Pedro Sánchez y Pablo Casado cerraban este jueves su primer gran acuerdo institucional para la renovación que estaba pendiente del Defensor del Pueblo, de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y de los del Tribunal de Cuentas. El pacto entre las dos grandes formaciones sitúa al socialista Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, como se venía comentando desde hace meses, y a la hasta ahora diputada del PP y víctima de ETA, Teresa Jiménez Becerril, como su número dos, manteniendo ambas formaciones su tradicional cuota de reparto en la institución.
Además, se eligen a cuatro magistrados para el Tribunal Constitucional y a los del Tribunal de Cuentas, sin que haya entre ellos personas que hayan ocupado recientemente cargos políticos, una de las exigencias que hizo públicas Casado. Fuentes del Gobierno y de la oposición subrayaban el "mérito" y el "perfil profesional" de los elegidos, que ayudará al fortalecimiento de las instituciones que representan.
El acuerdo lo ultimaban durante muchas horas en las dependencias del Congreso de los Diputados, mano a mano, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quienes iban dando cuenta de los avances a sus respectivos jefes de filas, ambos en Bruselas con motivo tanto del Consejo Europeo como de la reunión del Grupo Popular comunitario.
La confirmación de todos y cada uno de los candidatos, con llamadas personales para informarles, dilataba su anuncio hasta pasadas las nueve de la noche.
El pacto del Gobierno y el primer partido de la oposición no afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero sí allana el camino patra desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que cumple ya tres años en la prórroga de su mandato, lo que afecta también a su presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
La entente entre los dos grandes partidos, que suman más de doscientos escaños en el Congreso, donde a mediados de noviembre se ratificarán los nombramientos, deja fuera de juego a Vox, por la derecha. Los de Santiago Abascal ya pusieron el grito en el cielo la semana pasada al anunciarse que se retomaban las negociaciones, acusando al PP de "blanquear" al Gobierno de PSOE y Podemos.
Podemos, satisfecho
Sobre la participación de los de Ione Belarra en el acuerdo, el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, aseguraba que como parte que son del Gobierno de coalición, sí están integrados en el pacto. Su homóloga en el PP, Cuca Gamarra (los dos portavoces comparecían pasadas las nueve de la noche en la Cámara Baja, tras una intensa jornada de negociaciones) sin embargo, negaba tajantemente que Podemos forme parte del acuerdo.
Desde Unidas Podemos afirmaban en privado haber participado en el mismo y estar satisfechos. Apuntan, en concreto, a varios de los nombramientos que habrían inspirado, como el que será nuevo magistrado del TC, Juan Ramón Sáez, la segunda adjunta del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena y Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla en el Tribunal de Cuentas.
Fuentes del PP, por su parte, ensalzan el perfil de "profesionales y técnicos de reconocido prestigio" de los seleccionados para todas las instituciones (el acuerdo incluye también el nombramiento de la nueva directora de la Agencia Española de Protección de Datos, que será Belén Cardona Rubert) y afirman que ese fue el "compromiso" de Casado desde que el pasado 13 de octubre, en el pleno del Congreso, lanzó a Sánchez la propuesta de avanzar en la renovación de los órganos, al margen del CGPJ. Fuentes del PSOE subrayan, además del "prestigio" y la "dilatada trayectoria profesional" de los elegidos, el hecho de que todos sean "nombres de consenso".
Finalmente, y pese a las especulaciones de los últimos días, entre los nombrados para el TC no está el ex ministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo. Públicamente, Casado se mostró partidario de que no se nombrase para el Alto Tribunal a nadie que hubiera tenido una actividad política reciente. Campo fue ministro hasta el pasado verano, cuando salió del Gobierno tras la profunda renovación del mismo acometida por Sánchez.
Además del citado Sáez, los otros tres nuevos magistrados del TC serán la actual presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y la magistrada Inmaculada Montalbán.
La renovación, que estaba pendiente también, de un tercio del Alto Tribunal, no afectará a las actuales mayorías pero sí supondrá un cambio en la presidencia y en la vicepresidencia, que ocupan ahora los salientes José González-Rivas y Encarnación Roca. Además, otro de los que son relevados es Andrés Ollero, el ponente de la resolución sobre el recurso a la Ley del aborto del Gobierno de Zapatero presentado por el PP. Se trata de uno de los principales asuntos sobre los que aún debe pronunciarse el TC, que este año ha fallado dos veces contra la aplicación del estado de alarma en 2020 para decretar el confinamiento que hizo el Ejecutivo durante la pandemia.
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