La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha escuchado este jueves a varias expertas que, desde una perspectiva feminista, han cuestionado duramente el proyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, impulsado por la ministra Irene Montero.
La más contundente ha sido la secretaria general del sindicato de prostitutas Otras, Conxa Borrell, quien ha denunciado el "inadmisible oportunismo" del PSOE y Unidas Podemos, que pretenden abolir y "criminalizar" la prostitución sin haber escuchado a este colectivo.
A su juicio, "un Ministerio de Igualdad y un Gobierno que se dice progresista pretenden negar la capacidad de autodeterminación de las mujeres y anular nuestra voluntad. ¿No es eso lo que hace el patriarcado? ¿Tanto odio nos tienen? ¿Tanto molestamos a su rectitud moral?".
Negar a las mujeres la capacidad de decidir libremente, ha añadido, las coloca en un papel de "victimización o infantilización". "¿Qué clase de Gobierno progresista es este que no es capaz de mirarse sus propias incoherencias y actitudes paternalistas?", se ha preguntado.
Cotizar a la Seguridad Social
Frente a la promesa del PSOE y Unidas Podemos de "abolir" la prostitución, la portavoz del sindicato Otras ha reclamado que se regule "el trabajo sexual en todas sus variantes", para que las prostitutas puedan beneficiarse de un contrato de trabajo, cotización a la Seguridad Social, bajas laborales y ERTE. Y que en el sector se produzcan inspecciones de Trabajo, en vez de redadas policiales: "La prostitución no va a acabar porque ustedes cierren los clubes", ha advertido.
Invitada a la Comisión por Ciudadanos, Conxa Borrell ha explicado gráficamente su rechazo a la Ley Montero: "Solo sí es sí, salvo si eres trabajadora sexual, en ese caso el consentimiento nos lo pasamos por el arco del triunfo. Sus señorías deben pensar que las putas somos tontas".
La portavoz del sindicato Otras ha recordado que las ordenanzas municipales encaminadas a eliminar la prostitución de las calles acaban penalizando siempre a las "trabajadoras sexuales" y condenándolas a la clandestinidad y la ocultación.
También ha denunciado que la Ley Montero equipara cualquier actividad de las prostitutas a una "violación". "Si las trabajadoras sexuales estamos dando un consentimiento explícito, si todas las prácticas son pactadas y consentidas, no se puede equiparar el trabajo sexual a una violación", ha señalado.
La pornografía, también
También ha cuestionado el proyecto de Ley, desde una perspectiva feminista, Laura Macaya, presidenta y directora de la asociación Genera, que defiende los derechos de las "trabajadoras sexuales" en Barcelona.
En su opinión, el proyecto de Ley niega la capacidad de consentimiento de la mujer, por lo que construye "un sujeto femenino sexualmente débil, infantilizado, temeroso de la sexualidad", que por tanto "reproduce los valores patriarcales".
Laura Macaya ha argumentado que la norma no distingue el trabajo sexual voluntario de la trata o el tráfico de personas, y presenta como "violencia" cualquier forma de desigualdad para la mujer, incluyendo la pornografía y la publicidad que "utilice estereotipos de género o naturalice la violencia".
"Hagan el favor de distinguir la pornografía, es decir, la fantasía, de la realidad", ha dicho dirigiéndose a los diputados. "Las mujeres que disfrutamos y nos excitamos con la pornografía ya sabemos que tenemos unos deseos que probablemente responden a un contexto patriarcal. Pero eso no significa que deban censurarse ni generar mayor criminalización", ha agregado.
Mayor vulnerabilidad
Prohibir la prostitución no va a hacer que desaparezca este fenómeno, ha indicado la presidenta de la asociación Genera, pero colocará a las prostitutas en una situación de "clandestinidad" y mayor vulnerabilidad.
"Algunas feministas consideramos problemática esta senda punitiva que están tomando algunas políticas feministas", ha denunciado Laura Macaya, "cuando se opta por la resolución penal se abandona la posibilidad de actuar sobre las causas de la violencia". Y ha sentenciado: "El aumento de la represión tiene unos efectos sociales perversos".
Del mismo modo, ha planteado una enmienda a la totalidad del texto Mercè Meroño, presidenta Fundación Àmbit Prevenció, que lleva 25 años ofreciendo atención integral a mujeres que ejercen la prostitución en la provincia de Barcelona.
En contra de lo que sostiene el nombre de la Ley, en su opinión "pone una frontera a la libertad sexual de todas las mujeres", ya que sostiene que "las trabajadoras sexuales son víctimas per se, y por tanto no se les puede reconocer ni voluntad ni capacidad de decisión".
Estigmatizar su actividad
El proyecto de Ley impulsado por la ministra Irene Montero busca el cierre de todos los establecimientos en los que se ejerza la prostitución, ya que establece penas de cárcel para quien "con ánimo de lucro alquile un inmueble para favorecer la prostitución, aun con su consentimiento".
En opinión de Mercè Meroño, esta medida conocida como tercería locativa "refuerza exponencialmente la estigmatización y la clandestinidad de las trabajadoras sexuales".
Citando a la doctora en Derechos Humanos Rocío Medina, Meroño ha considerado que esta fórmula penaliza y "coloca en un alto nivel de indefensión" a las mujeres que ejercen voluntariamente la prostitución, ya que las fuerza a "ejercer solas en sus domicilios habituales, en muchos casos en viviendas con menores, sus hijos, lo que podría funcionar de argumento para retirárselos y las somete a un posible hostigamiento vecinal".
Desde el punto de vista jurídico, la representante de la Coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España Delgado Echevarría ha pedido que la tercería locativa se aplique sólo a los inmuebles en los que registre explotación sexual, para evitar el "perjuicio exacervado" a las mujeres que ejercen voluntariamente la prostitución.