La financiación autonómica enfrenta al PSOE de la España vaciada con el de la más poblada

A pesar de que María Jesús Montero se ha comprometido a presentar una propuesta para el nuevo sistema el próximo mes de noviembre, los delegados congresuales tan solo lograron consensuar una vacua declaración de intenciones que de poco servirá a la ministra de Hacienda. La España vaciada y la más poblada también chocan dentro del PSOE.

Lo ocurrido en el cónclave da buena cuenta de que, "cuando se trata de dinero", los intereses de las regiones están muy por encima de los del partido. Esta frase es casi calcada de lo que advertía el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, antes de iniciarse los debates de la tarde. "Cada uno tiene que defender los intereses de su región", admitió, "y eso significa que los que piden que prime el criterio de población deberán escuchar a los que pedimos el de la cohesión". 

La batalla entre los diferentes territorios, con especial interés de la federación valenciana por ser la autonomía anfitriona y la más perjudicada con el actual sistema de reparto, consistió en modificar el vago texto del que partía la ponencia marco. En particular, el artículo 269, donde el PSOE no concretaba cómo quiere reformar el sistema.

"El Gobierno, desde el inicio, adquirió el compromiso de consensuar un nuevo sistema de financiación autonómica y local que diera solución a las disfunciones que arrastramos desde hace años. El objetivo era disponer de una propuesta que, una vez alcanzados los consensos necesarios, daría paso a la tramitación de las leyes necesarias para su materialización", rezaba el texto de partida.

Del artículo 270 en adelante, la ponencia marco de Pedro Sánchez se limitaba a excusarse y a enunciar los instrumentos financieros aprobados para hacer frente a la Covid-19: "La irrupción de la pandemia ha alterado el calendario previsto, pero el Gobierno mantiene su firme compromiso de avanzar en la reforma de los sistemas de financiación, como pueden atestiguar las comunidades autónomas con las que se han retomado los contactos para recabar su opinión y propuestas sobre aspectos fundamentales para cambiar el sistema".

La negociación para modificar estos artículos tuvo lugar en la mesa 1, la de "recuperación económica", coordinada por la eurodiputada socialista Lina Gálvez. La tarea era harto complicada: unir en un texto conjunto propuestas contradictorias. Y el resultado fue evitar concreciones que molestaran a "las 17 sensibilidades presentes en la negociación". Se pactó una redacción vacía y ni siquiera se votaron las enmiendas presentadas por las federaciones.

Términos omitidos

La presentada por los socialistas valencianos abogaba por financiar a las autonomías en función de su población ajustada; la de territorios como Aragón o Castilla-La Mancha, por compensar -precisamente- a los territorios despoblados. Otros apostaban por distribuir los fondos en función de la recaudación de sus territorios. Y otros, los canarios, llegaron al cónclave pidiendo tener en cuenta lo de la ultraperifera.

En consecuencia, ninguno de estos términos aparece en el texto definitivo. Nadie gana. Nadie pierde. Nada cambia.

Tal fue la guerra por el dinero que algunos delegados se mostraron reticentes a introducir el mínimo que exigía la comunidad de Ximo Puig: recoger en el texto que el nuevo sistema de financiación garantice la "suficiencia financiera" de los diferentes territorios -que los ingresos sean suficientes para sufragar los costes mínimos-.

¿Tan poco están dispuestas a ceder las regiones que se benefician del actual statu quo ante el agravio que sufre un gobernante de su mismo partido? "Cuando el 80% de España está contenta con el actual sistema, cuesta arrancar cualquier palabra", lamentaba un negociador preguntado por EL ESPAÑOL. No obstante, finalmente, sí se introdujo este concepto.

Pero ni rastro del anhelo de condicionar la financiación autonómica a la "población ajustada" de cada comunidad. El término fue rechazado, y sus defensores tuvieron que confirmarse con la introducción del sustantivo "ciudadanía".

En concreto, el texto resultante del mencionado artículo 269 recoge lo siguiente: "El resultado debe ser un sistema que aporte los recursos suficientes para garantizar a la ciudadanía, con independencia del lugar de residencia, un nivel equivalente de servicios públicos". "Un sistema de financiación centrado en la ciudadanía y que tenga en cuenta el coste real de prestación de los recursos", agrega.

Conceptos vagos

La pelea se deja para más adelante, pero el PSOE no la afrontará unido. Los valencianos ya se hicieron guiños con los andaluces, gobernados por el PP y Cs, hace unas semanas. Los castellanos no ven con malos ojos acudir a la convocatoria del barón popular, Alberto Núñez Feijóo. Y ante este guirigay, el despoblado Guillermo Fernández Vara, como nuevo responsable de política autonómica del partido, será el encargado de poner orden... si puede.

Y es que otro de los párrafos adheridos pone de manifiesto la voluntad de contentar a todos los territorios: los que apuestan por financiar según los habitantes y los que reclaman compensar la despoblación.

"Las y los socialistas consideramos que, para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, es necesario atender las necesidades de todas las comunidades autónomas en base a los principios de suficiencia, solidaridad interterritorial y equidad en la distribución de los recursos", afirma el documento resultante.

Por lo que respecta al artículo 270, contará finalmente con diez palabras añadidas. Los territorios infrafinanciados exigían rapidez en la reforma, pero solo han logrado exigir al Gobierno el compromiso "de alcanzar a la mayor brevedad posible un acuerdo político". 

Los negociadores, al término de la reunión, subrayaron a EL ESPAÑOL que se trata de "una ponencia política", de definir el "espíritu con el que quiere abordar esta cuestión el PSOE". Se trata, en efecto, de una circunstancia habitual en los cónclaves de todos los partidos cuando se confrontan distintos intereses territoriales.

Pero sorprende sobremanera en esta ocasión porque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar el próximo mes de noviembre el borrador de un nuevo modelo de financiación. La ministra Montero deberá afrontarlo sin contar siquiera con una propuesta clara y concreta por parte de su partido.