Moncloa dará prioridad a los ocho presidentes de la España vaciada en la financiación autonómica

Y eso era precisamente lo que reclamaban los líderes de Galicia, Asturias, Cantabria, las dos Castillas, Aragón, La Rioja y Extremadura, que no hablan de reto, sino de "emergencia demográfica".

"Aquí, la intención política se demuestra con actos y, en este asunto, eso es dinero", explica a este diario uno de los negociadores del documento que firmaron Alberto Núñez Feijóo (PP), Adrián Barbón (PSOE), Miguel Ángel Revilla (PRC), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Alfonso Fernández Mañueco (PP), Concha Andreu (PSOE), Javier Lambán (PSOE) y Guillermo Fernández Vara (PSOE).

Los ocho mandaron un mensaje unitario: "Las necesidades de financiación de las CCAA deberán ser fijadas atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades reales".

La ministra portavoz compareció tras el Consejo de Ministros ese mismo martes. "Valoramos positivamente que haya presidentes autonómicos que manifiestan cuáles son las singularidades de sus territorios", aseguró la manchega Isabel Rodríguez.

"Ahora bien, han de ponerse de acuerdo, debemos ponernos de acuerdo con aquellos otros territorios que tienen diferentes circunstancias y todos juntos concurrir en algunos principios que se exponen en esa 'Declaración de Santiago'", resumió.

La clave está en el final de esta última frase...

En Santiago posaron, discutieron y acordaron los 35 puntos de un documento común cinco socialistas, dos populares y un regionalista. Todos ellos, representantes de lo que se ha dado en llamar la España vaciada.

Es decir, las regiones más despobladas y algunas de las más extensas, lo que multiplica los costes reales del cometido principal de la Administración autonómica: la "gestión del Estado del bienestar", es decir, la Sanidad, la Educación y la dependencia.

Dos discursos (y otro más)

...y la clave estaba en esa última parte de las declaraciones de la portavoz porque el Gobierno tiene dos discursos oficiales relacionados con el asunto de la España vaciada. Expliquémoslo:

Uno de ellos, que es más de fondo y tiene que ver con su programa de legislatura y el Plan de Recuperación, es el que le da el segundo apellido a la Vicepresidencia tercera: el reto demográfico. El otro, ya enfocado a la reforma de la financiación autonómica, es el de que "esta es una de esas grandes decisiones que hay que tomar con grandes consensos, para que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos no dependa del lugar en el que residen".

Son ideas fuerza, eslóganes elaborados, mensajes de laboratorio gestados en despachos que piensan a medio y largo plazo para ir alimentando ideas que vean la luz cuando los planes germinen.

Tienen los dos elementos clave del mensaje político: poca concreción en el día a día, pero una esencia benéfica. Sin embargo, la táctica encerrará un problema si la estrategia no alcanza sus objetivos: todo se habrá quedado en nada, pura palabrería. Por eso mismo se permiten decir una cosa y la contraria.

En los últimos días, este periódico ha publicado dos informaciones al respecto, que dan cuenta de ese doble discurso. En una de ellas, se decía que Hacienda se plegaba a las exigencias de la España vaciada. Y que el nuevo modelo de financiación autonómica daría peso a la despoblación, la dispersión y el envejecimiento por encima del número de habitantes de cada territorio.

En la otra, se afirmaba que el departamento de María Jesús Montero había prometido a las CCAA que se autodefinen como "infrafinanciadas" que el nuevo método de cálculo se basaría en la población.

Cuadrar el círculo es una quimera. Y decir a ambos bandos -a los ocho de la Declaración de Santiago y al "arco mediterráneo" formado por Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana- lo que quiere oír cada uno es trampa. Pero de momento, vale para calmar los ánimos hasta que llegue la propuesta de Montero, anunciada para la semana que entrante.

En todo caso, ésas son las ideas que comparten el presidente, las vicepresidentas y los ministros de todo pelaje -incluso los diputados de PSOE y Unidas Podemos- de puertas afuera, delante de los micrófonos y cuando saben que se les va a atribuir la declaración pública. Pero de puertas adentro, off the record y en modo anónimo, Moncloa sí adopta una postura clara: el Gobierno tiene una clara intención de avanzar en todos los aspectos de "la cohesión territorial".

Un tercio y dos tercios

Es decir, que los 35 puntos acordados por el G-8 de la España vaciada en la llamada Declaración de Santiago servirán de base e inspiración para el desarrollo del nuevo modelo de financiación autonómica.

"Pues ya estaríamos todos contentos, ¿no?", responden en el entorno de uno de los barones socialistas presentes en la cumbre del martes pasado. En conversación con este periódico, esta fuente (que prefiere guardar el anonimato, "porque en estos asuntos la discreción es clave") añade: "También te digo que no podría ser de otra manera si Moncloa quiere que su discurso sea creíble".

Era clave la presencia de Fernández Vara, que no acudió a la misma cumbre de la que salió la Declaración de Zaragoza, el 10 de septiembre de 2018. Porque el líder extremeño es, a la vez, el secretario de Política Autonómica del PSOE, desde el último congreso socialista. Sánchez forzó un cambio de estatutos del partido para que un presidente autonómico en ejercicio pudiera entrar en la Ejecutiva. 

El cometido del presidente extremeño dentro de la dirección federal socialista es, según confesaron entonces las fuentes internas de la formación, poner en fila a los barones, para empezar, en el nuevo modelo de financiación autonómica. La idea de Sánchez es que, si no hay una posición común dentro del PSOE, que al menos no haya guerra interna.

"Somos menos de un tercio de la población, pero suponemos casi dos tercios del territorio", apunta el portavoz de uno de los presidentes de la cumbre. "Y parece que sólo se acuerdan de la despoblación con la emergencia de Teruel Existe o de la plataforma ésa de España Vaciada que aspira a 15 escaños en las próximas elecciones generales".

Según apunta el texto aprobado en la capital gallega, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad, y el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población son "condiciones innegables de un mayor coste en la prestación de servicios".

Según lo firmado, "el coste efectivo y real de lo que cuesta el servicio [debe ser] el principal criterio que debe primar a la hora de reformar el modelo, no sólo, ni principalmente, el de la población". 

Y según coincidieron los ocho presidentes, el nuevo modelo no sólo debe negociarse entre todos -sin mesas bilaterales que "discrimine a unos sobre otros"-, sino que  "debe atender al Estado del bienestar, no a la creación de embajadas autonómicas o de policías autonómicas o conceptos similares".