El presidente Pedro Sánchez ha decidido entonar este miércoles el discurso de sangre, dolor y lágrimas desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Las tropas españolas no van a combatir en suelo ucraniano, pero las sanciones internacionales impuestas a Rusia, ha advertido, van a tener durísimas consecuencias para la economía.

La más inmediata es un alza de los precios de la energía y de algunos productos básicos como los alimentos, que puede provocar una "espiral inflacionaria" y frenar la recuperación económica. 

Sánchez ha advertido que las sanciones a Rusia pactadas por la comunidad internacional van a tener un impacto directo sobre las exportaciones e inversiones españolas en aquel país, así como sobre el flujo de turistas rusos, y pueden provocar "interrupciones bruscas" en el suministro de cereales y otros productos básicos.

"Europa está en la obligación de pagar con este sacrificio, lo que los ucranianos están pagando con sus propias vidas", ha señalado el presidente del Gobierno, "la respuesta a la guerra va a costar sacrificios y tenemos que tomar medidas para que el impacto sea el menor posible sobre las familias más vulnerables".

Espiral de inflación

Para conjurar este riesgo, Sánchez ha anunciado que pedirá a la Unión Europea aparcar las reglas fiscales de contención del gasto público y ha propuesto a los agentes sociales un "pacto de rentas" para evitar que una inflación sostenida afecte a la capacidad de gasto de las familias.

También ha anunciado, durante su comparecencia en el Congreso, medidas para avanzar en la transición y autonomía energética (sin recurrir a la nuclear), ayudas para las familias más vulnerables y los sectores más afectados por la crisis de Ucrania (como la agricultura y el turismo) y un impulso a las nuevas tecnologías, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

España cerró el mes de febrero con una inflación del 7,4% (la más elevada de los últimos 33 años) y esta tendencia se puede acentuar en los próximos meses debido al conflicto de Ucrania.

Sobre todo porque la incertidumbre creada ya está provocando "subidas importantes en los mercados mayoristas del gas y el crudo", ha dicho Sánchez, "y es muy previsible que los precios se mantengan altos", con el consiguiente impacto sobre el poder de compra y bienestar familias.

Un 'shock energético'

La franqueza con la que el presidente ha expuesto estos riesgos -y el anuncio de que España finalmente enviará armas a Ucrania- ha contribuido a desactivar las críticas que, inmediatamente, le han dirigido los portavoces de los dos principales partidos de la oposición, Cuca Gamarra y Santiago Abascal.

A corto plazo, el Gobierno ha decido ampliar hasta el 30 de junio las medidas para reducir la factura de la luz (que expiraban en abril). Entre ellas, la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10%, la suspensión del impuesto de generación eléctrica y la bajada del impuesto especial de la electricidad, que finalizaban en abril. También prorrogará hasta el 30 de junio el bono social para las familias más vulnerables.

El presidente ha adelantado que en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el domingo 13 de marzo en la isla de La Palma pedirá a las comunidades autónomas que adopten medidas propias para "afrontar el shock energético" y reducir su impacto a las familias.

Además, el Gobierno destinará 500 millones para acelerar el autoconsumo eléctrico, convocará este semestre una subasta adicional de energías renovables y prevé 1.000 en inversiones para el Perte de energías renovables, equipos de almacenamiento y fabricación de sistemas fotovoltaicos y eólicos.

Fabricar chips y semiconductores

Sólo el 4,6% del petróleo y el 8% del gas que compra España procede de Rusia. Pero nuestro país no se va a librar de la subida generalizada de los precios de la electricidad, ha advertido Pedro Sánchez. Y a pesar de ello, el Gobierno ni se plantea impulsar la energía nuclear, como ya están haciendo otros países europeos, entre ellos Francia con especial determinación.

En su lugar, Pedro Sánchez ha anunciado que planteará en el seno de la Unión Europea medidas para "resolver de una vez por todas el problema de la subida de los precios energéticos" con "soluciones permanentes".

Y entre ellas ha citado la necesidad de avanzar en las interconexiones eléctricas, atajar los problemas de especulación en el mercado de emisiones de CO2, desacoplar de forma temporal los precios del gas y la electricidad (para evitar que la subida del gas marque el precio final de otras formas de energía), así como acometer "compras conjuntas de gas y la creación de reservas estratégicas entre varios países".

Pero Pedro Sánchez quiere que los fondos europeos sirvan también para impulsar inversiones en materia de ciberseguridad -cuya amenaza se ha multiplicado con la ofensiva de Rusia) y en la fabricación de microchips, semiconductores, redes 5G, baterías y sistemas de almacenamiento de energía. Todo ello, con el fin de garantizar la autonomía tecnológica de España respecto a terceros países.

No a la disciplina fiscal

También pretende activar, ha anunciado, la "reserva de bienes estratégicos para preservar el suministro de recursos de primera necesidad", prevista en la Estrategia de Seguridad Nacional que será aprobada en el próximo Consejo de Ministros.

La Comisión Europea acordó dejar en suspenso las reglas de disciplina fiscal y contención del gasto público, lo que permitió a los Estados miembros hacer frente a los gastos provocados por la pandemia de coronavirus.

Volver a la disciplina fiscal exigiría ahora a España aplicar drásticos recortes de gasto público. Pedro Sánchez esgrimirá ahora el coste de la guerra de Ucrania para pedir a las instituciones europeas una "adaptación de las reglas fiscales", con el fin de hacer frente a inversiones derivadas del cambio climático y la transformación digital, ha anunciado.

Y dos últimas propuestas. En el ámbito social, y ante el previsible deterioro de la economía, el Gobierno quiere acelerar la aplicación del mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, previsto en la reforma laboral, que permitirá a las empresas afectadas por la crisis tomar medidas como la reducción de la jornada de los trabajadores o la suspensión temporal de los contratos.

El Gobierno también prevé que las sanciones impuestas a Rusia provoque una caída del turismo de esta nacionalidad en España. Para ello se propone buscar alternativas a este mercado y promocionar en Europa a "nuestros destinos más expuestos" al turismo ruso, como Cataluña.

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