El Partido Popular solicita a la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, que ordene la "inmediata suspensión y paralización de los trámites dirigidos a la publicación y efectividad" de la votación sobre la reforma laboral.
Así lo ha exigido el grupo en varios escritos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, firmados por la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, y por el diputado Alberto Casero. En ellos, también solicitan al secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén, que les dé acceso al acta de la sesión del Pleno del pasado jueves, cuando se produjo la votación.
El partido toma esta decisión "ante las vulneraciones del ordenamiento jurídico de la presidenta", detallan fuentes populares a este diario.
Con un recuento de 175 síes y 174 noes, este jueves salía adelante una de las medidas estrella del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Y lo hizo gracias al voto por error de, precisamente, Casero. Ante las sospechas de un posible error humano del diputado por Cáceres, el PP ha defendido que se trató de un fallo "informático".
En su escrito, este último considera que la votación sobre la reforma laboral no recogió la voluntad mayoritaria real de la Cámara. Considera "vulnerado" su derecho "al ejercicio de la representación parlamentaria", consagrado en la Constitución, y considera "totalmente falso" que la Mesa se reuniese para analizar el supuesto fallo técnico.
Antes de que se contabilizasen los votos, el Partido Popular avisó a Meritxell Batet de que Alberto Casero —quien se encontraba el jueves en su casa al estar enfermo y con fiebre— había dado un sí a la reforma laboral, cuando su verdadera intención era oponerse a ella. Por ello, consideran que la presidenta de la Mesa ha incumplido sus obligaciones al negarse a reunir entonces al órgano rector de la Cámara Baja. Y que se ha producido un "falseamiento consciente de la voluntad" del Congreso.
Fuentes parlamentarias han trasladado a EL ESPAÑOL que los servicios de la Cámara informaron a sus miembros de que no se había detectado ningún error con el televoto y que su Mesa no llegó a reunirse.
Asimsimo, el PP considera que Meritxell Batet debió permitir a Casero anular su voto informático y permitirle dar, en persona, un no al texto, como era su voluntad.
Por ello, esgrimen un acuerdo de la Mesa, fechado en 2012, según el cual la presidenta de la Cámara debe "comprobar telefónicamente" con cada diputado que ha ejercido el televoto —han sido 14 en esta ocasión— que lo contabilizado es correcto. Sin embargo, esta comprobación formal no se lleva a cabo casi nunca, ya que los parlamentarios vuelven a confirmar su propio voto en una segunda pantalla.
Dicho documento también recoge, en su punto 6, que "el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara, que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará nulo el voto telemático".
El PP, a su vez, ya anunció que recurriría esta decisión de Batet ante el Tribunal Constitucional. Además, la doctrina de éste establece que se vulnera el derecho de un diputado si, una vez alegado un error técnico que le ha impedido expresar su voluntad, el presidente de la Cámara no comprueba esta presunta anomalía antes de decidir si procede o no repetir la votación. Así lo declara una sentencia del año 2006, ponencia del magistrado progresista Pascual Sala, y que el PP esgrimirá a su favor.
En conversación con este diario, varios diputados del Partido Popular inciden en que, además, el voto telemático no tiene efecto directo, como sí lo tendría un error humano a la hora de apretar, desde el escaño, el botón incorrecto, lo cual "no tiene remedio".
Por contra, insisten, el televoto funciona "por fases": Casero tuvo 45 minutos —desde las 17.30 hasta las 18.15 del jueves— para emitir su postura desde casa, que no se contabiliza hasta el recuento, en el hemiciclo, de estos votos telemáticos. Es en ese momento cuando se añaden a los presenciales en el Pleno y adquieren firmeza. Por tanto, sostienen desde la formación conservadora, Meritxell Batet debió acceder a la petición del PP cuando el partido le avisa, antes de iniciarse la votación, de que el sí de Casero no se ajusta a su voluntad real.