Lunes. 15 de noviembre. 10:00 horas. El Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) se reúne de manera telemática para, entre otros puntos del orden del día, renovar la Comisión Permanente.
La votación transcurre conforme al reglamento y resultan elegidos Paula Gil Hidalgo, Álvaro Moreda Gómez y Miguel Antonio Herrero Navarro. Es entonces cuando una reunión que había transcurrido con relativa normalidad se tuerce por completo.
La subdirectora general de Atención al Estudiante y Relaciones Institucionales del Ministerio, Margarita de Lezcano-Mújica Núñez, da a conocer los resultados y los vocales más radicales del CEUNE entran en cólera: "Esto es una cacicada"; "es una vergüenza"; "hay que repetir la votación, es ilegal".
Quienes profieren estas quejas no están conformes con la elección de Moreda Gómez, alumno del grado en Relaciones Laborales y presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria. ¿El motivo? Sus postulados constitucionalistas. O, si lo prefieren, su ideología de centro-derecha.
Ni la subdirectora ni el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, entienden lo que sucede. Se han realizado muchas votaciones como esta en los últimos diez años. Se había informado desde el principio de que cada vocal podría votar como máximo a un candidato y nadie había mostrado su disconformidad.
El enfado de los universitarios radicales va in crescendo. Se ha elegido, en su opinión, a un "facha" o un "agente secreto del IBEX" para representar al Consejo de Estudiantes.
Ante el revuelo, y tras un largo debate que se prolonga cinco horas, el secretario general y la subdirectora comunican a los estudiantes que la votación debe repetirse. Y para ello se convocará un nuevo pleno del CEUNE la semana próxima, en el que se votará sobre cómo debe votarse en lo sucesivo. Ante esa decisión, el estudiante legítimamente elegido se rebela, como también lo hacen el representante de la Universidad de Castilla-La Mancha o el de la Universidad Carlos III de Madrid. Entre otros.
"Creen que es suyo"
"¡Es una vergüenza! ¡La votación es totalmente válida!", denuncia Moreda Gómez en conversación con EL ESPAÑOL. Todo responde, según el estudiante de la Universidad de Cantabria, a que los miembros más radicales del Consejo "se creen que es suyo": "Tienen las instituciones estudiantiles patrimonializadas y se rebelan si no están ellos. En verano de 2017 se encerraron un fin de semana entero a modo de protesta porque gobernaba la derecha, y ahora excusan a [Manuel] Castells de cada error que comete".
Y es que los miembros del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado se pasaron, en el estío de 2017, dos días encerrados en las dependencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (cuando el titular de la cartera era el popular Íñigo Méndez de Vigo) para reivindicar más becas y la supresión de los umbrales que, a su juicio, limitaban entonces el derecho a la educación de algunos de sus compañeros.
Una protesta similar jamás ha vuelto a suceder. Y menos desde que se creó un Ministerio de Universidades ad hoc para atender sus demandas. "Todos son independentistas o de extrema izquierda; algunos han llegado a admitir en las reuniones que votan a Unidas Podemos", relata Moreda Gómez.
Así es que nadie se quejó durante la reunión del pasado lunes de que Castells se saliera de la misma antes de tiempo o de que, pese a que uno de los puntos del día era la Ley de convivencia universitaria, no se dedicara un solo segundo a hablar del acoso que sufren los jóvenes constitucionalistas, aglutinados en S'ha Acabat, en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Posible prevaricación
Tras lo sucedido, el estudiante afectado remitió varios correos al Ministerio de Universidades (a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL) para solicitar que su intervención y el resultado de las votaciones fuesen incluidos en el acta.
¿La respuesta del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón? Ninguna. Y eso que, tal y como ha podido comprobar el propio Moreda Gómez, el correo tiene acuse de recibo. Por eso el estudiante ha tenido que remitir una instancia que, todavía, tampoco ha sido respondida.
"Tienen miedo porque saben que están en una encrucijada", denuncia el estudiante, que zanja el asunto de este modo: "Saben que tienen dos opciones: tirar para delante con la votación y cumplir la ley, pero que se les echen encima, o quedar bien con ellos y meterse en un lío judicial. Estarían prevaricando".