El 'Match Point' de la legislatura: "Casero salvó el cuello de Félix Bolaños"

Porque no era una votación cualquiera. Probablemente fuera la votación más importante de la legislatura, porque no se tramitaba una decisión programática o ideológica de un Gobierno, sino que se trataba de cumplir con una exigencia de la Unión Europea, una condicionalidad imprescindible para la llegada de 140.000 millones de euros, vitales para el futuro de España.

Era imprescindible, además, que la reforma tuviera el visto bueno de empresarios y sindicatos y, por eso, PSOE y Unidas Podemos renunciaron a los términos exactos de su acuerdo de investidura y a sus programas electorales, y Sánchez impuso que no se tocara en el Congreso ni una coma del acuerdo aceptado por la CEOE.

Meritxell Batet.

Negociar con ERC

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, explica que, en su opinión, el PSOE le dijo la verdad desde el minuto uno. "Quien os diga que se puede mover una coma del acuerdo con sindicatos y empresarios os está mintiendo", asegura que le dijeron en la primera reunión los socialistas. Y explica que, por contra, el Ministerio de Trabajo les pasaba propuestas para negociar, mientras que Moncloa les decía que no las aceptaba porque no era posible cambiar nada. Incluso —siempre según ERC— les llegaron a pedir a la desesperada un acuerdo sobre puntos que "no se podrían explicar públicamente".

El Gobierno no ha admitido nunca de forma expresa esa condicionalidad, ni siquiera ha utilizado esa palabra, pero la Moncloa admite que la llegada de fondos hubiera quedado en el aire. De hecho, en algunas reuniones con sindicatos y empresarios, el Gobierno sí ha utilizado este argumento para instar al acuerdo. Por ejemplo, en el inicio de las negociaciones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo una dura discusión con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, al insistir la representante del Gobierno en que el acuerdo era una condición impuesta por Europa.

El estrambótico final de la votación de la reforma laboral salva ese trámite imprescindible, pero provoca multitud de consecuencias políticas e institucionales, según admiten diferentes fuentes del Gobierno y de la oposición.

Deja un enorme daño institucional en el Congreso, que se mantendrá mientras dure el cuestionamiento del resultado de la votación y la futura resolución del conflicto ante el Tribunal Constitucional. Nunca antes un líder de la oposición había hablado de "pucherazo" en el Congreso, como hace ahora Pablo Casado.

Curiosamente, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la acusan de prevaricación el PP y Unidas Podemos, unos por esta votación y los otros, por la retirada del escaño a Alberto Rodríguez.

Heridas profundas

Deja una discusión dentro del Gobierno sobre la estrategia de alianzas parlamentarias, según fuentes de los dos partidos que forman la coalición.

Deja heridas profundas en la relación del Gobierno con partidos que facilitaron la investidura de Sánchez o que han respaldado al Ejecutivo en el Gobierno, como ERC, PNV o Bildu.

Deja serias dudas sobre la estrategia de Pablo Casado al oponerse a un acuerdo con empresarios y sindicatos que exige una Unión Europea dirigida por aliados ideológicos del PP. De hecho, dirigentes regionales de su partido que cuestionaban el voto en contra de la reforma laboral lamentan que se perdiera la oportunidad de diferenciarse de Vox con una posición de Estado, y temen que se avive la sombra de sospecha sobre la votación como cortina de humo para tapar el debate sobre la posición de Casado.

Quejas en la bancada del PP.

Todo ello en vísperas de unas elecciones en Castilla y León en las que el líder del PP se juega pasar un peldaño en su escalera estratégica para llegar a la Moncloa, que seguirá en Andalucía, o sufrir un duro traspié que ponga en cuestión todo su proyecto y su liderazgo.

Deja también a Unión del Pueblo Navarro en una grave crisis interna, con dos diputados zombis aislados de la dirección de su partido. Los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero fueron presionados por el PP y Vox durante todo el día para que desobedecieran la orden de apoyar la reforma. Fuentes populares admiten que cuando iba a iniciarse la votación ya sabían cuál era el sentido del voto de los dos diputados de UPN.

Sergio Sayas.

"¿Por qué insistís si ese voto no es decisivo?", preguntó un miembro de la Mesa a Teo García Egea y a Cuca Gamarra antes de iniciar la votación, cuando plantearon el "error informático" de Casero y se daba por hecho que el decreto saldría adelante gracias a los votos de UPN. No hubo respuesta, porque la respuesta es que el PP ya conocía el viraje de Sayas y García Adanero, y creía posible en ese momento derrotar a Sánchez.

Era una especie de reedición del victorioso movimiento final de Murcia, logrando en el último momento una derrota del Gobierno gracias, ahora, al cambio de opinión de UPN. El PSOE entiende que el PP forzó ese "transfuguismo" para acabar con el Gobierno, sugiere que los diputados navarros han pactado su futuro en listas electorales, y lo curioso es que esa operación haya fracasado por el error de un estrecho colaborador de García Egea, muñidor de la maniobra en Murcia y quizás de la del Congreso.

Al filo de la navaja

Y el episodio deja patente de nuevo la enorme fragilidad de la política española, que obliga a Sánchez a andar cada día al filo de la navaja, lo cual siempre es arriesgado por más que el presidente del Gobierno esté acostumbrado al equilibrismo extremo. Como asegura un dirigente del PSOE, "debemos ser conscientes de que no siempre habrá un diputado Casero que nos ayude".

Fuentes parlamentarias, de hecho, recuerdan que hace casi un año el decreto con el procedimiento para la tramitación de los fondos europeos salió gracias a otra carambola del azar facilitada (sin querer) por Vox. El Gobierno abusa de su suerte.
Cuando se disipe el humo del error de Casero quedará el examen de las alianzas del Gobierno y su estabilidad parlamentaria.

En verano de 2020, Sánchez y Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno, mantuvieron una agria discusión sobre los apoyos a recabar para los Presupuestos de 2021. El presidente quería abrir el acuerdo a Ciudadanos y el entonces líder de Unidas Podemos se negaba. Iglesias ganó ese pulso y los Presupuestos salieron con los votos de los partidos de la llamada "mayoría Frankenstein".

Ahora, ha habido una cierta revancha o segunda vuelta de aquel pulso. Yolanda Díaz intentaba la mayoría de la investidura con ERC y PNV, mientras que la parte socialista aspiraba a formar una mayoría alternativa con Ciudadanos y con otros minoritarios como UPN y PDeCAT.

Moncloa y Ferraz se movilizaron con Félix Bolaños y, sobre todo, con el navarro Santos Cerdán para cerrar el acuerdo con Ciudadanos y UPN, y hasta el momento de la votación iban ganando a Díaz. Sin embargo, fuentes próximas a la responsable de Trabajo explican que los acontecimientos le han dado la razón: no hay mayoría alternativa, porque sólo el error del diputado del PP le ha permitido salvar la reforma laboral.

El pacto, según esta versión, se basaba en dos "partidos moribundos" (Ciudadanos y PDeCAT) y se ha demostrado que también se apoyaba en dos diputados (los de UPN) que no eran de fiar y que terminaron por traicionar el acuerdo. Y, según explican, ha quedado claro que no es posible situar al Gobierno sobre esos pilares.

Socialistas y Unidas Podemos admiten que hay que recomponer relaciones con ERC, PNV y Bildu. Explican que, más pronto que tarde, una de sus tareas será recuperar esas alianzas para asegurar cierta tranquilidad en los dos años que restan de legislatura. Por ejemplo, se avecinan en breve dos leyes en el Parlamento que sólo pueden salir con el bloque de investidura: la del Sí Es Sí y la de Vivienda.

"No hay alternativa"

"Es el precio a pagar por ponerse en manos de dos mercenarios. No hay alternativa posible y han jugado a la ruleta rusa con la reforma laboral. Pero no se acaba el mundo y hay que seguir, aunque pedimos al Gobierno que deje de sustentarse en el miedo a su alternativa", asegura Rufián.

Se refiere con esto último al malestar de los socios habituales por cómo les trata el Gobierno, dejando para el final las negociaciones y al preferirles y no informales de sus movimientos. Y, sobre todo, por actuar con la falsa seguridad de creer que siempre apoyarán al Gobierno porque la alternativa de PP y Vox es mucho peor para ellos.

Esta queja la comparte el PNV, molesto hace tiempo con el Ejecutivo. Por eso, los partidos nacionalistas e independentistas han barajado en varios momentos la opción de "dar algún toque de atención" al Gobierno. También otros aliados habituales como Más País comparten esta queja, porque, como explicó Íñigo Errejón, están hartos de maniobras como la de incluir una subida de pensiones en el decreto sobre las mascarillas. Los socios requieren atención y hasta cariño en una situación de minoría parlamentaria.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, junto a Pedro Sánchez.

Además, en Unidas Podemos hay la impresión de que Moncloa y la parte socialista del Gobierno no han ayudado o han dificultado el acuerdo con los socios de investidura.
Explican que lo del jueves fue "una trampa con red a Yolanda Díaz para debilitarla, que empezó el día en que Calviño exigió estar en las negociaciones de la reforma laboral, siguió cuando metió a siete personas en esa mesa, y concluyó cuando los socialistas anunciaron, a la vez que la CEOE, que no se podía tocar ni una coma en el Congreso". Y añaden tres razones: evitar que la responsable de Trabajo rentabilizara un gran éxito, la presión de Europa y el interés por dar una imagen más centrada.

Fuentes socialistas lo niegan y explican que, simplemente, era imposible modificar el acuerdo alcanzado con empresarios y sindicatos. Añaden que la vía de la investidura era imposible por la resistencia de ERC y el PNV y, de hecho, hasta el mismo momento de la votación lo intentaron con los nacionalistas, incluso con llamadas del presidente del Gobierno a Ortuzar.

Ahora queda el recorrido jurídico del voto de Casero, con la intención del PP de llegar hasta el final, es decir, hasta el Tribunal Constitucional, aunque la resolución llegue dentro de varios años. Quizás ya en otra legislatura. Sostienen que Casero quiso cambiar su sufragio antes de iniciarse la votación, aunque ya evitan mencionar lo del "error informático".

Fuentes socialistas de la Mesa aseguran que no hay opción de cambio y que el voto telemático permite una doble verificación, según las normas en manos de todos los diputados. Añaden que, recientemente, se ha denegado esta opción de cambio del voto telemático a otros diputados que se equivocaron como José Luis Ábalos (PSOE) y Macarena Olona (Vox), aunque sus votos no fueron entonces imprescindibles.

En todos esos casos el error fue detectado y comunicado también antes de producirse la votación presencial. Y concluyen que cuando se denegó al PP la repetición del voto de Casero hubo aval del secretario general y letrado mayor del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén, que estaba presente en la discusión.