La aritmética parlamentaria en la que sobrevive Pedro Sánchez le obliga a ciertos malabarismos de cuando en cuando. Lo habitual, en el día a día de la legislatura, es que se apoye en la llamada "mayoría de la investidura". ERC, Bildu, PNV y otros grupos menores le dan los apoyos para sus leyes y decretos a cambio de determinadas concesiones. Pero en votaciones clave, los socios sacan las garras, "se hacen los interesantes" -en palabras de un alto diputado socialista- y ponen todo en riesgo.
Así las cosas, la reforma laboral se le ha enquistado al Gobierno. Republicanos, abertzales y peneuvistas ya le han dicho que no al texto acordado con los sindicatos UGT y CCOO, y las patronales CEOE y Cepyme. Y Ciudadanos aparece en el horizonte como opción más viable para ir armando una mayoría alternativa a la habitual.
"Los de Inés Arrimadas tienen ahora la oportunidad de mostrarse útiles", explicaba esta semana un dirigente del PSOE a este diario. "Está en su mano ser creíbles, les conviene".
¿Les conviene? Edmundo Bal, en conversación con EL ESPAÑOL, reconoce que su partido está dispuesto a hablar. "Somos conscientes de que podemos ser decisivos", pero advierte: "Hemos analizado la reforma y desde luego hay varias cosas que no nos gustan nada". Los liberales se sentarán a hablar si el Gobierno les llama, y negociarán un voto favorable si se les "aceptan enmiendas".
Calendario trastocado
Lo que quería el Gobierno era llegar al Congreso con un texto consensuado con los agentes sociales que le permitiera hacerse fuerte con los socios y no aceptar enmiendas. Al menos, no sustanciales. Si las partes directamente implicadas, empresarios y trabajadores, están de acuerdo, no tiene sentido que la política de partidos meta mano ahí. Ahora, a Sánchez no le quedará más remedio: o mira a sus socios habituales o juega la carta liberal.
Los líderes sindicales y empresariales, junto al presidente Pero Sánchez, en Moncloa.
Pero para facilitar la operación, además, hacía falta que el ritmo de los acontecimientos ayudara. Teniendo en cuenta que, por un lado, el Consejo de Ministros del 28 de diciembre era el designado para aprobar el decreto de la reforma laboral, hacía falta sacar los Presupuestos antes. Porque hace un mes, se cumplió el primer plazo que se había dado Yolanda Díaz para tener su acuerdo y la coincidencia en fechas con las cuentas públicas de 2022 ponía en riesgo ambas votaciones.
Cuando la semana pasada los portavoces de PSOE y Unidas Podemos iniciaron llamadas rápidas a sus homólogos del resto de los grupos parlamentarios, no sólo buscaban eliminar el pleno del Día de los Inocentes para adelantar las vacaciones.
La realidad es que la enmienda a los Presupuestos de Compromís, sorpresivamente apoyada por el PP (y consiguientemente, aprobada) a última hora, en el Senado, destrozaba un calendario minuciosamente diseñado por el Gobierno: el texto de la reforma laboral se conocería antes de la votación de las cuentas públicas.
Y eso significaba que los socios parlamentarios dispondrían, a la vista de todos, de pruebas de que la ley del PP del año 2012 no sería "derogada" ni por asomo. Que los cambios se limitarían a cuestiones importantes pero, en su complitud, cosméticos. Y así, tanto ERC como Bildu -los dueños de los 18 votos más importantes del Congreso, porque otorgan y quitan mayorías- tendrían motivos para la queja.
Los socios díscolos
Y no sólo motivos, sino estímulos localistas para rebelarse. "Queremos la prevalencia del convenio autonómico", han dicho Gabriel Rufián y Arnaldo Otegi, "y en caso de no obtenerlo vía enmiendas, votaremos que no". Esto fue rechazado de plano por los empresarios durante la negociación y si el PSOE acepta tocarlo podría ganar en el Congreso, pero perder el consenso social.
A este argumento se sumó, el día de Navidad, el PNV... que no podía aparecer como menos exigente. Y añadió otro argumento: "La realidad sindical en País Vasco y Cataluña", advirtió Aitor Esteban, "es muy distinta de la del resto del Estado".
Aitor Esteban, portavoz del PNV, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados.
Es decir, que UGT y CCOO no son representativos en esas regiones, y eso justifica que los grupos nacionalistas se erijan en voz de los sindicatos de clase autonómicos... a ver cómo, con esas razones y su necesidad de apoyos parlamentarios, el PSOE y Unidas Podemos hallan justificación para no tocar el texto.
En esas circunstancias, con los otros votos dispersos de los grupos menores más cerca del sí que del no -Más País (3), CC (2), PRC (1), BNG (1)- es Ciudadanos el partido que aparece como aliado de conveniencia. Si los liberales acuerdan un sí mientras ERC y Bildu se mantienen en el no, haría falta al menos la abstención del PNV para que Sánchez no vea derrotada su reforma laboral. Y por eso los nacionalistas vascos juegan a varias bandas.
De hecho, la reforma que aprobará por real decreto ley este martes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se parece mucho más a la que pactaron PSOE y Ciudadanos en su Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso de 2016 que a la "derogación" prometida.
En la página 21 de aquel documento [consúltelo completo en PDF], firmado por el socialista Sánchez y el liberal Albert Rivera, se leen muchas cosas que hoy asume la comunista Díaz.
Y precisamente aquel papel rechazaba de modo explícito la principal demanda que esgrimen nacionalistas e independentistas para reconsiderar su rechazo a la reforma laboral: "Desde la consideración de que la ordenación de la estructura de la negociación colectiva corresponde a la autonomía colectiva, el ámbito provincial de la negociación colectiva sectorial debe ser superado".
Al PSOE le toca decidir, basándose en contenidos, si contradice lo recién acordado y regala la preeminencia del convenio territorial a sus socios nacionalistas... o si es coherente y mira a Ciudadanos.