El PP exigirá a Marlaska responsabilidades en la sesión de control por el asesinato de Lardero

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, la riojana Cuca Gamarra, ya ha registrado en el Congreso una pregunta directa al ministro del Interior, para la próxima sesión de control, y una interpelación urgente al Gobierno, a las que ha tenido acceso este periódico.

El PP quiere saber "qué responsabilidades va a asumir" Marlaska "por la concesión del tercer grado al asesino de un menor en Lardero, en contra de la Junta de Tratamiento de la prisión" en la que cumplía condena. 

Grande-Marlaska afirmó el pasado domingo en Logroño, adonde acudía por una cita previa en el congreso del PSOE de La Rioja, que estaba "evaluando" lo sucedido para, dijo en declaraciones a la prensa, "sacar conclusiones".

El reo, que fue arrestado la noche del pasado jueves 28 de octubre como presunto autor del asesinato de un niño de nueve años, ya ocupó las páginas de sucesos en agosto de 1998 por el llamado "crimen de la inmobiliaria".

Entonces, le quitó la vida a una mujer en la ciudad de Logroño. Pero es que era reincidente, pues ya había sido condenado en 1993 antes a siete años de cárcel por violar a una mujer. A pesar de ello, y del informe en contra de su prisión, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, le concedió el tercer grado en febrero de 2020.

Esta concatenación de hechos provocó la inmediata reacción de los grupos de la oposición. Tanto el PP como Ciudadanos presentaron sendas peticiones de comparecencia Marlaska y del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ante el Congreso. En conversación con este periódico, el propio Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, reflexionó que "si hubiese existido la prisión permanente revisable en su momento, ese niño estaría probablemente vivo". 

El partido liderado por Pablo Casado indagará en esas comparecencias sobre el papel de Ortiz en la concesión del polémico tercer grado, que permitió luego su puesta en libertad condicional, por el juez de vigilancia.

Pero los populares también le cuestionarán por su filosofía a favor de aumentar exponencialmente los terceros grados, el principal régimen de semilibertad para los reclusos, y por los incentivos salariales fijados por clasificaciones más laxas de los presos, como desveló EL ESPAÑOL.

La cuestión no ha podido ser ventilada en una sesión de control este miércoles, ya que el pleno de la primera semana de noviembre se reservó para el debate y votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales de 2022. Pero en la misma sesión de control del próximo 10 de noviembre, el PP defenderá una interpelación urgente en la que Marlaska deberá dar cuenta de todo lo relacionado con "la política penitenciaria" del Gobierno.

El amigo y las directrices

No hay que olvidar que Ángel Luis Ortiz, director de Prisiones, es amigo personal del ministro desde los tiempos en que eran compañeros de promoción de la carrera judicial.

El pasado julio, Ortiz llegó a calificar el sistema penitenciario español como "tremendamente duro" en comparación con otros países de nuestro entorno. Lo hizo un coloquio sobre la política de seguridad, materia de la que Ortiz —extitular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid— es experto, como acreditan sus artículos académicos.

En una entrevista a finales de 2019 con la publicación La Voz del Patio -elaborada en el penal de Burgos-, Ortiz presumía de haber aumentado los terceros grados del 15% al 18% durante su mandato. Sin embargo, afirmaba que aún era un índice "bajo" y explicaba cómo le había trasladado a los directores de los centros penitenciarios que tenían que hacer por cumplirlo.

Esas directrices se repitieron hace apenas unas semanas durante la reunión anual de directores de prisiones en Cuenca, a la que también asistió el titular de Interior. Y muchos funcionarios de prisiones las denuncian, asegurando que quien no las cumple corre el riesgo de ser apartado o incluso trasladado de módulo a uno que sea más conflictivo o peligroso. 

Indignación en el PP

Fuentes del Partido Popular se muestra indignadas con el caso, y la propia portavoz Gamarra, especialmente sensibilizada por la cercanía geográfica a su lugar de origen. Así, el PP reivindicará en sede parlamentaria que el tercer grado sea algo que "se aplique sin distinciones a toda la población reclusa" y no a resultas de incentivos sin justificación.

EL ESPAÑOL desvelaba este jueves, de hecho, que a inicios de 2020, Instituciones Penitenciarias otorgó el tercer grado a Francisco Javier Almeida, el acusado, en un parco acuerdo de sólo tres líneas en las que alude a la "existencia de cierta evolución positiva", sin justificar esa apreciación y sin explicar las razones por las que corrigió el criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión.

Los funcionarios de la cárcel habían argumentado la conveniencia de mantener a Almeida en segundo grado dado su perfil de delincuente reincidente en delitos de agresión sexual y asesinato.

Por eso, los populares exigirán que "se tenga en cuenta el perfil de determinados delincuentes sexuales o asesinos", como el presunto asesino del niño Alex, cuyo historial delictivo y su reiteración en el crimen podría hacer presagiar, precisan, el fatal desenlace.