La negociación de la Ley de Memoria Democrática, uno de los principales compromisos del Gobierno de coalición para esta legislatura, ha saltado por los aires en apenas veinticuatro horas como consecuencia de una enmienda de PSOE y Podemos que pretende afectar a la Ley de Amnistía. En ella se dice que en consonancia con el Derecho Internacional "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".
Pero ni siquiera para socialistas y podemitas significa lo mismo. El partido morado lo ve como un "mandato" claro a los jueces, a los que acusa de haber dado "impunidad" a los crímenes del franquismo por razones "políticas y no jurídicas". En ellos los que habría cometido Rodolfo Martín Villa, procesado en Argentina por muertes ocurridas en manifestaciones en los años setenta. Los de Ione Belarra tratan así de apuntarse el éxito de la reforma.
Para ERC, que aboga por derogar sin más la norma aprobada en 1977, la enmienda no es más que un "engaño", mientras que para los partidos de la oposición supone un intento de acabar con la Transición. Así lo volvía a reiterar este jueves Pablo Casado, quien se comprometía de nuevo a derogar esa norma si llega a La Moncloa para sustituirla por una Ley de Concordia.
Rodolfo Martín Villa.
Ante la coyuntura de no contar con los republicanos independentistas, claves para sacar adelante la norma, socialistas y podemitas trataban de explicarse este jueves. Fuentes de los primeros admitían que la enmienda de marras no tenía consecuencias en el plano jurídico, ya que la propia Constitución supedita el ordenamiento legal de nuestro país a las normas internacionales. La enmienda conjunta sería, así, una simple manera de congraciarse en el terreno simbólico con las exigencias de su socio en el Ejecutivo.
Podemos, en cambio, asegura que puede ser una "herramienta" clave para juzgar determinados crímenes franquistas, que habrían quedado impunes por culpa del poder judicial. Fuentes del partido morado admiten que eso señala directamente a Martín Villa, ex ministro en los primeros gobiernos tras la muerte de Franco, al que la juez argentina María Servini llegó a tomar declaración en el año 2020, acusándole de cuatro homicidios cometidos por la Policía durante dos manifestaciones en 1976 y 1978. El ex ministro del Interior, al que respaldaron en la causa los ex presidentes del Gobierno del PP y del PSOE, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, anunciaba el pasado mes de octubre un recurso contra ese auto de procesamiento.
Enrique Santiago.
El secretario de Estado de Agenda 2030 y diputado de Podemos Enrique Santiago, que es además el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), lanzaba por su parte toda una andanada contra el poder judicial, al que señalaba como responsable de que no se hayan juzgado determinados crímenes.
Bolaños: "No tocamos nada"
A su juicio, la Amnistía aprobada en 1977 con el impulso decisivo de los comunistas, y que supuso la excarcelación de muchos presos políticos de la dictadura, no es impedimento para ello, dado que no afectaría a los delitos de lesa humanidad. Santiago, que no duda en definir la Ley como "una conquista de los demócratas frente al búnker franquista", lanzaba un aviso a navegantes a la judicatura: "Permitir la impunidad del franquismo es una opción política de quienes pueden imponerlo, aunque se haya revestido con doctrina jurídica".
O dicho de otra forma, también en sus propias palabras, "desgraciadamente el poder judicial ha venido escudándose en esa Ley de Amnistía para no acabar con la impunidad. Esta enmienda lo que hace es quitar esos impedimentos que venían esgrimiento en el poder judicial. Ya tienen las herramientas para acabar con la impunidad. Lo que hace falta es que eso ocurra" concluía su advertencia a los magistrados el dirigente podemita.
Horas antes, durante una entrevista en Onda Cero, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, el hombre que comanda la negociación de la Ley de Memoria Democrática, daba una versión totalmente distinta. "La legislación no puede tocar la legislación penal, es una ley ordinaria, de tal manera que el régimen legal en España es el mismo desde 2002 [cuando nuestro país ratificó el estatuto de Roma y lo incorporó al Código Penal] Nosotros ahora no tocamos nada y cuando entre en vigor no cambiará" sentenciaba el hombre fuerte de La Moncloa.