Esquerra Republicana no apoyará la Ley Audiovisual en el Congreso con su actual redactado, que no obliga a las plataformas internacionales a un 6% de producciones "en lenguas cooficiales distintas del castellano". Una disposición que sólo opera para las empresas radicadas en España.
La exigencia de Gabriel Rufián, portavoz de los independentistas en el Congreso, fue muy clara en una rueda de prensa convocada de urgencia en sede parlamentaria. "Sin nosotros esta ley no sale", dijo encogiéndose de hombros, "y todos los escenarios se abren". Más tarde aclaró que a su formación aún le queda "el Senado", donde "torpedeará la tramitación de los Presupuestos Generales de 2022", si el Ejecutivo no rectifica.
"Seré un poco soez, pero muy claro. Tocarle las narices a Esquerra con la lengua es un mal negocio", remarcó Rufián.
Fuentes de Esquerra en el Senado, consultadas por este periódico tras la rueda de prensa del portavoz, aseguraban que la formación "espera seguir negociando la ley", y no da el proceso por cerrado. "Se pueden introducir enmiendas en los Presupuestos" para retrasar su tramitación en la Cámara Alta y, como mínimo, hacer que el Gobierno no llegue en tiempo y forma a su aprobación antes de fin de año. También se negociará en el Congreso la norma audiovisual, pero "si no se incluye lo acordado, no podremos votar a favor".
ERC lo sabía
Lo cierto es que Moncloa asegura que Esquerra Republicana de Catalunya era consciente, cuando pactó la redacción de la ley hace apenas una semana, de que el Gobierno estaba atado "por lo que marca la directiva europea sobre materia audiovisual". Y que ésa es la razón por la que ni Netflix, ni HBO, ni Disney+ ni Prime Video estarán obligados a cumplir con las cuotas del 6% de "producciones en lenguas cooficiales distintas del castellano".
Según fuentes de la Vicepresidencia económica, "en estos casos opera el principio de país de origen". Es decir, la disposición de la Comisión Europea por la que una multinacional está autorizada a operar en todo el territorio de la UE sometiéndose únicamente a las leyes específicas del Estado en el que tenga su sede social. Y ninguna de esas empresas multinacionales de Vídeo a Petición (VAP, en la jerga de la directiva) está radicada societariamente en España.
Pero Rufián hizo como que no sabía todo esto, a pesar de lo que diga el Ejecutivo. Así se demuestra en su siguiente advertencia. "Nosotros respetamos los pactos a los que llegue cualquiera", apuntó sugiriendo que el PSOE se ha plegado a las presiones de las plataformas multinacionales. "Pero ninguna multinacional tiene que susurrarle las leyes a un Gobierno, y menos a uno que se dice progresista".
Fuentes de ERC insisten en que el PSOE se comprometió a aprobar la Ley Audiovisual "sólo con Esquerra Republicana", pero que "en las condiciones actuales", la formación independentista no está dispuesta a votarla. Para los republicanos, el proyecto de la ley audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros "es incompleto e insuficiente" y "no responde a lo que necesita la lengua catalana ni el sector audiovisual" de la región.
El PSOE "no ha cumplido"
Rufián se quejó de que el PSOE no ha cumplido con el texto que se pactó. Es más, reveló que "nadie tiene el texto propiamente dicho" aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Pero que ante la información revelada por este periódico y otros medios tras la reunión del Gobierno, tenía que "salir al paso". Porque "si es cierta esa información", su partido no aprobará la norma.
Los republicanos insisten en que harán valer "la posibilidad que ofrece la directiva europea de destinar parte de los ingresos de las plataformas, tengan o no sede en el estado, a la producción en la lengua de cada uno de los Estados". Y se acogen a los ejemplos de leyes similares en Francia o en Italia.
La amenaza del socio principal del Ejecutivo es creíble, pues Pedro Sánchez cuenta con el apoyo parlamentario de la historia de la democracia. Sólo 155 diputados integran los grupos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Y sin los 13 diputados de ERC, que se suman a los cinco de Bildu con quien tiene firmado un acuerdo parlamentario, "la agenda legislativa del Gobierno no sale", advirtió Rufián. "Les conviene cumplir".
El portavoz de Esquerra insistió en que lo pactado era que la norma protegiera "la producción audiovisual en las tres lenguas cooficiales con cuotas aplicables a todas las plataformas, tengan su sede o no en este país". Es más, añadió que "en esta lucha deberíamos estar algunos más", en clara referencia a Unidas Podemos y a Junts per Catalunya, "pero si lo tenemos que defender solos, lo haremos, la lengua es sagrada para Esquerra".
La formación morada de Yolanda Díaz no ha tomado posición oficial en este punto. Pero fuentes internas de Unidas Podemos sí han mostrado su apoyo a ERC en este aspecto.
La ausencia de Junts en esta batalla se explica por sus propias estrategias parlamentarias. Los de Carles Puigdemont votaron en contra de los PGE 2022 y no se consideran socios de Sánchez. Es más, no sería la primera vez en que afean a ERC sus pactos "a cambio de nada" en lugar de "formar un frente común independentista en Madrid" para defender las exigencias separatistas.