El Congreso permite a Darias regular el uso de la mascarilla entre reproches de "chantaje" de sus socios

El PSOE y Unidas Podemos han conseguido el apoyo necesario para aprobar el conocido como Real Decreto de las mascarillas en exteriores, normativa cargada de polémica, por la que el Gobierno se ha hecho con el mando único de la gestión de su uso durante las siguientes olas de la Covid-19.

Y es que, tal y como consta en el decreto aprobado, el uso de las mascarilla seguirá siendo obligatorio en la calle pero, además, el Consejo de Ministros tendrá plena potestad para, en función de la situación epidemiológica, poder volver a quitar o ponerla sin el control previo del Parlamento.

Ahora bien, la aprobación se produjo bajo las acusaciones de "chantaje" por parte de los propios socios del Ejecutivo, que consintieron sacar adelante la norma con sus abstenciones. El hecho de incluir el decreto un apartado vinculado a la subida de las pensiones más bajas, ha obligado a muchos grupos a aprobarlo por "honestidad política".

El decreto marca un antes y un después a la hora de gestionar la Covid-19 pues, hasta ahora, siempre que se ha obligado o levantado el uso de la mascarilla el Ejecutivo ha tenido que pasar por el Congreso. Ahora, y como la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias explicó en la rueda de prensa del 23 de diciembre, la decisión será única y exclusivamente de su Ministerio.

El Real Decreto ha llegado al Congreso cargado de polémica y así se ha dejado ver durante las semanas previas. En su disposición adicional se modificaba la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 para dar un complemento a las personas que cobren las pensiones más bajas (contributivas, del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de Viudedad) y las prestaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo con discapacidad.

El Gobierno podría haber presentado esta iniciativa de forma individual, pero decidió vincularlo al Real Decreto a sabiendas de que era la forma de salvarlo, pues hasta sus socios rechazaban ratificarlo cuando se anunció el diciembre.

Finalmente, y gracias a las exigencias de grupos como el PNV, el decreto ha sido aprobado y, además, tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Es en este punto donde el Gobierno ha cedido ante los grupos asegurando que las decisiones a la hora de quitar o poner las mascarillas en exteriores se puedan tomar en el Consejo Interterritorial y ser individuales para cada comunidad autónoma. Por lo menos así lo han dejado entrever desde el PNV. 

Poder territorial

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha sido la encargada de defender el uso de las mascarillas asegurando que reducen el tiempo de transmisión de enfermedades por gotas y aerosoles. "Hemos tomado medidas para garantizar la protección de la salud e implementar la cultura del cuidado", ha insistido.

Darias ha asegurado que los presidentes de todo signo político han pedido las medidas que llevaban al Congreso en el Real Decreto. Declaraciones que chocan con las que ha hecho este mismo miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quién ha pedido que se eliminen ya las mascarillas al aire libre.

Darias ha asegurado que "hemos doblegado la curva de la sexta ola" y que, por eso, estamos más cerca de eliminar el empleo de mascarillas que se ha aprobado. Además, se ha adelantado a hablar de la forma en la que España se adentra a gripalizar la Covid.

"Hay que pasar de una vigilancia de la emergencia a una vigilancia por objetivos", ha explicado. O lo que es lo mismo, dejar de gestionar los datos de una manera tan exhaustiva para centrarse en controlar el incremento de los contagios graves.

El PP, Vox y Ciudadanos ya habían adelantado que votarían en contra del Real Decreto. Ana Pastor (PP) ha acusado a Darias de tratar temas sanitarios a golpe de Real Decreto "improvisando" y sin "evidencia científica".

"Chantaje"

Pastor ha criticado que sea Darias la que, a partir de ahora, "ponga y quite" el uso de las mascarillas "escuchando al Consejo Interterritorial" pero sin someter las opiniones del organismo a "votación" como, a su parecer, debería de ser.

Desde varios partidos del grupo mixto han acusado al Real decreto de ser un "chantaje" para el Parlamento. "Usan la pandemia para convertir el Congreso en un tragadero al que traen todo lo que quieren", han acusado.

EH Bildu ha sido uno de los partidos que ha anunciado su abstención asegurando que era la "última vez" que iban a aceptar un chantaje "de este tipo" en referencia a la vinculación que el Gobierno ha hecho con las pagas a las pensiones más bajas y el RD de mascarillas.

Su portavoz de Sanidad, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha incidido en la necesidad de aplicar medidas útiles y eficaces, y ha recordado que las medidas propuestas por el Gobierno carecen de apoyo científico. "Existe un consenso científico prácticamente unánime: no sirve para disminuir los contagios".

Su argumento ha sido el mismo que el del PNV quiénes han acusado al PSOE de no tener "honestidad política" a la hora de presentar las pensiones junto con el Real Decreto de mascarillas, pero ellos sí han votado a favor.

La clave de por qué han votado a favor la han explicado asegurando que el Gobierno se ha comprometido con ellos a tramitar la norma como decreto ley. Esto significa que tendrá que regularse y ampliarse desde las Cámaras y podrá negociarse con el resto de partidos añadir o quitar cosas.

En este punto es donde el PNV saca algo, pues pretende hacer vinculantes las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) respecto a la eliminación o no de las mascarillas. 

"Debemos sacar esta cuestión de la reserva de ley", ha demandado Josune Gorospe, portavoz del PNV, abriendo el melón de que el uso de las mascarillas se regule de forma autonómica y que sean" las autoridades sanitarias competentes" (el Interterritorial) el que decida.

Muchos han sido los que han asegurado que, sin el punto de las pensiones, este Real Decreto no habría salido adelante. "Nos vamos a abstener porque nuestro sentido de la responsabilidad nos imposibilita votar en contra de las pensiones mínimas aunque merecen que no les diésemos la abstención", han reconocido.

Mientras, en Más País, las acusaciones de Inés Sabanés iban en la misma línea. "El Gobierno comete dos errores: el primero, es una medida no eficaz en estos momentos. El segundo, obligarnos a votar en el mismo paquete una medida en la que nadie cree", ha resumido.

Los partidos nacionalistas catalanes (PDeCAT y ERC) se han abstenido también. "Es una medida absolutamente inútil, estética, con nula efectividad. No contribuye en nada a controlar la sexta ola", ha dicho Concepció Cañadell.

Desde ERC, Xavier Eritj, en la misma línea, ha calificado de "filibusterismo" la maniobra del Gobierno para conseguir aprobar el decreto. Hay que recordar que cuando se anunció la medida su portavoz, Gabriel Rufián, se rio de la misma y la calificó de ineficaz. 

Más médicos

E decreto de medidas extraordinarias (que es el nombre con el que ha llegado a la Cámara Baja) recoge, además, dos disposiciones de carácter sanitario que consisten en facilitar a las comunidades autónomas el contrato de más médicos. Esto se hará mediante dos fórmulas que se llevan alargando desde el inicio de la pandemia: la contratación de médicos jubilados y de extracomunitarios.

En este sentido, el texto autoriza de "modo excepcional y transitorio" a las autonomías la contratación de profesionales sanitarios con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea.

El contrato suscrito permitirá el desempeño de actividad asistencial, que deberá ser supervisada por los profesionales de plantilla y podrá prolongarse por sucesivos períodos de tres meses hasta un máximo de 12.

Asimismo, el texto apunta que se podrán compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación hasta el 31 de diciembre de 2022 de los profesionales que ejercen la Medicina y la Enfermería y que presten servicios tanto en centros sanitarios públicos como privados, con el objeto de llevar a cabo tareas dirigidas a la lucha contra el covid, "siempre que la incorporación al servicio activo derive de las autorizaciones acordadas por la autoridad sanitaria competente".