El diputado de Unidas Podemos condenado por agredir a un policía, Alberto Rodríguez, tiene un pie fuera del Congreso de los Diputados. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha rebajado la tensión con el Tribunal Supremo pidiendo una aclaración sobre el alcance de la condena y manifestándose en privado a favor de retirarle el acta para evitar una colisión entre el Parlamento y el Alto Tribunal.
Rodríguez fue condenado a un mes y 15 días de prisión, así como a inhabilitación, por propinar una patada a un agente durante una manifestación que tuvo lugar el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife). Pese a la resolución condenatoria del Supremo, los letrados del Congreso consideran que "no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez".
Pero el oficio firmado por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, solicitando a la Cámara que aclare cuándo va a comenzar el diputado a cumplir la pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, ha sido definitivo.
Meritxell Batet ha pedido ahora una aclaración del alcance de la condena que aleja al diputado de Unidas Podemos de la Cámara Baja. Una decisión que no ha sido fácil para ella. En primer lugar, porque ha llegado tras una reunión de dos horas y media con la Mesa del Congreso, sin unanimidad, y, en segundo lugar, porque supone desoír a los letrados del Hemiciclo.
En fuentes judiciales aseguran que el informe aclaratorio del Supremo será preciso y definitivo para determinar la pérdida del acta de Rodríguez. A la espera de esta cuestión, desde Podemos, Pablo Echenique acusa al Alto Tribunal de "atentado" contra el Poder Legislativo retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez.
La iniciativa de elevar un "escrito aclaratorio" al Supremo nace de PSOE y Unidas Podemos, que se han servido de su mayoría en la Mesa para no retirar de inmediato el escaño al diputado, como exigían PP y Vox.
"Maniobra de dilación"
La iniciativa no ha gustado a la oposición, que la ha tildado de "maniobra de dilación". Estas han sido las palabras de Ana Pastor, diputada del Partido Popular y vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, que ha pedido la ejecución inmediata de la condena.
De la misma forma se ha pronunciado el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, también miembro de la Mesa, que ha asegurado que la presidenta Batet, a título individual, se ha mostrado favorable a que el diputado canario se quede sin su acta, aunque haya aceptado pedir el informe al Supremo.
Desde Ciudadanos han criticado que la Mesa pida una aclaración de una "decisión que está clara, sobre un diputado que está condenado por el Tribunal Supremo". "Si [Alberto Rodríguez] no fuera de Podemos, ¿ustedes creen que el Partido Socialista tardaría en tomar una decisión?", se ha preguntado Miguel Ángel Gutiérrez, que ha afeado a Pedro Sánchez que "use a los letrados del Congreso para hacer una interpretación torticera" de la pena impuesta al político canario.
Al mismo tiempo Unidas Podemos ha emprendido una campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo por entender que se está cometiendo "una aberración jurídica" que es "impropia de una democracia europea".
"La sucesión de barbaridades contrarias a derecho es casi interminable", ha sostenido en Twitter su portavoz parlamentario Pablo Echenique en defensa de Alberto Rodríguez, que asegura que llevará el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para exponer "el descrédito de la justicia española".
La condena
Como ha venido explicando este periódico, la condena impuesta por el Tribunal Supremo al diputado Alberto Rodríguez ha supuesto el último enfrentamiento entre el Congreso y el más alto órgano del Poder Judicial.
Algunos de los magistrados del Supremo expresaron su malestar cuando la Mesa, amparada por dicho informe de los letrados de la Cámara, decidió el pasado martes mantener a Rodríguez en el escaño. Algo que fue interpretado por los jueces como una "reinterpretación" del fallo.
Y es que la sentencia del Supremo condenaba al diputado a una pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo —pena accesoria—, que acompaña una condena de prisión de un mes y quince días. Esta última, al ser tan corta, ha podido ser sustituida por una multa de 6 euros diarios durante 90 días. Un total de 540 euros que el Alberto Rodríguez ya ha abonado.
Sin embargo, el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que "son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena".
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