de la portavocía popular confirmaron a este periódico que se estaban produciendo aproximaciones, siempre atribuyendo al PSOE la responsabilidad del bloqueo y asegurando que eran los socialistas los que se estaban rindiendo "a la evidencia de lo que exige la Comisión Europea". El PSOE dejaba una rendija abierta por la que este miércoles ha tratado de pasar Casado, en la sesión de control.

Ahora, al PSOE le toca moverse entre sus socios y lograr que Unidas Podemos no dinamite el avance. Fueron sus exigencias las que rompieron el acuerdo alcanzado el pasado febrero, un día después de que García Egea y Bolaños cerraran el pacto para la renovación de la cúpula de RTVE.

Aquella tarde, antes de volver a verse para cerrar el acuerdo de todos los demás organismos -aún no tocaba hablar del Tribunal de Cuentas- el ministro supo que Pablo Iglesias ya no renunciaba al juez De Prada como candidato dentro de su cupo, un desafío directo al PP, ya que este magistrado fue el que introdujo en la sentencia de la Gürtel la frase que sirvió de excusa para la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Afirmación después retirada por el Tribunal Supremo por hacer referencia a "asuntos no juzgados" en esa causa.

Bolaños entendió que no podía "humillar al socio del Gobierno", tal como confesaron fuentes de su entorno a este periódico, y recolocó ese nombre en la lista. Por su parte, García Egea se agarró a que De Prada estaba siendo colado por el turno de los juristas, una maniobra que no contempla la ley. Y el acuerdo se fue al traste.

Ocho meses después de todo aquello, el deshielo institucional parece avanzar, justo cuando la legislatura está llegando a su ecuador.