Belarra presiona al PSOE para que no se "eche atrás" con la Ley de Vivienda tras el revés del CGPJ

Que la Ley de Vivienda acordada entre PSOE y Unidas Podemos no le gusta un pelo a los socialistas es cosa sabida. Que Pablo Iglesias primero, Ione Belarra después y la misma Yolanda Díaz definitivamente hubieron de amenazar con romper la coalición si no se cumplía "lo pactado", tampoco es noticia. Y que Félix Bolaños logró un compromiso con el ala morada del Gobierno el pasado 5 de octubre en el que descafeinaba los aspectos más polémicos, ya fue contado en este periódico.

Así, con este background, tiene sentido que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos haya acudido este martes al Consejo de Ministros advirtiendo a Pedro Sánchez. Según ha podido saber este periódico, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no oculta su "preocupación ante la posibilidad de que su socio de Gobierno pueda echarse atrás en los aspectos más ambiciosos" de la norma tras el informe negativo del CGPJ.

Tras la exclusiva de EL ESPAÑOL, que este lunes daba cuenta del contenido del dictamen -preceptivo pero no vinculante- muy crítico y negativo con la redacción "confusa y farragosa" de la ley, y de su riesgo de "inconstitucionalidad" por "intervenir en la propiedad privada" sin justificación suficiente o "invadir competencias autonómicas" desde el Estado.

Las líderes ed Unidas Podemos, Yolanda Díaz, y de Podemos, Ione Belarra, en la sala de prensa de Moncloa. ADP

De hecho, Belarra lamenta que la ley se haya retrasado ya casi dos años, respecto a las fechas acordadas entre Sánchez y Pablo Iglesias al inicio de la legislatura. En su entorno se admite que la medida estrella, la de la intervención del mercado del alquiler, ha quedado muy recortada. Pero ahora se advierte al PSOE que "los aspectos más ambiciosos" de la norma no se deben tocar.

Lo cierto es que fuentes del lado socialista del Ejecutivo confirman a este periódico que Moncloa no tiene intención de atender el informe del Consejo General del Poder Judicial. Que simplemente "se estudiará" en sus aspectos técnicos, y se "mantendrá la apuesta por una ley que debe "ser el quinto pilar del Estado del bienestar".

Es más, el entorno de la misma ministra de Transportes, Raquel Sánchez, competente en la materia, critica al órgano de gobierno de los jueces por "extralimitarse". El Gobierno pidió el dictamen del CGPJ "sólo para un aspecto" de la ley, la modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, tanto en el informe tumbado hace 10 días como ahora, los vocales "han querido entrar en opinar sobre toda la ley". El Gobierno, dicen las fuentes, "lo respeta, pero no atenderá consideraciones".

"No corresponde"

Ahora, el Ministerio de Derechos Sociales arrancará una nueva ronda de contactos con las organizaciones y movimientos sociales que defienden el derecho a una vivienda digna. El objetivo es someter a la presión que sea necesaria al ala socialista. El departamento de Belarra, además, recuerdan la "situación excepcional de un CGPJ que tiene el mandato caducado desde hace tres años".

Los morados critican a un CGPJ "secuestrado por el PP" y al que "no corresponde, en ningún caso, evaluar la constitucionalidad de la norma". Este informe, recuerdan, es preceptivo pero no vinculante. Es decir, ha de ser solicitado por parte del Gobierno, que "no tiene ninguna obligación legal de asumir el contenido del dictamen".

Belarra comenzará este mismo martes por la tarde esta ronda de contactos, que incluirá a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros.

La líder de Podemos quiere presionar a la ministra socialista coproponente de la norma para "mostrar a la sociedad española la urgencia de la Ley de Vivienda" y el "amplio respaldo con el que contaría un texto verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional".