El Gobierno desampara al niño de Canet: no ha llamado a la familia ni ha dictado órdenes a su favor

"El Gobierno está totalmente desaparecido", lamentan desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que está en contacto permanente con la familia, y que es quien ha interpuesto una querella ante la Fiscalía, por delitos de odio, contra las personas y entidades que han fomentado el hostigamiento.

Desde la AEB confirman que Partido Popular, el Partido Socialista de Cataluña (PSC), Vox y Ciudadanos sí se han puesto en contacto con ellos para expresar su "solidaridad" y "apoyo" a la familia de Canet de Mar: "Algunos hasta han llamado varias veces interesándose por su estado".

A quien sí llamó el Gobierno, por medio de la ministra de Educación, Pilar Alegría, fue al consejero del Govern José González Cabray para ofrecerle "los medios del Estado" a disposición de la protección del menor. Esto, después de que el consejero de Educación catalán cargara contra los tribunales por exigir al centro de Educación Infantil y Primaria de Canet de Mar que ofrezca el 25% de sus clases en castellano.

Desde la AEB lamentan que Alegría llamara "para ofrecer su ayuda a quien desoye las advertencias del TSJ". Pero por otro lado se congratulan de que la familia está ahora mismo "serena" tras haber recibido "muchísimos mensajes de apoyo" y que la situación en Canet de Mar se encamina finalmente "hacia la normalidad"... Pero no gracias, sino a pesar del Gobierno de España.

El pecado de la familia, cabe recordarlo, fue solicitar formalmente a la Generalitat más horas lectivas en castellano para su hijo. Ante la negativa, recurrió al TSJC. El fallo del tribunal, con fecha de 14 de octubre, obligó un 25% de las clases en español. Y ahí estalló el acoso de las familias del centro y del separatismo radical con el amparo del Govern.

Pleno del Congreso

El presidente y sus ministros trataron de esquivar la cuestión en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, pese a la insistencia de la oposición. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, le preguntó -parafraseando el discurso que el propio Sánchez pronunció en marzo de 2015, ante las lluvias torrenciales que habían anegado numerosas poblaciones de la ribera del Ebro- "¿qué coño tiene que pasar para que el Gobierno asuma alguna responsabilidad?". Sánchez contestó con evasivas.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, planteó a Sánchez la pregunta clave: "¿Qué tiene que decirle usted a esa familia de Canet como presidente del Gobierno?". 

"Este Gobierno manifiesta la solidaridad con el hijo y los padres de la escuela de Canet"... se limitó a responder Sánchez, pero indicando a posteriori que "trabaja por la convivencia en las aulas", que no va a "politizar nunca la educación" y que tampoco recurrirá a "declaraciones inflamatorias" que, en su opinión, no estarían justificadas.

Los grupos de la oposición atribuyen la tibieza en la condena a que el Gobierno "es rehén de los separatistas", en palabras de Arrimadas, porque acaba de pactar con Esquerra Republicana (ERC) los Presupuestos Generales del Estado a cambio de que el catalán y otras lenguas cooficiales estén presentes en plataformas como Netflix o HBO.

Precedentes

Hay precedentes cercanos que atestiguan que el actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha sido muy contundente en su condena cuando se ha visto ante casos que le resultaban explotables a nivel político: la falsa agresión homófoba de Malasaña o las amenazas por carta a políticos socialistas en la campaña autonómica de Madrid, por ejemplo.

La ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, muestra una fotografía de la navaja. Efe

En las dos situaciones mencionadas, los ministros del PSOE y de Podemos montaron toda una campaña en redes sociales que corrió como la pólvora. Sin comprobarse siquiera el alcance de los hechos –la agresión de Malasaña no existió, la navaja ensangrentada la envió un enfermo mental y los autores de las cartas nunca fueron localizados–, los miembros del Consejo de Ministros corrieron a las televisiones para dar cuenta de lo que pasaba. Pedro Sánchez llegó, incluso, a convocar de manera urgente una comisión para los delitos de odio para abordar el caso de Malasaña.

Una situación bien diferente a la que se ha producido ahora con un acoso acreditado y prolongado en el tiempo. Pilar Llop –Justicia–, Pilar Alegría –Educación–, Yolanda Díaz –vicepresidencia–, Ione Belarra –Derechos Sociales– o Irene Montero –Igualdad– no han escrito ninguna palabra sobre el caso de Canet. Y el presidente del Gobierno sólo se ha pronunciado al verse acorralado por la oposición en el Congreso de los Diputados.

Llop despachó el asunto la semana pasada escudándose en que "no tenemos conocimiento exactamente" de lo sucedido porque "hay que ver los expedientes". Una postura que adoptó después el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo: "Mi obligación de intervenir será una vez se haya producido desamparo objetivo".

Y eso que la situación ha ido a más desde que comenzó el hostigamiento a la familia de Canet de Mar. A la tromba de amenazas recibidas -un exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona propuso "apedrear" su casa- se suma el señalamiento, a través de un medio digital, detrás del cual se encuentra un teniente de alcalde de la CUP, que llegó a revelar la identidad del padre y de la madre del menor.

También trascendió el nombre del negocio familiar, que desde entonces recibe malas calificaciones en Google por vender "frutas fachas de poca calidad", entre otras lindezas. Pero por ellos, el Gobierno no ha convocado una comisión de delitos de odio ni ha expresado una condena clara y uniforme. Por haber, no ha habido, siquiera, una llamada.