El PP pide la reprobación de Marlaska y que sólo los presos arrepentidos puedan pasar de grado

El PP vuelve a arremeter contra el titular de Interior "por su gestión en la concesión de permisos y progresiones de grado de presos peligrosos, con delitos muy graves y sin rehabilitación", reza el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El documento urge a "modificar el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria para que el acceso a un nuevo grado no sólo exija renegar de los actos delictivos cometidos y mostrar arrepentimiento, sino que los penados muestren también signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir [...] y colaboren en el esclarecimiento de los que pudieran tener conocimiento".

El supuesto asesino de Lardero, custodiado por la Guardia Civil.

Gamarra firma la moción consecuencia de la interpelación urgente del pasado miércoles a Marlaska, titular de Interior y, por tanto, responsable último de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este departamento, que dirige su amigo de promoción Ángel Luis Ortiz González, concedió —pese a la oposición de los técnicos de la prisión— el tercer grado a Francisco Javier Almeida, el preso que, hace tres semanas, fue detenido como supuesto autor de la muerte de un menor en Lardero (La Rioja).

En abril de 2020, dos meses después de haber accedido a este tercer grado, un juez de Vigilancia Penitenciaria concedió a Almeida la libertad condicional —el tercer grado era condición sine qua non para ello—, de la que gozaba cuando fue detenido por la Guardia Civil el pasado 28 de octubre, tras asfixiar, supuestamente, al pequeño Álex.

'Caso Lardero'

En el caso Lardero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, otorgó la semilibertad a Almeida con los técnicos del penal de El Dueso (Cantabria) en contra.

Una mayoría de la Junta de Tratamiento de la prisión —compuesta por, entre otros, el director de la cárcel, el psicólogo, el psiquiatra o los educadores; todos ellos, personal en contacto directo con los internos— se opuso a esta progresión de grado.

La defensa del reo recurrió esta decisión por vía administrativa y desde la Secretaría de Ángel Luis Ortiz, órgano central en materia de Prisiones, sí le fue concedido el régimen abierto, que es condición indispensable para que un juez de Vigilancia le ponga, posteriormente, en libertad condicional.

Asimismo, el PP solicita en su moción "garantizar la aplicación de la actual legislación que impida la progresión de grado o la concesión de otros beneficios penitenciarios sin haberse acreditado fehacientemente la rehabilitación y la ausencia de riesgo de reincidencia". De hecho, los populares reclaman que esa condición sólo pueda ser sea ratificada previo informe preceptivo de los técnicos competentes.

Pluses por excarcelar

El pasado 1 de noviembre, este diario informaba en exclusiva del sistema de pago de pluses por parte de Interior a los directores de prisiones en cuyos centros se concedan más terceros grados para presos condenados a menos de un año. El Partido Popular considera este hecho un "escándalo" e insta a modificar dicha instrucción.

El documento interno del Ministerio utiliza un Índice de Calificación que premia con 2 puntos a los centros donde los terceros grados alcancen al 60% de los reclusos, con 1,5 a aquéllos en los que el porcentaje se sitúe entre el 40% y el 60% y con un 1, a las cárceles donde esté entre el 20% y el 40%.

Cuca Gamarr, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Efe

Ahora, el PP insta a modificar el texto y que lo que se incentive sea la "disminución de las agresiones a los funcionarios de Prisiones". De hecho, denuncia que estos ataques son una situación "habitual". Y así lo confirman los principales sindicatos tanto públicamente como en declaraciones a este periódico.

Otra de las reclamaciones que CSIF Prisiones y Acaip-UGT han formulado en los últimos meses es el reconocimiento de los funcionarios de las cárceles como agentes de la autoridad. El PP acoge este punto en su moción parlamentaria para urgir a cumplir su promesa al propio ministro del Interior, que ya anunció esta semana en el Congreso que será aprobada próximamente.

Una enmienda presentada por PSOE y Podemos en el marco de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —la llamada Ley Mordaza— también apuntaba en ese sentido.

Finalmente, el PP también pide que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 incluyan un incremento salarial para los trabajadores de prisiones, como solicitaba una de las enmiendas populares —que fue rechazada— a las cuentas públicas.

Terrorismo

En la exposición de motivos que encabeza la moción presentada, el Partido Popular también critica que Marlaska "promueva activamente" los permisos penitenciarios "a los terroristas de ETA que no han acreditado estar rehabilitados o colaborar con la Justicia".

Interior acercó al País Vasco a 10 de los 35 jefes etarras, tal como adelantó este diario. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia los señala como posibles conocedores —"presuntos autores detrás del autor", les califican— de los casi 400 crímenes cometidos por la banda terrorista que aún siguen sin resolverse.

Asimismo, en un reciente auto, cuyo contenido fue publicado por EL ESPAÑOL, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó, a petición de Fiscalía, la concesión del tercer grado al preso etarra Unai Fano, beneficiado por la política de manga ancha de Marlaska.

En su auto, los magistrados Concepción Espejel, Francisco Vieira y Jesús Eduardo Gutiérrez criticaban que el escrito de arrepentimiento firmado por Fano —uno de los motivos que esgrimió Interior para concederle la semilibertad— no era muy diferente a los presentados por otros internos de ETA, sino que revestía un "carácter genérico y superficial".

Unai Fano (i), junto al dirigente abertzale Arnaldo Otegi (d). Reuters

Contraria a estas cartas tipo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sospechaba de un posible "propósito utilitarista tendente a la obtención de permisos o beneficios penitenciarios" por parte de Fano, de quien revocó su tercer grado y al que devolvió a la cárcel.