La exigencia de Bruselas de gastar menos en pensiones pone en riesgo el Gobierno de Sánchez

Nueva bomba para el Gobierno de coalición. Finalmente, el Gobierno ha aceptado la exigencia de la Comisión Europea de rebajar el gasto en pensiones y ha propuesto aumentar el periodo de cálculo para las pensiones dentro del conjunto de medidas para atenuar y tratar de reducir el gasto en estas prestaciones. Una medida que a la que ya, en varias ocasiones, se ha opuesto Unidas Podemos. 

La propuesta está incluida dentro de los compromisos alcanzados con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y con ella se espera reducir el impacto económico de las personas que entren en el sistema de pensiones. Tiene que estar aprobada antes de acabar 2022.

Aunque se desconoce la fórmula, cuántos años abarcará (hoy el cálculo de la pensión se hace con los últimos 25 años de carrera) y a partir de qué año se comenzará a aplicar (así como la población que resultará afectada), un cambio de este tipo llevaría a una reducción de las prestaciones, puesto que abarcaría años de menor retribución salarial (y por tanto menores cotizaciones) de la vida laboral. 

El problema es que el socio minoritario del Gobierno se niega en redondo a aceptar la medida. Es más, ya el pasado mes de enero la propuesta desapareció a última hora del PRTR después de que se generara una enorme crisis en el seno de la coalición. "Esa propuesta no llegará al Congreso", sentenció el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Tal como confirmó EL ESPAÑOL en exclusiva, el último borrador del Componente 30 del plan, Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, incluía los cálculos del ministro, José Luis Escrivá, de que se podría ahorrar un 6% en las futuras pensiones en caso de aumentarse el periodo de cálculo de 25 a 35 años.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, manejaba (y maneja) fórmulas para paliar este impacto en cada prestación a nivel individual. El ministro tenía diversos modelos para reducir el perjuicio individual de esta ampliación del periodo de cálculo. 

Entre ellos, permitir a los trabajadores (o al menos a algunos de ellos) la selección de los mejores años de retribución, algo que permitiría evitar las 'lagunas' de cotización en determinados casos.

Firma de Montero y Gentiloni

Asi, y a pesar de que el departamento de Escrivá lo negó una y otra vez, esta medida ya se conocía a principios de 2021. Aquel mes de enero, el Gobierno ya había sugerido a Bruselas la idea de aumentar el periodo de cálculo de los 25 a los 35 años. Sin embargo, la oposición de Unidas Podemos a la medida provocó su retirada. 

Pero ha sido momentánea. El documento en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, han acordado la gestión de los fondos europeos así lo atestigua. El contenido del documento se desvelaba a media tarde, después de que el Partido popular llevara dos semanas reclamándolo, tanto desde el Congreso como desde el Parlamento Europeo.

Fuentes populares en Madrid y en Bruselas confirman a este diario que ya se esperaban "sorpresas", a la vista del "ocultismo" del Ejecutivo.

Este mismo miércoles, en el debate de comparecencia de Pedro Sánchez ante el pleno, Pablo Casado volvía a reclamar esa información. El presidente lo despachó displicente, instándole a esperar a las 17.00 horas. "¿Pero cómo me dice que me espere?", respondió indignado el líder de la oposición. "Oiga, esta es la sede de la soberanía popular, y las preguntas las hacemos nosotros, que somos la oposición. Y el Gobierno responde".

Ahora, todo apunta a que la guerra entre PSOE y Unidas Podemos volverá a empezar. Desde el entorno de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder morada, ya han mostrado su oposición a varios conceptos de la reforma de las pensiones que hoy está en el Congreso. "Para empezar, no es que incumpla, es que ataca de frente el acuerdo de coalición".

Dos caminos a las urnas

Pero la realidad es que ante la imposición de Bruselas, aceptada y sellada con la firma de Montero, cumplirla sólo le deja a Sánchez dos caminos... y ambos le llevan al fin del Gobierno de coalición.

Fuentes de los aliados nacionalistas e independentistas del Ejecutivo en el Congreso también advierten de que no aceptarán la ampliación del periodo de cómputo. "A eso se refería Iglesias en enero cuando dijo que la medida no llegaría al Congreso", explican, "eso sólo lo puede aprobar Sánchez con el PP". Y ese viraje de los acontecimientos significaría la ruptura del Gobierno.

Ésa es la primera opción. La segunda es, efectivamente, que el propio Sánchez dé por terminada la legislatura antes de tener que aprobar -finales de 2022- esta última pata de la reforma de las pensiones que todavía no se ha empezado a negociar con los agentes sociales. Ante la imposibilidad de sacar adelante un compromiso necesario para recibir los fondos europeos, al presidente no le quedaría más remedio que disolver e ir a nuevas elecciones.

Sin embargo, las pensiones no son el único concepto que podrían llevar al recrudecimiento de las hostilidades dentro del Gobierno de coalición. La reforma laboral también participa en este enfrentamiento entre socialistas y morados. 

Dentro de las aportaciones que ha hecho el equipo del Ministerio de Economía y de Seguridad Social a los nuevos ERTE (el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo) hay una especie de "mochila austriaca" del desempleo, medida a la que Unidas Podemos ya ha mostrado su rechazo, en sintonía con los sindicatos. Y en este caso, curiosamente, también con la CEOE. Los empresarios rechazan esta fórmula por su "intervencionismo" y su coste.