El enigma de los abusos sexuales al hijo de Juana Rivas: por qué nunca se identificó al autor

La decisión del juez Manuel Piñar de denegar la libertad para Juana Rivas tras obtener el indulto parcial del Gobierno de España ha sacado del armario de la madre de Maracena uno de los grandes enigmas en esta disputa judicial mediatizada: los supuestos abusos sexuales que había sufrido su hijo cuando tenía 3 años.

Este viernes, el magistrado denegaba la excarcelación de Rivas por tres razones. Según Piñar, la progenitora "no se ha arrepentido de sus acciones", reincidió en ellas y suponía un "peligro" para los menores, puesto que uno de ellos había sufrido "supuestos abusos sexuales" mientras estaba a su cuidado.

El razonamiento no ha gustado a algunos defensores de Rivas, como Unidas Podemos que lideró la petición de indulto para la madre de Maracena, que han acusado directamente al juez que ha dictado sentencia.

Ataques sustentados en publicaciones del Facebook personal del juez que dejan de lado que la denuncia por supuestos abusos no están vinculados con el 'Caso Juana Rivas' (relacionado con la custodia del menor y los supuestos malos tratos del padre hacia ella) sino que fue denunciado por profesionales sanitarios. Aunque sí es cierto que, a posteriori, el padre se involucró en el proceso judicial.

Hay que remontarse a mediados del 2017. Rivas tenía a los menores a su cargo pese a que, el 14 de diciembre de 2016, el Juzgado de Primara Instancia número 3 de Granada la había ordenado la "inmediata restitución" de los niños con su padre de vuelta a Italia. Resolución que fue firme, precisamente, en abril de 2017 cuando apareció la denuncia por supuestos abusos.

Abril de 2017

Según consta en las entrevistas que la Guardia Civil hizo a los profesores del menor (tenía 3 años), el hijo pequeño de Rivas había alertado en el colegio de que tenía "dolores y estreñimiento" y le dolía el ano. Según los documentos judiciales, la madre había llevado en varias ocasiones al niño al médico porque "sufría de estreñimiento".

Tras una reiterada queja del niño, explica Manuel Piñar, los profesores avisan de nuevo a la madre quién termina llevando al menor al centro de salud de Maracena. Allí, tras una exploración inicial, terminan derivando al niño al Hospital de referencia en Granada donde, y cita el texto, "el pediatra observa algo que no considera normal".

El protocolo por posible agresión sexual se activó e hizo que una forense acuda al centro para valorar al menor. En su informe, dicha profesional deja constancia que no puede descartarse un posible abuso al menor.

Fechado el 11 de abril de 2017, este texto del forense concluye que "no se puede descartar que el menor haya sido objeto de una agresión sexual anal". También cita una exploración médica al menor donde se le pregunta por lo sucedido y él refiere "que alguien le ha hecho daño en el ano".

Ese día que el menor termina en el hospital acaba de volver de un viaje con su madre, una casa rural con otras cuatro personas (tres mujeres y un hombre, según aseguró ella). Allí, Rivas insiste en que los menores estuvieron vigilados.

Algo con lo que no coincide Piñar, puesto que afirma que el supuesto abuso sexual pudo ejercerse "en la máxima extensión del término" y, prueba de ello, son las "imágenes espeluznantes" que han llegado a la causa.

Una de las grandes incógnitas del caso es quién fue el autor de los supuestos abusos al menor. El juez Piñar, en su auto conocido este viernes, no señala a nadie como tampoco lo hizo la madre durante la investigación de 2017 (en la que no presentó denuncia).

Concretamente, dice que no se ha determinado el autor "de la brutal agresión padecida por el menor" y por eso fue sobreseída. Aun así, el juez no quita importancia al hecho e insiste en que "existió" y que tuvo lugar estando el niño bajo la custodia de la madre.

"No se trataba de un niño que por su edad sale a jugar o vuelve del colegio y es abordado y abusado, sino de uno de muy pocos años que deber ser controlado y vigilado en todo momento porque no puede valerse por sí mismo", insiste el juez Piñar recordando que el menor tenía sólo 3 años.

Hoja SIMIA

El magistrado siembra la duda acerca de si la madre hizo todo lo que estuvo en su mano para descubrir quién fue el autor de los supuestos abusos (si es que existieron) y denunciarlos. "Debía saber (refiriéndose a la madre) dónde estuvo el niño cuando pudo ser abusado, las personas que pudieron tener acceso a él y, por tanto, el círculo de posibles autores".

La Junta de Andalucía, en ese momento gobernada por la socialista Susana Díaz, también abrió un procedimiento notificado por una posible infracción de Rivas hacia su hijo. Se trata de la 'hoja SIMIA' (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía).

Al final, la Guardia Civil no encontró nada concluyente y el Juzgado en el que los facultativos habían dado parte decidió cerrar "provisionalmente" la causa dejando la posibilidad de reabrirla si aparecían más pruebas. Rivas no quería que eso ocurriera y propuso un sobreseimiento total y no parcial como pedía la Fiscalía y el padre.

Según argumentaba el abogado de la madre, la Guardia Civil había cerrado su atestado y una ONG que analizó al menor aseguró no encontrar "sintomatología de daño sexual". Por tanto, no había indicios para que la causa se cerrara y el suceso (que había ocurrido cuando la madre tenía sustraídos a los menores del padre) quedara en el olvido.

Esto se solicita por parte de la madre por una razón. Aunque desde el punto de vista de investigación (o práctica de nuevas diligencias) el caso está cerrado por sobreseimiento, puede reabrirse si alguna de las partes (por ejemplo, el padre) tuviera pruebas relevantes que aportaran novedades significativas.

"Deficiencias de vigilancia"

Es noviembre de 2017 cuando el juzgado número 2 de instrucción de Granada declara el sobreseimiento provisional de las actuaciones y archiva la causa. En el texto afirma que "se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada".

El juez Piñar es especialmente duro en el auto contra Rivas pues afirma que aunque "es posible" que la madre haya sido víctima de malos tratos "continuos" como ha manifestado "a pesar de que no existen condenas"; también "es probable que uno de sus hijos haya sido víctima de abusos sexuales por deficiencias en la vigilancia ejerciendo la guarda y custodia, aunque tampoco hay condena".

La importancia de que ahora esto salga a la luz, y sea una de las tres razones por las que el juez deniega su libertad, tiene que ver con el indulto que le dio el Gobierno de España a Juana Rivas, puesto que no fue total sino parcial, porque no contaba con un informe judicial favorable. Es decir, que este indulto no puede sacarla de la cárcel, sino reducir su condena (a un año y tres meses) y que la madre se pueda beneficiar de algunas ventajas penitenciarias. 

Según el artículo 80 del Código Penal, las penas inferiores a 2 años de cárcel, cuando el condenado no tiene antecedentes y ha pagado la indemnización, pueden ser suspendidas. Es decir, que sólo con el indulto parcial, Rivas podría salir de la cárcel.